Las acciones de difamación, desestabilización y desgaste contra la Revolución Bolivariana siguen desarrollándose en sus diversos frentes de cara a las elecciones del 6 de diciembre. En el frente internacional son varias las matrices de opinión que se vienen implementado para deslegitimar al Gobierno de Nicolás Maduro y a la institucionalidad venezolana en su conjunto: […]
Las acciones de difamación, desestabilización y desgaste contra la Revolución Bolivariana siguen desarrollándose en sus diversos frentes de cara a las elecciones del 6 de diciembre. En el frente internacional son varias las matrices de opinión que se vienen implementado para deslegitimar al Gobierno de Nicolás Maduro y a la institucionalidad venezolana en su conjunto: la idea de una crisis social o «humanitaria» (que el propio Comando Sur ha definido como motivo para una posible intervención), la supuesta parcialidad del Concejo Nacional Electoral en favor del chavismo (preparando el terreno para desconocer un triunfo revolucionario), la caracterización de Venezuela como un «narco-Estado» (acusaciones contra Diosdado Cabello, caso «sobrinos», etc.) y la matriz del Gobierno como violador de los Derechos Humanos.
En torno a esta última matriz la casta dominante chilena ha jugado un rol particular. Recordemos la sonada visita de Capriles a Chile siendo recibido con camaradería por lo más rancio del pinochetismo, el patético intento de visita de Sebastián Piñera junto a Felipe Calderón y Andrés Pastrana a Leopoldo López, el constante hostigamiento que el propio Piñera junto a los ex presidentes Eduardo Frei (Democracia Cristiana) y Ricardo Lagos (Partido Socialista!) realizan con sus camarillas del Club de Madrid en contra de la Revolución Bolivariana, cuya última gracia ha sido exigirle a la Asamblea General de la ONU que condicione la renovación del mandato de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos a la puesta en libertad de los políticos presos. Por cierto, tampoco podemos olvidar a la señora Isabel Allende (hija de Salvador Allende, presidenta del Partido Socialista donde milita Michel Bachelet) y su rechazo a la condena contra Leopoldo López; recordemos sus palabras «No logro entender que un opositor que haga una acción que no tiene ninguna violencia, que manifiesta su opinión crítica a un gobierno pueda ser encarcelado y pueda hoy día tener una parodia de juicio y pueda incluso tener una sentencia que lo lleva a una condena que prácticamente son 14 años».
Este miércoles los lacayos chilenos del imperialismo han dado un nuevo paso con el fallo de la Corte Suprema que pide un recurso de protección a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos, indicando que el Gobierno chileno debe exigir a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que constate las condiciones en las que se encuentran detenidos para así poder adoptar «las medidas aconsejables para su adecuada protección de sus derechos».
Nos preguntamos con qué cara, con qué moral, la Corte Suprema y la clase política Chilena intervienen en los asuntos internos de Venezuela, sobretodo en materia de Derechos Humanos, cuando ha quedado una y otra vez en evidencia el carácter represor y contrainsurgente de un Estado Chileno que sigue llevando al pinochetismo en sus venas. Bastaría sólo mencionar que toda la institucionalidad chilena se levanta sobre la fraudulenta Constitución de Pinochet de 1980, escrita sobre un cementerio de asesinados, desaparecidos y torturados, para quitarle toda legitimidad a las sentencias de la Corte Suprema.
Pero la hipocresía no sólo se basa en el cuestionamiento por parte de una institucionalidad dictatorial a otra surgida de un proceso constituyente participativo y protagónico, sino que se refleja, ante todo, en el actuar de todos los gobiernos que Chile ha tenido desde el «retorno a la democracia». Esas instituciones y esos políticos que acusan a Venezuela de represión y de violaciones a los Derechos Humanos son los mismos que tienen militarizadas las comunidades mapuche aplicando un sistemático terrorismo de Estado, con docenas de comuneros presos bajo la figura de la Ley Antiterrorista (creada por Pinochet) y varios muertos ya en estos años de lucha. Nada dicen sobre esto ni sobre la decisión de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de anular sentencias contra mapuche bajo la Ley Antiterrorista. La señora Isabel Allende debería revisar sus palabras sobre Leopoldo López y explicar por qué no las dijo ante la detención de Felipe Durán, en prisión sólo por mostrar las verdades de la represión en Wallmapu.
Por cierto, el pueblo mapuche no es el único pueblo originario que padece de la represión estatal. En Rapa Nui los isleños también la han sufrido, tanto es así que ya presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiendo su autonomía y el derecho a la propiedad colectiva ante las políticas colonialistas del Estado. En el norte, comunidades aymara, likanantay y quechuas son reprimidas y privadas de su derecho al agua y a un medioambiente saludable para beneficiar a las grandes trasnacionales mineras. ¿Qué dice la Corte Suprema sobre esto?
En diciembre del 2013 el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue claro al decir que «En Chile la tortura aún existe, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable». Esto tras analizarse las 1775 denuncias en 2012 contra Carabineros por violencia innecesaria. Una violencia que solo este año ha dejado tres casos claros de tortura: el más notorio el de los estudiantes Cristóbal Miranda y Germán Urrutia quienes fueron detenidos tras una manifestación siendo golpeados, humillados y amenazados de muerte por los policías.
Represión a los movimientos sociales, criminalización de la protesta social, montajes judiciales, militarización, asesinatos, es lo que ha caracterizado al Estado chileno que hoy quiere darle lecciones de democracia a Venezuela.
No hemos visto a ninguno de esos autonombrados paladines de la justicia, dígase Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera o Michel Bachelet, salir exigiendo juicio y castigo para los más de 60 asesinados en democracia por motivos políticos (la mayoría de ellos en sus respectivos gobiernos). Luchadores como Alex Lemun, Daniel Menco, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Jhonny Cariqueo, Jaime Mendoza Collio, Juan Pablo Jiménez, Rodrigo Melinao, Nelson Quichillao y el desaparecido Jose Huenante, aun no ven sus rostros iluminados en La Moneda, como sí lo hicieron las autoridades con la bandera francesa tras los atentados de Paris, al parecer las víctimas del terrorismo de Estado chileno no tienen esos reconocimientos.
Cuadrados con la política exterior del Imperio norteamericano, el gobierno chileno, atravesando su más profunda crisis de legitimidad producto de los escándalos de corrupción, sale en defensa del neoliberalismo en el continente, reviviendo al derrotado ALCA con la firma del Tratado Transpacífico y sumándose al bloque de fuerzas reaccionarias contra Venezuela. El fracasado modelo chileno, aquel que niega completamente la soberanía nacional y los derechos del pueblo a la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, pensiones, trabajo digno; sigue siendo referente para una derecha venezolana que busca acabar con todas las conquistas logradas en Revolución, por cierto, a través de similares métodos violentos que eliminen toda resistencia a sus políticas de ajuste.
Las fuerzas reaccionarias de hace tiempo están en marcha para derribar a la Revolución Bolivariana y en este contexto electoral sus maniobras se han acelerado, es deber de las fuerzas revolucionarias continentales prepararnos también para la coyuntura y estar en disposición de lucha para dar el combate en la trincheras que sean necesarias para derrotar los intentos del Imperio y sus lacayos.