Hace unos días la OCDE entregó su último estudio económico sobre Chile. Hace un buen diagnóstico sobre la dependencia de las materias primas y la amplia brecha de desigualdades existentes en nuestro país. Pero sus sugerencias no apuntan a lo principal, revelando desconocimiento sobre la realidad y poniendo en evidencia el enfoque conservador de esa […]
Hace unos días la OCDE entregó su último estudio económico sobre Chile. Hace un buen diagnóstico sobre la dependencia de las materias primas y la amplia brecha de desigualdades existentes en nuestro país. Pero sus sugerencias no apuntan a lo principal, revelando desconocimiento sobre la realidad y poniendo en evidencia el enfoque conservador de esa institución en asuntos económicos y sociales.
La OCDE dice que el crecimiento está estancado, y tiene razón. Ello tiene fundamentos estructurales. Tenemos una economía sin diversificación productiva, ni diversidad empresarial, y ello favorece la baja productividad. Con la caída de los precios de las materias primas, principalmente el cobre, disminuyeron las exportaciones y cayo la actividad económica. La historia de siempre.
Buen diagnóstico, pero timorato. Porque inmediatamente habría que agregar: a los empresarios les resulta más fácil extraer recursos naturales que mojarse la camiseta procesando productos. Y si no quieren industrializar, la política pública está llamada a inducirlos a que trabajen más, que transformen productos, tal como en Finlandia y Corea del Sur.
El mercado por sí sólo no ayudará a una verdadera transformación productiva. Se precisa un Estado activo con una estrategia clara de industrialización.
Habla el informe de diversificar, pero no dice cómo. Para diversificar es preciso estimular a los empresarios y para ello se requiere un Estado activo que por la vía impositiva encarezca la extracción de recursos naturales y favorezca las iniciativas de transformación productiva. Pero la OCDE no se atreve. Se encuentra domesticada por los mercados. Le teme a un Estado activo, promotor.
Recomienda incrementar la productividad. Pero coloca el énfasis en argumentos blandos: mejorar competencia en los mercados, pero sólo sobre la base de un mayor cumplimiento de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y no un ataque radical a la colusión. Paralelamente, sugiere ampliar programas de apoyo en investigación y desarrollo (I+D) y mejorar la asistencia técnica para empresas pequeñas y nuevos centros empresariales locales.
No hay sugerencias de cambios radicales sobre la colusión, I+D y tampoco sobre Pymes. Así no mejorará la productividad ni cambiará nuestra estructura productiva.
En efecto, el informe se refiere a la falta de competencia (no se atreve a decir colusión) y llama al sector público a que se cumpla con las recomendaciones de la FNE. Pero, el problema en este ámbito no es sólo escuchar a la FNE para favorecer la competencia, sino que debido a la generalización de la colusión no hay más camino que un aumento efectivo de sanciones penales a los empresarios corruptos, con multas elevadas que desincentiven radicalmente la colusión.
Por otra parte, dada la baja inversión en I+D lo que corresponde es una estrategia que apunte a una inversión en ciencia y tecnología que alcance el promedio de la OCDE (superior al 2% del PIB contra 0,35 en Chile). Para ello el Estado debiera utilizar plenamente los recursos provenientes del royalty del cobre (comprometido por el Presidente Lagos) y no aplicado para ese propósito por los ministerios de Hacienda.
Adicionalmente, nos dice la OCDE, un crecimiento sostenible exige mayor asistencia técnica en favor de las pymes. Pero se olvida el organismo multilateral que el problema principal de la pymes es el costo inmenso del crédito y la inexistencia en Chile de un banco de fomento, ya que el banco Estado opera con la misma lógica que la banca privada. La OCDE le teme al sector financiero, a la banca y, por tanto, no se atreve a acusar a la banca de expoliadora con los pequeños empresarios ni menos sugerir la instalación de una banca de fomento.
En segundo lugar, el informe destaca las amplias desigualdades existentes. Otra de las debilidades de nuestro país. . Buen diagnóstico. Y, apunta a mayores impuestos ambientales, a la propiedad y a la renta, para favorecer mayores transferencias a los sectores vulnerables. Esos recursos debieran servir para mejorar capacitación a trabajadores con baja calificación, disminuir brechas salariales de género, y reducir desempleo juvenil. Todo ello es positivo. No está mal.
Sin embargo, las sugerencias sobre el mercado de trabajo para ayudar a la inclusión y reducir las desigualdades, los amigos de la OCDE muestran la hilacha neoliberal. En efecto, insisten en «reducir los costos por despido» para «facilitar un mejor ajuste entre oferta y demanda». Curioso argumento. Porque la rigidez se encuentra de las empresas y no en los trabajadores. Son las empresas las que pagan salarios extremadamente bajos y con jornadas muy largas, y con una baja capacidad de negociación sindical.
Los especialistas de la OCDE debieran haberse informado no sólo con las cúpulas empresariales, sino también con la Fundación SOL para enterarse que con jornadas de 45 horas semanales, la mitad de los trabajadores chilenos gana menos de 300 mil pesos líquidos y que el 70% de los trabajadores gana menos de 426 mil pesos.
Consecuencia de esos bajos salarios, y a pesar del buen ingreso per cápita de Chile, es que existe un creciente endeudamiento de las familias pobres y de capas medias (a lo que no se refiere el informe). Es que la medida de reducción de la pobreza por ingresos es limitada.
En efecto, la pobreza multidimensional, que trasciende los ingresos monetarios, duplica la pobreza por ingresos y pone de manifiesto los elevados gastos de vivienda, salud y educación. Ello explica el éxito de las luchas estudiantiles en favor de una educación gratuita, ya que el pago de ésta se lleva gran parte del presupuesto familiar. Demanda acogida parcialmente por el actual gobierno y apoyada mayoritariamente por la ciudadanía.
La OCDE, a pesar de su preocupación por la pobreza y las desigualdades, entrega un decidido respaldo al sistema de AFP. Sostiene que hay que ampliar la edad de jubilación, especialmente en las mujeres, para mejorar las pensiones. Privilegia así el negocio de las administradoras de pensiones por sobre las demandas ciudadanas que exigen terminar con las AFP y sus jubilaciones vergonzantes.
El estudio de la OCDE es conservador y timorato. No se compromete con una efectiva diversificación productiva, lo que obligaría a un Estado activo. Y eso le da susto. Por tanto, en los hechos opta por los empresarios rentistas. Por otra parte, su apoyo a las AFP y su propuesta sobre flexibilidad laboral desmienten su compromiso por reducir las desigualdades.
Me parece que el estudio de la OCDE no sirve para apoyar el progreso de nuestro país.