La comunidad Wente Winkul Mapu a veces puede ser un remanso en medio de la agitación permanente. Ubicada en la comuna Ercilla, cincuenta familias mapuches viven de la siembra y cosecha de maíz, avena y vegetales. Ese es el caso de la familia de Gabriel Valenzuela, el joven mapuche que lleva 53 días en huelga […]
La comunidad Wente Winkul Mapu a veces puede ser un remanso en medio de la agitación permanente. Ubicada en la comuna Ercilla, cincuenta familias mapuches viven de la siembra y cosecha de maíz, avena y vegetales. Ese es el caso de la familia de Gabriel Valenzuela, el joven mapuche que lleva 53 días en huelga de hambre. Su padrastro, Luis Melinao es werkén (vocero) de la comunidad y su madre, Teresa Montoya trabaja en la venta de verduras en el mercado de Collipulli. Eso cuando no pasan en las audiencias o visitando a su hijo.
Antes de la detención de Gabriel vivían y trabajaban todos juntos, a veces tenían días buenos como todas las familias, hasta que llegó la mala racha. Ese paisaje verde y silencioso que se impone en medio de quebradas, se vuelve un infierno cuando son golpeados por los allanamientos con sus filas de carros policiales y balines que alcanzan a ancianos y a niños de la comunidad.
-A Gabriel le encantaban los caballos- dice Luis.
Y habla en pasado, porque su hijastro ahora parece otra persona, pesa diez kilos menos, tiene depresión y siempre lo invaden las náuseas. En dos ocasiones fue trasladado de urgencia al hospital de Nueva Imperial por las continuas taquicardias. Luis cree que su hijo está enfermando de pena. Gabriel a veces es un espectro que pide a su familia.
El joven está imputado como coautor de los actos que derivaron en la muerte de Héctor Gallardo, un vecino y parcelero de la comuna de San Ramón de Ercilla. Por la misma causa, también se encuentra imputado Luis Marileo y Leonardo Quijón quienes están en prisión preventiva en la cárcel de Ángol.
Pese a todo, Gabriel sostiene su decisión de no comer y sólo ingiere líquidos, esta una batalla que dará hasta que no se reconozcan sus demandas como preso político mapuche. Él y su defensor Nelson Miranda denuncian falta de transparencia en el proceso judicial, la dilatación del cierre de la investigación y el daño que le provoca la distancia con su familia. Lleva más de diez meses encerrado y exige que se le traslade a la cárcel de Angol para que pueda estar cerca de otros comuneros y reunirse con sus padres más de una vez por semana.
Hoy las visitas son un gran sacrificio.
«Nos sale tres mil pesos el bus y nos demoramos más de dos horas en viajar hasta la cárcel de Chol Chol«, explica su padrastro para detallar cómo el encarcelamiento de Gabriel ha desestabilizado la familia. Antes de todo, el joven cuidaba de sus cuatro hermanos menores mientras sus padres iban a trabajar al mercado. «No es mucho lo que ganamos y cada vez que visitamos a Gabriel debemos pagar 3 mil pesos en un viaje de bus para una distancia de casi más de dos horas, queremos estar cerca de él», dice Luis.
Nelson Miranda, el abogado defensor de Gabriel Valenzuela comenta el joven mapuche se entregó de forma voluntaria, apenas supo que se le inculpaba de la muerte del parcelero, además se presentaron testigos que declararon que Valenzuela se encontraba lejos del lugar cuando pasó todo. «Fue un testigo protegido que afirmó que reconoció su voz a más de 50 metros, de noche, porque lo había escuchado hablar en una micro, es algo muy injusto, este es otro motivo para su huelga de hambre», dice Miranda.
Según el abogado, el período fijado inicialmente para la investigación de esta causa era de cuatro meses, pero la preparación del juicio sólo comenzó el once de abril y se detuvo en esa misma jornada, allí se quedó congelada desde entonces. «En esa ocasión, el fiscal Luis Chamorro se negó a obedecer la resolución del juez Claudio Campos que, a pedido de la defensa, le obligaba a dar a conocer dos oficios referidos a medidas de protección de testigos, e interpuso un recurso que fue rechazado por la Corte de Temuco. El 28 de mayo, la Fiscalía apeló a este dictamen, ahora esta situación deberá ser resuelta por la Corte Suprema. Mientras tanto, los imputados seguirán recluidos sin haber sido condenados, ya van a cumplir diez meses tras las rejas», comenta.
Nelson Miranda relaciona el caso de Gabriel con el testimonio que hizo para la inhabilitación del fiscal Chamorro. El joven mapuche prestó declaración ante la Corte de Temuco tras el violento allanamiento en junio de 2012, durante la cual recibió un disparo de escopeta en la espalda y varios miembros de su familia sufrieron graves heridas.
Infancia robada
Karina Riquelme es abogada defensora de comuneros mapuches de la Comunidad Autónoma Temucuicui, explica que el caso de Gabriel es un ejemplo de una realidad que golpea a niños y jóvenes de las comunidades. Dice que desde hace siete años le ha tocado observar cómo los pequeños conviven con la presencia policial y han tenido que asimilar procedimientos que son llevados a cabo sin ningún tipo de protocolo que contemple respetar sus derechos. «Debemos recalcar que el estado de Chile es parte de la Convención de los Derechos del niño, sus organismos tienen el deber de respetarlos. Tampoco se instruye a las fuerzas policiales a realizar sus procedimientos», explica. A Riquelme, lo que más le llama la atención de este problema es que los niños no sonríen, y su seriedad se intensifica en la medida que crecen, todo producto de la persecución policial. Riquelme insiste que la represión en la Araucanía es pan de cada día, sobretodo para comunidades que se encuentran luchando por derechos ancestrales. «Al no existir de parte del estado una respuesta eficaz al problema, se utiliza la criminalización para mantener a sus dirigentes ocupados en materias judiciales», aclara.
Para ella, un ejemplo claro ha sido el caso de Vania Queipul, werkén de Temucuicui, e hija del Lonko, quien ha sufrido su criminalización desde los 15 años, fue absuelta en un primer juicio y hace muy poco tiempo condenada en un segundo proceso. «Su primo Patricio Queipul también sufrió constantes detenciones y numerosas criminalizaciones y estuvo clandestino para no ser juzgado por la Ley antiterrorista», recuerda.
Nelson Miranda insiste en ese punto y comenta que los adolescentes y niños son el grupo etario mapuche que más ha sido dañado por la represión policial. «Ellos viven en medio de allanamientos que son verdaderos asaltos armados en contra de sus comunidades. Son muchos menores que han debido pasar largos periodos en prisión preventiva (…) El daño a la niñez mapuche en las comunidades es inconmensurable, es una generación marcada por los efectos post traumáticos», enfatiza.
Anuar Quesille, Abogado del Área de Protección Legal de Unicef Chile, comenta que hace cuatro años comenzó una escalada de denuncias de violencia y aún cuando su trabajo se dedicaba a la educación intercultural, debido a estos hechos de violencia en contra de menores, hoy está enfocado en la elaboración de un plan de trabajo en coordinación con los organismos públicos y la sociedad civil. «No son denuncias informales, por ejemplo hay fallos de los Tribunales de Justicia donde se ha llamado a las policías a no efectuar interrogatorios informales al interior de los colegios como fue el caso de la escuela Blanca Lepin…» explica.
El caso que cita se refiere recurso de protección que se interpuso a favor de dos menores mapuches de diez años de la comunidad indígena Muko Bajo y en contra de la Prefectura de Carabineros de Cautín y de la Policía de Investigaciones de Chile. Los niños fueron interrogados y amedrentados para consultarles por nombres y paraderos de comuneros, pese a su corta edad.
«Enfatizamos que las policías tienen el rol y el deber de garantizar el orden público y de cumplir órdenes como dar cuenta de una orden judicial, pero a su vez nunca deben perder de vista el respeto por los derechos de las personas y particularmente por los niños mapuches que están en la comunidades, y es evidente que cuando la justicia se pronuncia y dice que hubo casos en los cuales hay niños lesionados con informes sicológicos, periciales y constatación de lesiones, nosotros hemos hecho comunicados públicos donde llamamos a las policías a ajustar sus procedimientos a la Constitución», aclara.
Mientras tanto, Gabriel seguirá esperando estar más cerca de sus padres y que se reinicie su proceso. Para su comunidad, él es un joven valiente que no depondrá la huelga hasta ser trasladado. «Necesito seguir fortaleciendo mi identidad, necesito conversar en cada mañana con algún peñi, sobre mis Pewma (sueños), conversar sobre nuestros procesos, conocer más de nuestra historia territorial, familiar. Y acá, a más de 3 horas de viaje, en otro territorio, una vez por semana, es imposible…» reveló en uno de sus últimos comunicados. Gabriel no baja los brazos.
Las agresiones que sufren los niños
En 2004 un informe del Servicio de Salud Araucanía Norte reveló cómo las visitas, allanamientos y la constante vigilancia de Carabineros, Investigaciones, Fuerzas Especiales y fiscales afectaban a los habitantes de las comunidades mapuches. El documento denunciaba que los niños eran golpeados contra el suelo y la pared, que recibían culatazos con armas de fuego y alertó sobre los efectos traumáticos que tenían por ser testigos de fuertes escenas donde sus padres y otros familiares son constantemente agredidos.
El documento arrojó también que los pequeños pasan de un polo a otro en sus emociones, lloran con facilidad, asisten cansados al colegio y tienen dificultades para conciliar el sueño, porque duermen a sobresaltado producto de las pesadillas.
Dentro de otras agresiones en informes más recientes, la sicóloga agrega que los menores de edad mapuches son víctimas de torturas, secuestro, amenazas de muerte a ellos o familiares cercanos, que son amedrentados con armas para que delaten a referentes significativos de sus comunidades.
Dentro de los apremios ilegítimos que se producen en los interrogatorios los menores son esposados por largos periodos de tiempo, son perseguidos por helicópteros policiales y han sido víctimas de heridas con perdigones o balines. «Otra forma de agresión es el encarcelamiento de sus padres u otros cercanos, que provocan daños a nivel vincular y de apego, los hijos de los comuneros perseguidos padecen síntomas asociados a los trastornos de la ansiedad por separación (…) Hechos en que los responsables quedan totalmente impunes. Las agresiones en las escuelas como interrogatorios, vigilancia, toma de fotografías implican una invasión de todos sus espacios cotidianos, con eso pierden toda sensación de seguridad», remata.