En el Estado español, uno de los principales lugares de tránsito y destino, predomina el enfoque securitario frente a la protección y reparación de las víctimas. «Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre», reza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo trabajan en condiciones de esclavitud […]
En el Estado español, uno de los principales lugares de tránsito y destino, predomina el enfoque securitario frente a la protección y reparación de las víctimas.
«Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre», reza la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo trabajan en condiciones de esclavitud a día de hoy. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de dos millones de personas en el mundo son víctimas de trata: el 43% con fines de explotación sexual, el 32% de explotación laboral y el 25% en ambas categorías.
La trata es una grave violación de derechos humanos que en muchos casos tiene nombre de mujer. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen establece que el 79% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. La discriminación que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo influye igualmente en la trata con fines de explotación laboral. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, donde las mujeres inmigrantes en situación irregular son particularmente vulnerables a los maltratos físicos y sexuales, a la privación de alimentos y del sueño, y a la crueldad de sus empleadores, según el Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas.
El viejo continente no se libra de esta lacra, que supone una de las agresiones más intolerables contra la dignidad de las personas. En Europa, y a través de ella, se trafica con mujeres, hombres, niñas y niños para su explotación laboral. Trabajan en talleres clandestinos, plantaciones, industrias, en el servicio doméstico o en la prostitución. Sufren secuestros, agresiones sexuales, palizas, o represalias contra sus familiares como métodos para garantizar su silencio y sumisión. Son víctimas de violaciones del derecho a la integridad física y mental; a la libertad y la seguridad; a no sufrir tortura ni otros tratos inhumanos o degradantes; a la libertad de circulación; o al acceso a la salud.
Trato como «delincuentes» Sin embargo, el acceso de las víctimas a la justicia, para que reciban resarcimiento, indemnización, restitución y rehabilitación por los abusos que han sufrido, es poco común en Europa. Las consecuencias psicológicas, médicas y sociales de la terrible experiencia que han sufrido rara vez se abordan, y en vez de tratarlas como víctimas de crímenes atroces, cuando llaman la atención de las autoridades es habitual tratar a estas personas como delincuentes o como «irregulares».
Los Estados que son parte en el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, entre ellos el Estado español, se han comprometido a aplicar un enfoque distinto. Han accedido a tomar individual y colectivamente medidas para penalizar la trata, así como a dar una serie de pasos mínimos que son necesarios para respetar y proteger los derechos de las personas objeto de trata.
No hay datos fiables A pesar de esto y de ser uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa, el Estado español incumple sus obligaciones internacionales. Miles de personas extranjeras son captadas y traídas al estado español con el fin de someterlas a explotación sexual o laboral, pero nuestro país sigue sin recabar estadísticas ni datos fiables sobre esta grave violación de derechos humanos. Es más, aunque se ha creado un plan para la lucha contra la trata con fines de explotación sexual sigue predominando un enfoque de control migratorio o de persecución del crimen organizado más que uno centrado en la protección y reparación de las víctimas de trata. Este enfoque de seguridad que dirige las políticas públicas puede influir negativamente en la identificación y posterior protección de las víctimas de explotación laboral, que, según su estatus migratorio, pueden ser expulsadas del país, siendo consideradas como inmigrantes en situación irregular y no como víctimas de graves abusos.
Además, el Estado español, lamentablemente, no ha firmado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de 1990, que es el instrumento que recoge, de forma más exhaustiva, medidas que garantizan el disfrute de los derechos a todas las personas migrantes trabajadoras, independientemente de su situación administrativa. Ahora que ocupa la Presidencia de la Unión Europea, debería dar ejemplo mediante una política interna respetuosa con los derechos de las víctimas de trata, además de impulsar en toda Europa medidas efectivas para luchar contra estas nuevas formas de esclavitud.
La mercancía más codiciada hace siglos, los seres humanos, se ha convertido en pleno siglo XXI en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, tras el tráfico de drogas y el tráfico de armas, bajo la mirada pasiva de nuestros gobernantes.
Itziar Ruiz-Giménez es presidenta de Amnistía Internacional España.