Hace unos días nos informamos por la prensa que el gobierno de la derecha, mediante una circular del Ministerio del Interior, daba a conocer la implementación del programa «Manos a la Obra». Tres grandes y conocidas empresas del rubro del retail de la construcción fueron designadas directamente como proveedoras, para surtir de insumos a los […]
Hace unos días nos informamos por la prensa que el gobierno de la derecha, mediante una circular del Ministerio del Interior, daba a conocer la implementación del programa «Manos a la Obra». Tres grandes y conocidas empresas del rubro del retail de la construcción fueron designadas directamente como proveedoras, para surtir de insumos a los municipios afectados por el terremoto y tsunami del pasado 27 de febrero.
La polémica se inició poniendo en duda la legitimidad de la transacción sin licitación pública. Esto se despejó a la brevedad, pues nuestro ordenamiento jurídico permite al Estado realizar contratos directos de aprovisionamiento en estado de catástrofe.
Sin embargo, que la medida sea jurídicamente válida no significa que sea adecuada en términos socio – políticos, principalmente por tres razones. Primero, la reconstrucción de las regiones afectadas no consiste sólo en levantar y reparar las casas. Consiste también en levantar las economías regionales y locales, que perdieron su dinamismo por la catástrofe. Segundo, la medida privilegia la concentración de la riqueza y del poder, e incrementa las desigualdades sociales, indicadores en los que Chile es top ten en el mundo. Quizás después del terremoto subiremos algunos puntos en el ranking mundial de desigualdad. Por último, la medida deja instalada la duda sistemática y permanente ¿las decisiones del gobierno velan por los intereses de las comunidades regionales y locales, o son la oportunidad para privilegiar a los grandes grupos empresariales?
Desde el punto de vista de las dinámicas de desarrollo regional y local, esta medida es simplemente nefasta. ¿Por qué? Primero, las economías regionales y locales no se podrán dinamizar, ya que participarán marginalmente de la asignación (de hecho, no tendrían participación alguna si no fuera por la denuncia en los medios de comunicación). Segundo, la medida privilegia los grandes contratos de abastecimiento, dejando de lado las cadenas productivas regionales y locales, que generan empleo y utilizan insumos regionales y locales. Por último, el margen de ganancia de estas transacciones por abastecimiento no vuelve a las regiones y localidades, porque se materializa en las contabilidades nacionales de estas grandes empresas.
Por tanto, por donde uno analice, este tipo de medidas traerá consigo, en el mediano plazo, mayor depresión a las economías regionales y locales. Se podrá reparar y reconstruir casas, pero no habrá recursos suficientes para la satisfacción de necesidades de vida, porque los recursos del Estado caerán en manos de quienes más tienen y no en quienes más los necesitan.
Paradójicamente, este tipo de soluciones trae consigo una cuestión que ya venimos advirtiendo: unos pocos lucrarán y se harán más ricos y poderosos con el sufrimiento y calamidad de nuestros hermanos de la región del Maule y del Bío Bío.
La pregunta que los sectores progresistas debemos responder es ¿Cuál es la alternativa frente a este tipo de formas de ejercer el poder?. Para una reconstrucción efectiva, que no sólo pase por las necesidades materiales de las personas, cuestión en si misma fundamental, debemos pensar en cómo fortalecer las redes productivas locales y regionales. Estas redes productivas siempre han existido, pero hoy es imposible percibirlas porque están impedidas de producir debido a las pérdidas patrimoniales, de capital simbólico y productivo.
Es necesario instalar formas de organización productiva que partan de principios distintos a la generación de la renta individual, que hasta el día de hoy ha sido dominante en la sociedad chilena. Debemos pensar en la organización de empresas cooperativas, en donde el Estado, por medio de los Gobiernos Regionales y Municipales, participe con capital, las comunidades locales participen con mano de obra, las universidades regionales aporten conocimiento y tecnología, y las ONG entreguen formación y aprendizajes socio – productivos.
El desarrollo de estas formas de organización económico – productivas apuntan a fortalecer los principios de la solidaridad e igualdad social entre pares. Consecuentemente, fortaleceremos una sociedad más democrática y popular, que tanta falta le hace a Chile.
– El autor es Administrador Público, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Profesor de la Escuela Latinoamericana de Postgrado de la Universidad ARCIS – Chile.