En los 42 años de historia de Punto Final, la defensa de la libertad de expresión ha sido un tema permanente. Primero, fue la lucha contra la censura y la legislación represiva. Luego se agregó la denuncia contra la concentración de la propiedad de los medios, que se convierte en dictadura ideológica, y también respecto […]
En los 42 años de historia de Punto Final, la defensa de la libertad de expresión ha sido un tema permanente. Primero, fue la lucha contra la censura y la legislación represiva. Luego se agregó la denuncia contra la concentración de la propiedad de los medios, que se convierte en dictadura ideológica, y también respecto a la forma en que el Estado subsidia con sus avisos a los defensores del pensamiento conservador.
En Chile, la concentración de la propiedad es un fenómeno alarmante. Más del 90% de la prensa escrita está controlada por dos cadenas de periódicos. La principal, encabezada por El Mercurio -propiedad del conspirador Agustín Edwards-, posee 21 diarios regionales. La otra, del grupo Copesa, cuyo accionista principal es el banquero Alvaro Saieh, controla La Tercera, La Cuarta, La Hora y el semanario Qué Pasa. No queda espacio para la prensa independiente y alternativa. Este duopolio difunde el mismo mensaje conservador en defensa del modelo neoliberal, con el cual ambas empresas -que hacen de la información una mercancía- están identificadas.
La concentración se extiende a la radio y televisión, con una fuerte penetración transnacional en la primera. Los cuatro gobiernos de la Concertación han declarado su voluntad de favorecer el pluralismo y la diversidad. Sin embargo, no han hecho nada significativo por materializar tal propósito.
VITAMINAS DEL AVISAJE FISCAL
El año pasado, el tema se reavivó al conocerse un informe del Observatorio de Medios Fucatel sobre avisaje fiscal, que se destina casi en 80% a las dos cadenas que controlan la prensa escrita, sobre todo a El Mercurio.
Según aquel informe, en 2005 se invirtieron en publicidad del gobierno -ministerios, municipalidades, servicios e instituciones del Estado- más de 6 mil 400 millones de pesos en televisión y 4 mil 315 millones en prensa escrita. La publicidad del gobierno central representó 1.220 millones de pesos, de los cuales el 77% benefició a El Mercurio (48%) y a Copesa (29%). Un modesto 9% fue para el diario La Nación, controlado por el gobierno. Algunos ministerios orientan el 70% o más de su avisaje a El Mercurio, lo que no tiene relación con la circulación real de ese medio ni con el número de sus lectores. Recibe, por ejemplo, el 90% de los avisos de Tesorería y más o menos el 50% del avisaje de empresas estatales como Corfo y Conaf. Lo mismo sucede con Fonasa, a pesar de que el público al que atiende este servicio de salud pertenece a estratos socioeconómicos medio-bajos.
En 2006, más de 50 diputados solicitaron una comisión especial investigadora sobre avisaje del Estado en los distintos medios de comunicación. Casi simultáneamente, en septiembre del año pasado, el director de Punto Final y ex consejero nacional del Colegio de Periodistas, Manuel Cabieses, requirió a la Fiscalía Nacional Económica que investigara eventuales conductas monopólicas atentatorias contra la libre competencia, que afectan a la libertad de expresión (ver PF 624). El Colegio de Periodistas hizo suya la presentación del director de PF a la Fiscalía, y así lo representó también ante la comisión parlamentaria.
La comisión de la Cámara de Diputados terminó su trabajo el pasado mes de julio, aprobando por unanimidad consideraciones, conclusiones y recomendaciones. El informe debe ser votado en la sala. Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica debería terminar en los próximos días la investigación iniciada a requerimiento de Punto Final.
PUBLICIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESION
La comisión parlamentaria celebró 29 sesiones. Inició sus trabajos el 8 de agosto de 2006 y los terminó, aprobando el informe, en julio de 2007. Solicitó documentación a diversas instituciones y organismos, concurrieron a declarar representantes de empresas periodísticas y altos funcionarios de gobierno. Fue presidida por el diputado socialista Marco Enríquez-Ominami Gumucio y concurrieron a aprobar el informe por unanimidad los diputados María Angélica Cristi (UDI), Marcelo Díaz (PS), Tucapel Jiménez (independiente PPD), Julio Dittborn (UDI), Alejandro Sule (PRSD), Marcelo Forni (UDI), Andrés Egaña (UDI) y Alberto Cardemil (independiente RN).
La Ley de Compras Públicas (N° 19.886), establece los procedimientos del Estado para la contratación de publicidad y difusión de sus políticas. Opera con el sistema llamado «convenio marco», que permite elegir entre las empresas que son parte de ese convenio -que se conforma por licitación pública convocada cada seis meses por ChileCompra-. El convenio marco tiene como criterios fundamentales la circulación de los medios y las tarifas de los avisos. Ante la solicitud de un ente gubernamental, ChileCompra determina la empresa periodística que le parece más conveniente, sin que tenga obligación de justificar su decisión. La operación se perfecciona con una orden de compra. Sin embargo, la Ley de Compras Públicas no se aplica a las empresas del Estado (Codelco, BancoEstado, TVN, Enap, Enami, empresas del área de Defensa, etc.).
Considerando que el sistema de ChileCompra ha significado un avance en materia de adquisiciones del Estado, la comisión parlamentaria estimó que en cuanto al avisaje y publicidad «el Estado carece de un sistema de contratación apropiado, considerando la importancia, especificidad y complejidad de la materia». Y por lo mismo, «la falta de regulación de la publicidad oficial deja abierta la posibilidad para que ésta se utilice como un mecanismo para presionar o interferir la libertad de expresión». Además, «no favorece, y más bien impide que exista claridad, transparencia y acceso a la información sobre el gasto que el Estado realiza en avisaje. Constatamos -dice el informe- que ChileCompra sólo garantiza acceso a la información de las licitaciones públicas mediante el mecanismo de transparencia activa, pero no tiene control sobre la eficiencia y la idoneidad de los gastos».
COPESA DENUNCIA FAVORITISMO CON «EL MERCURIO»
Las cifras examinadas por la comisión coincidieron con las entregadas por Fucatel el año pasado. Una vez más se comprobó que el financiamiento de diarios y revistas depende del avisaje en más de un 70%. La existencia de diarios gratuitos demuestra que pueden financiarse totalmente con avisos.
El Mercurio y La Tercera tienen lectores de perfil significativamente distinto. El 70% de los lectores (y lectoras) de El Mercurio corresponden al segmento ABCD 1 y C2. El 30% restante se reparte entre el sector C3 y D, en términos semejantes. En La Tercera el 51% de los lectores son ABCD 1 y C2, y el 49% restante C3 (25%) y D (24%).
Diversos indicadores deben considerarse. Por un lado, la circulación del medio, ligada a las cifras de venta. Un segundo parámetro se relaciona con el número de lectores. Está demostrado que mientras más alto es el nivel de los segmentos lectores, menor es el número de personas que lee el mismo ejemplar. El diario La Cuarta, por ejemplo, aparece en tercer lugar en circulación, pero tiene el primero en rotación, porque en el segmento popular hay una rotación de entre cuatro y cinco lectores por ejemplar, mucho más alta que El Mercurio y Las Ultimas Noticias.
Para los representantes de Copesa que concurrieron a la comisión, encabezados por el gerente general, Francisco Sánchez, el avisaje estatal entregado a El Mercurio es exagerado. No corresponde a los indicadores: en lectura de medios, le corresponde un 18% mientras en circulación, tiene un 19%, y recibe una publicidad del 41%. Por lo tanto goza de una diferencia favorable de más 23. Mientras La Cuarta sufre un castigo de menos 1 y La Tercera de menos 5. El diario La Hora (gratuito) tiene una diferencia de menos 9. Para los ejecutivos de Copesa se trata de una situación inexplicable. El hecho de que El Mercurio capte el 41% de la publicidad, con indicadores que no llegan al 20%, es algo que no tiene lógica.
TEMAS DE DEBATE
De entre ellos, el que concitó mayor consenso fue el de la concentración de la propiedad de los medios, como fenómeno negativo para la libertad de expresión. Obviamente, no fue esa la visión de los representantes de El Mercurio y del grupo Copesa. Pero la mayoría de los personeros que concurrieron a la comisión concordaron en estimarla negativamente, como limitante al pluralismo y la diversidad. Los diputados de la comisión no tuvieron diferencias en condenar la concentración de medios.
El director del Observatorio de Medios Fucatel, Marcelo Contreras, criticó que el Estado haya delegado en el mercado su responsabilidad como garante del pluralismo y la diversidad. A nivel de prensa -sostuvo- «existe una realidad en que la base material de la libertad de expresión se ha debilitado en extremo». El representante de la Fundación Preacceso, vinculada a la Fundación Ford y la Justice Iniciative de Open Society, Moisés Sánchez, sostuvo que en la experiencia internacional cuando se privilegian los factores de circulación y tarifas, y se echa a correr a todos los medios en un sistema competitivo, licitario, se tiende a menoscabar la oportunidad de los medios más pequeños, que no tienen posibilidades ni economías de escala para competir en los procesos de licitación. Por su parte, Eduardo Bertoni, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, precisó que han cambiado las formas de menoscabo a la libertad de expresión y que «la utilización o no utilización del avisaje oficial tiene una vinculación directa con el ejercicio de la libertad de expresión».
A juzgar por el informe, no hubo debate en profundidad sobre la concentración de medios -orígenes, desarrollo, resultados- ni sobre el fortalecimiento del pluralismo y la diversidad. En todo caso, quedó pendiente el debate a la espera, seguramente, del proyecto de ley que la comisión solicita al Ejecutivo para la regulación de la publicidad estatal y la dictación de normas que eviten la concentración y que protejan la libertad de expresión, el pluralismo y el acceso a la información.
En lo medular, el informe de la comisión reafirma la necesidad de pluralismo informativo y transparencia en el financiamiento de los medios: «Si bien el avisaje del Estado no debe ser un mecanismo de subsidio para los medios de comunicación social, sino una herramienta técnica y jurídica que favorece la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la difusión de las políticas públicas, se concluye que su falta de regulación favorece la concentración de la propiedad de éstos.
El Estado, en virtud de lo dispuesto en el Art. 19 N° 12 de la Constitución, debe garantizar la libertad de opinión y de la información. Debe asegurar, además, el derecho de toda persona natural a fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley.
Asimismo, el Art. 3 de la ley 19.733 dispone que el pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Con este propósito se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social. La concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías antes enumeradas.
Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que su falta de regulación favorece la concentración de la propiedad de los medios.
Es nuestra opinión que una ley regulatoria de la publicidad oficial, que promueva la transparencia y la eficiencia en la contratación y selección de medios, debiera producir un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, por la vía de ponerlos en capacidad de competir por adjudicarse el mismo, lo que debiera repercutir en el pluralismo y favorecer la libertad de expresión. Por otro lado, recomendamos ampliar y perfeccionar los fondos concursables para medios regionales.
En virtud de la relevancia que tienen los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales antes indicadas, como lo son la libertad de expresión y de información y el pluralismo informativo, esta comisión recomienda estudiar normas que favorezcan la libre competencia y eviten la concentración en todas las áreas de la economía y, entre ellas, los medios de comunicación social para resguardar bienes jurídicos superiores como el derecho a la información y a la libertad de expresión»