Chile tiene vergüenza o desvergüenza. Una de dos pienso yo, sin matices, así de extremo. Políticos y economistas pretenden hacernos creer que las cosas son bastante más complicadas de lo que en realidad son, pero casi todas las macro situaciones son comparables a la vida diaria y al sentido común. ¿Qué suele hacer el ciudadano […]
Chile tiene vergüenza o desvergüenza. Una de dos pienso yo, sin matices, así de extremo. Políticos y economistas pretenden hacernos creer que las cosas son bastante más complicadas de lo que en realidad son, pero casi todas las macro situaciones son comparables a la vida diaria y al sentido común.
¿Qué suele hacer el ciudadano de a pie cuando algo le resulta vergonzoso? O lo esconde, o simplemente le da lo mismo porque es un descarado de los mil demonios. Eso pasa en Chile con el exilio. Y ojo, que no hablo de la época de la dictadura -que sólo unos pocos desquiciados fanáticos todavía justifican sus acciones-, sino de un puñado de chilenos y chilenas que son víctimas de este castigo, después del advenimiento de la democracia. Un llamado Gobierno de transición que no supo qué hacer con los presos que había encerrado el general Pinochet, no se le ocurrió nada mejor que hacer que exiliarlos. ¡Asunto arreglado! ¡No más presos políticos! ¡Pa’fuera y echarle tierra!
Casi todos, sino todos, fueron procesados por fiscalías militares (inaudito en una democracia) y encerrados con base en testimonios o confesiones obtenidas bajo tortura. Todo esto consignado en el Informe Valech, resultado de la investigación realizada por la comisión del mismo nombre que en 2004 salió a la luz pública. ¿Qué país del mundo condena a prisión o exilio a procesados bajo estas condiciones? Chile. Y todo esto sin siquiera entrar en el debate de si se justifica o no la respuesta violenta en contra de un Gobierno dictatorial, violador de los derechos civiles, los derechos humanos, que torturó y asesinó impunemente durante 17 años.
Estas personas, que hoy viven un exilio forzoso, son reconocidos luchadores en contra del Gobierno militar, que le declaró la guerra a todo aquél que pensara diferente. Que sistemáticamente impuso el terrorismo de Estado, allanando poblaciones enteras avanzada la noche y entrada la madrugada, maltratando gente y despareciendo a otras tantas. Separando familias y condenándolas a la distancia y el estigma social. Hay quienes todavía justifican sus fines, pero ni siquiera en la derecha (heredera de los beneficios de la dictadura), hay muchos que se atrevan a justificar los métodos. Y resultado de la oposición a esos métodos es que hoy existen chilenos y chilenas viviendo en el exilio. ¡Todavía! Aunque la justicia internacional rechaza el desarraigo como castigo, este Estado mantiene la prohibición de ingreso al país de quienes actuaron de manera excepcional ante una situación excepcional.
Eran más de 400 los prisioneros políticos que el primer Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia heredó de la dictadura en 1990. La mayoría salió de las cárceles con beneficios penitenciarios y con rebaja de penas: No indultados como se esperaría del retorno a la democracia. Un grupo decidió fugarse de las cárceles y escapar a países que los acogieran. Y otro pequeño grupo, acusados de hechos de sangre, recibió la oferta de condonar la pena de presidio por exilio (le llamaron extrañamiento). El resultado, repito, porque hay que repetirlo: Aún hay chilenos y chilenas que viven un exilio forzoso, porque su alternativa es retornar y que los encierren a terminar con sus condenas.
Las veces que he intentado explicar esto a personas de diferentes tendencias políticas fuera de Chile me dicen que debo estar equivocado. Que debe ser gente expulsada de la época de Pinochet. Me miran con extrañeza, hasta desconfianza. La verdad es que en este país, lo extraño se volvió normal. Era normal esconder una postura que no fuera la oficial. Era normal quedarse en casa durante años después de cierta hora y anormal reunirse más de seis personas sin temor a represalias.
Es anormal todavía (o por lo menos sospechoso), que una persona reclame por sus derechos y una buena mayoría señala con el dedo a quién se atreve a hablar de colectivo, bien común o alzar la voz reclamando dignidad. Chile tiene una deuda. No eludamos el tema: Acá directamente se torturó y se encarceló a personas que hoy siguen siendo castigadas. Sus familias también, siguen sufriendo la ausencia. ¿Hasta cuándo durará esta transición que nos limita el derecho de actuar con justicia? La justicia (redundo intencionalmente), acá, sigue siendo un problema de tribunales. Pero hay quienes pensamos que es un valor universal que le queda grande a las leyes y que no se puede seguir usando esa palabra para justificar el abuso y la infamia o acomodándola a situaciones particulares cuando el tejado de vidrio está que se revienta encima. Pero claro, para nosotros pensar así no es normal