La igualdad de género es preocupación del gobierno de Michelle Bachelet. Se ha avanzado en una política de Estado con mayor participación, en reformas a la legislación sobre violencia intrafamiliar y en un esfuerzo por superar el colapso de los Juzgados de Familia y reformar el Código Civil. Pero se mantienen las discriminaciones. Hay poca […]
La igualdad de género es preocupación del gobierno de Michelle Bachelet. Se ha avanzado en una política de Estado con mayor participación, en reformas a la legislación sobre violencia intrafamiliar y en un esfuerzo por superar el colapso de los Juzgados de Familia y reformar el Código Civil. Pero se mantienen las discriminaciones.
Hay poca participación femenina en la fuerza laboral y diferencias de 30 por ciento y más en los salarios con relación a los hombres; el 92 por ciento de las víctimas de violencia son mujeres; el régimen matrimonial común establece que quien administra los bienes es el hombre; la publicidad es sexista y los medios de comunicación invisibilizan a la mujer; es frecuente el femicidio y la desprotección a las mujeres violentadas…
«Los temas de protección social y de igualdad de género fueron visibilizados gracias a que hoy tenemos una presidenta. Poner como prioridad los derechos de las mujeres es un tema de justicia y una necesidad», dice a PF la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz Pollmann, abogada, casada, madre de dos hijos, militante DC.
El año pasado, 42 mujeres fueron asesinadas en Chile. En lo que va de este año la cifra llega a 49. Femicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo: el protagonista es el machismo y la relación desigual de poder entre hombres y mujeres.
El 22 de septiembre, en Maipú una mujer fue degollada por su ex marido. Ella lo había denunciado por violencia al tribunal de familia, pero aún no era citada. La ministra Albornoz comenta: «Es insólito que el femicidio no genere protestas, pero sí el Transantiago. Hay también más preocupación por la delincuencia que por el asesinato de mujeres». La justicia pareciera actuar con desidia e indiferencia. Sólo una de cada 20 denuncias de mujeres violentadas se concreta en la detención del agresor. No hay políticas suficientes para resguardar la vida e integridad de las mujeres y sus hijos.
La ministra Laura Albornoz dice: «Acoso, violaciones, torturas, incesto, abusos, maltratos físicos y emocionales culminan con la muerte. Esta historia es más antigua que el hilo negro. El maltrato de la mujer ha sido siempre tolerado. La estructura patriarcal permite conduc-tas que las propias mujeres aceptan, incluyendo discriminaciones que llevan a la muerte. Aunque los medios de comunicación inicialmente contribuyeron a exacerbar el fe-micidio, también han jugado un rol en su visibilización y hoy son más rigurosos en su tratamiento.
Organizaciones de mujeres reivindicaban el tema, pero nunca lo escuché con fuerza en el discurso político. Se luchó por la recuperación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, pero el maltrato a la mujer siguió subestimado y tolerado culturalmente. Se aceptaba la agresión y el abuso de poder. Es verdad que ahora hay una ley. Pero recién en octubre de 2005 se considera la violencia contra la mujer como un delito. En 1995 se intentó legislar, pero no hubo apoyo para sancionar el maltrato como delito. Lamentablemente esto ha pasado con todos los temas vinculados al género: cuando se legisló sobre el acoso sexual, algunos parlamentarios dijeron que a la mujer le gusta que la piropeen, que el latino es así, que es nuestra cultura, etc.
La violencia contra la mujer -por otra parte- cruza a la sociedad entera. Afecta a todos los estratos, a indígenas, profesionales, etc. Es en el ámbito privado -en el espacio de las relaciones íntimas-, donde ocurre con mayor frecuencia el femicidio. Es la culminación de años de violencia en el seno de la pareja».
TRIBUNALES DE FAMILIA COLAPSADOS
Los juzgados de familia han colapsado por el exceso de causas. Se prometieron juicios que durarían no más de tres meses, con mayor transparencia y con demandas en forma directa, sin necesidad de abogados. Hoy se reconoce que para todo eso no se dotó al sistema de los recursos que se necesitaban. La mujer que presenta una demanda debe esperar 15 a 20 días para que se fije fecha para la audiencia preparatoria: seis a ocho meses más tarde. A un mes de inaugurado el sistema, los juzgados estaban colapsados, con largas colas, especialmente de mujeres, esperando ser atendidas. Se invirtieron más de 60.000 millones de pesos en implementar 60 tribunales y hay 258 jueces exclusivos. Se estimó que las causas ingresadas serían 160.000. Pero en 2006 ya excedían las 400.000. La mayoría por pensiones alimenticias y violencia intrafamiliar.
Se ha avanzado en algunas leyes como la de pensiones alimenticias, pero los juzgados de familia están colapsados…
«Las mujeres -dice la ministra del Sernam que fue asesora jurídica del Servicio Nacional de Menores- hacen largos recorridos en los tribunales para conseguir justicia, particularmente desde que entraron en vigencia los tribunales de familia, en octubre de 2005. Hay un atochamiento del que nos hemos hecho cargo presentando reformas legales que están siendo discutidas en el Congreso. Cuando se dictó la ley, los recursos de implementación fueron mal calculados. En esto hubo también una discriminación de género, pues el 70 por ciento de los usuarios de los tribunales de familia son mujeres.
En la actualidad si el demandado no cumple el fallo, la sanción puede llegar a presidio. Como las leyes no cambian de inmediato las conductas, se establecieron medidas de apremio más perentorias: arresto, suspensión de la licencia de conducir, retención de impuestos. El día de mañana tendrán que pensarlo dos veces si intentan no cumplir con la pensión alimenticia que ha fijado el tribunal».
¿En qué ha avanzado la política social para proteger a la mujer?
«Se ha posicionado el tema de género con la mirada centrada en los derechos de la mujer. Las anteriores políticas sociales se orientaban a la atención asistencial. Durante este gobierno la mujer se visibiliza de verdad en la agenda pública, se incorpora en el discurso de la presidenta y de su gobierno. Se ha luchado contra los resquemores que provoca romper algunos esquemas tradicionales de hacer política. Se ha logrado una ‘agenda de la mujer’ y hay mayor percepción de la temática de género que se ha traducido en avances y reformas legales como la ley de filiación, de matrimonio civil, el rol activo de Sernam, la tipificación de delitos como el acoso sexual, y varias reformas en materia laboral, como la ley de amamantamiento, el fuero maternal para las trabajadoras de casa particular, etc. Hoy se reconoce que las mujeres tenemos necesidades diferentes a las de los hombres, y eso no va contra la aspiración de igualdad de oportunidades».
DISCRIMINACION LABORAL Y SOCIEDAD CONYUGAL
¿Qué ocurre con la discriminación laboral?
Aún no se remunera a las mujeres de la misma forma que a los hombres y respecto a ellas hay exigencias muy severas.
«La brecha salarial no es la principal discriminación laboral. Lo es la informalidad, el trabajo precario, el insuficiente acceso al mercado de trabajo. Las mujeres de los quintiles más pobres tienen una tasa de participación en el trabajo del 22 por ciento y el 45 por ciento de los hogares indigentes son encabezados por mujeres.
No sólo por razones de igualdad de género se debe incorporar a las mujeres al empleo. Si tenemos más mujeres en el mercado de trabajo habrá menos pobreza, menos familias desamparadas, menos vulnerabilidad. Algunos siguen pensando que la mujer, como trabajadora, es menos rentable, que son incumplidoras y pasan preocupadas de los niños.
La discriminación no sólo opera por diferencia de salarios. Pocos saben que las mujeres tenemos en promedio 11,8 años de estudios versus 10,7 de los hombres. La sociedad carga con prejuicios y estereotipos respecto a las mujeres y esos prejuicios son una limitación para superar la discriminación laboral o la violencia. Sorprende cómo el discurso público tardó tanto en incorporar la violación de derechos humanos más común y tolerada: el 92 por ciento de las víctimas de maltrato son mujeres. Por otro lado, reciben como salario 30 por ciento menos que los hombres por el mismo trabajo, y sufren ‘castigos’ por la maternidad, aunque hay un discurso que la protege. No es frecuente que se contrate mujeres embarazadas. Aunque el test de embarazo fue prohibido por ley, algunas empresas siguen exigiéndolo. Si la mujer estudió en liceos municipales o vive en una comuna popular, no la contratan. A las mujeres que no tienen redes familiares les cuesta más acceder a trabajos de calidad.
La presidenta Bachelet instruyó a la administración pública exigir un ‘currículum ciego’ a las postulantes a un trabajo. No se detalla origen o comuna donde vive, estado civil y, por cierto, tampoco la apariencia física. Desde hace un año estamos tratando en forma voluntaria de integrar a estas buenas prácticas laborales y de equidad de género a la empresa privada».
El Sernam acogió denuncias de trabajadoras de supermercados que eran obligadas a usar pañales para no abandonar sus puestos y eran revisadas desnudas al finalizar su jornada laboral.
¿Existen otras denuncias de esa índole?
«Recibimos denuncias respecto a los supermercados Santa Isabel y a empresas salmoneras. Pedimos a las inspecciones del Trabajo que investigaran. Más que obligarlas a usar pañales, no tenían permiso para ir al baño. Muchas mujeres utilizaban pañales, pero no se había formalizado ninguna denuncia. Lo mismo en las empresas salmoneras. El presidente de SalmónChile me invitó a visitar las salmoneras, aunque imagino que no voy a estar en contacto con aquellas trabajadoras que sufren discriminación. Posiblemente sólo me muestren la cara bonita de la medalla. Sin embargo, una mesa de trabajo en la X Región examinará si ocurren situaciones de discriminación. Parlamentarios de la comisión especial de la industria del salmón señalan que no hay conclusiones de abusos ni denuncias concretas. La fiscalización está radicada en las inspecciones del Trabajo. La directora regional del Trabajo de la X Región no tiene en su poder ninguna denuncia. No pudo comprobar que trabajadoras de las salmoneras hayan sido obligadas a usar pañales. Tampoco lo comprobó la Inspección del Trabajo de la XI Región».
La ley de amamantamiento amplió el permiso de las madres que trabajan en empresas con sala cuna.
¿Se ha visto un mejoramiento? ¿Ha habido fiscalización?
«Independientemente del tamaño de las empresas, se extendió a todas las madres el derecho a amamantar. Un derecho que, por una pobre interpretación de la Dirección del Trabajo, sólo se otorgaba a quienes laboraban en empresas con más de veinte mujeres. La nueva ley, por otra parte, pone un piso interesante para la negociación colectiva. Las trabajadoras pueden pactar mejores modalidades laborales y obtener el reconocimiento de sus derechos de protección a la maternidad. Ha habido fiscalización. La ley es conocida por más mujeres de las que pueden hacer uso de ella. Aún falta avanzar en que más trabajadoras hagan uso de sus derechos».
El Estado chileno fue denunciado ante organismos internacionales por la discriminación que sufren las mujeres casadas bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, que otorga al marido la facultad de administrar los bienes. Un proyecto proponía derogar la sociedad conyugal, por discriminatoria.
¿Qué ha sucedido?
«Ese proyecto lleva once años en el Congreso. Lo mismo ocurre con el proyecto de cuotas en la participación política de la mujer: nos dicen que se aprobará después de la reforma del sis-tema electoral binominal. Entre los excluidos de la política, las más excluidas hemos sido las mujeres.
El Sernam impulsó la derogación de la sociedad conyugal y se pidió urgencia para el proyecto. Está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Los senadores están concordando en dejar vigente la sociedad conyugal como régimen alternativo. Quieren que modifiquemos el régimen de comunidad de los gananciales que plantea el gobierno y permitir que no exista un solo régimen legal, sino que todos sean optativos.
Sin embargo, esto debiera derogarse, porque establece que el jefe de la familia es el hombre por el solo hecho de ser hombre. Hay consenso de que es inviable un régimen que designe un jefe por su sexo, aunque a juicio de algunos esto protege a la mujer casada que no tiene trabajo remunerado. El gobierno insistirá en que exista un régimen igualitario y que esto prime si las partes nada dicen al contraer matrimonio. Así la sociedad conyugal desaparecerá por desuso».