Hace pocas semanas, la mesa del sector público finalizó otra negociación por el reajuste de sus remuneraciones. Sin embargo, y pese a la intensidad de las movilizaciones y la aparente drasticidad del Partido Comunista, se impuso la propuesta inicial de Hacienda de 3,2% (0,2% real). Es decir, no hubo negociación alguna. Mientras que el Gobierno […]
Hace pocas semanas, la mesa del sector público finalizó otra negociación por el reajuste de sus remuneraciones. Sin embargo, y pese a la intensidad de las movilizaciones y la aparente drasticidad del Partido Comunista, se impuso la propuesta inicial de Hacienda de 3,2% (0,2% real). Es decir, no hubo negociación alguna. Mientras que el Gobierno llamaba a los trabajadores públicos a deponer su intransigencia, para no perjudicar a la ciudadanía y comprender la situación de crisis que atravesaba el país, los dirigentes sindicales, en su gran mayoría militantes de la Nueva Mayoría, reclamaban que el Gobierno nuevamente traicionaba los intereses de sus trabajadores y amenazaron con no volver a votar nunca más por ellos.
Sin embargo, en una mirada de mayor alcance, las causas de la derrota de los sindicatos del sector público no se reducen a la falta de diálogo con el Gobierno o en el fracaso de una negociación inexistente, sino que se encuentran en la radical transformación que ha experimentado el Estado. Y en la falta de una respuesta política que sea capaz de comprender los alcances de esta.
Es que, contrario a los ideologismos que reproducen los medios de comunicación dominantes, la resolución de las demandas del sector público no son un problema exclusivo de los trabajadores del Estado. Las condiciones en que realizan su trabajo nos afectan a todos, pues determinan el carácter en que se producen los servicios públicos que nos entregan. Y su fuerza organizada puede contribuir, si se lo propone, al fortalecimiento de una acción estatal que garantice derechos políticos, sociales y culturales que permitan que los colectivos e individuos recuperen soberanía sobre sus vidas.
En las últimas décadas, sin embargo, la acción estatal se ha preocupado, cada vez más, de viabilizar los intereses del gran empresariado. En efecto, pese a la desaceleración que vive el país, las partidas presupuestarias destinadas a subvencionar las ganancias de los empresarios en salud, educación o transporte, no se detienen y aumentan año a año. A la vez, se expanden los presupuestos para aquellas reparticiones estatales destinadas a «controlar» los mercados, fomentar la competencia y evitar las colusiones empresariales, es decir, para aquella burocracia dedicada a resolver las disputas que se producen entre los grandes grupos empresariales nacionales. Para estos objetivos, no hay desaceleración que detenga su avance.
La «modernización» de la administración pública promueve nuevas formas de administración gerencial que alientan el reemplazo de los funcionarios de carrera por un nuevo tipo de profesional para la alta dirección pública orientado a la rendición de cuentas y el cumplimiento de metas, con independencia de si esto fortalece o no la calidad del servicio público en el que se desempeña. Todo esto acompañado de remuneraciones de «gerente público» totalmente alejadas de las realidades presupuestarias de los diferentes servicios.
Estas transformaciones van reorientando la acción de las burocracias públicas desde una lógica que estuvo dedicada a promover la prestación de derechos sociales de cobertura universal a otra afín a los imperativos de regulación de mercados, al crecimiento económico y a subvencionar la utilidad de grandes grupos empresariales. Lo que, en definitiva, aleja a la nueva conducción del Estado (la alta dirección pública) de los intereses de la ciudadanía que queda reducida a mero consumidor y, además, naturaliza la idea de que es más eficiente un servicio público prestado por actores privados. En suma, el debilitamiento de los servicios públicos es producido por la propia acción del Estado.
Esta transformación de la acción estatal, ha implicado también procesos de flexibilización y precarización del trabajo, lo que ha configurado una nueva fisonomía del empleo público, cuyos alcances aún no somos capaces de comprender del todo. Efectivamente, es cada vez más recurrente que, en las distintas reparticiones públicas, convivan diferentes modalidades de contratación de trabajadores, realizando las mismas funciones, pero con radicales diferencias respecto a sus derechos laborales.
En paralelo a la clásica imagen de los funcionarios públicos de planta y contrata, existen modalidades de contratación de «prestadores de servicios», bajo lógicas de relación comercial y no laboral con el empleador, a quienes no se les reconocen derechos elementales como trabajadores. Esta realidad afecta a más de 300 mil trabajadores a honorarios en el sector público. Pero también se observa que, algunos estamentos de trabajadores literalmente comienzan a desaparecer del empleo público por la vía de la subcontratación de servicios prestados por nuevos grupos empresariales que se benefician con tal expulsión.
Esta creciente flexibilización y precarización del empleo público ha llevado a que las organizaciones de trabajadores y empleados concentren de un modo legítimo, pero insuficiente, sus esfuerzos en defender a los funcionarios de planta o aquellos que aún mantienen un contrato de trabajo. Como contrapartida, ha existido poco interés por organizar y representar a una franja, cada vez mayor, de trabajadores que no ingresan por las vías contractuales tradicionales. Esto ha llevado a que los trabajadores públicos a honorarios comiencen a organizarse con independencia a las asociaciones de empleados tradicionales.
En suma, el funcionario de planta tradicional comienza a ser reemplazado «por arriba» por nuevos gerentes que mercantilizan servicios públicos y viabilizan intereses empresariales, y «por abajo» por heterogéneas formas de trabajo flexible (a contrata, a honorarios, Código del Trabajo o por la vía del subcontrato), agudizando con ello la diferenciación interna de los empleados fiscales y debilitando sus asociaciones sindicales. Pero más complejo todavía, se debilita la capacidad del conjunto de los trabajadores públicos para disputar la orientación de la acción estatal y, con ello, contribuir en la construcción de derechos que respondan a los anhelos de cambio demandados por la sociedad chilena en los últimos años.
Mientras «fortalecer lo estatal» se reduzca a afianzar la actual forma de Estado, la fuerza de los trabajadores públicos seguirá disminuyendo, así como también las oportunidades de restituir derechos para la ciudadanía. En cambio, si las fuerzas organizadas en el sector público utilizan su capacidad ramal de negociación, evitando las regulaciones del mundo privado, pueden organizar y representar los intereses del heterogéneo mundo del empleo público, y así disputar la orientación subsidiaria del Estado. De este modo, existirán condiciones para que la negociación del sector público sea una instancia para recuperar derechos de los empleados públicos, pero también para el conjunto de la sociedad chilena.