Dentro de la serie Contribuciones al debate II, que publican conjuntamente el PNUD y la Unión Europea, en 2007 apareció el volumen titulado Democracia/Estado/Ciudadanía, hacia un Estado de y para la democracia en América Latina, que continúa el análisis de la democracia en la región que lanzó el informe del PNUD de 2004. El tema […]
Dentro de la serie Contribuciones al debate II, que publican conjuntamente el PNUD y la Unión Europea, en 2007 apareció el volumen titulado Democracia/Estado/Ciudadanía, hacia un Estado de y para la democracia en América Latina, que continúa el análisis de la democracia en la región que lanzó el informe del PNUD de 2004. El tema central son los costos y los riesgos para la democracia de la ausencia del Estado de la organización política de la sociedad. En el contexto actual cobran fuerza, relevancia y pertinencia las observaciones, reflexiones y propuestas de los autores de este libro, pues para muchos la crisis financiera que ha cimbrado la economía mundial en las últimas semanas es producto de la ausencia del Estado, de la desregulación de los mercados que propició una suerte de danza desenfrenada de los intereses privados.
En las últimas semanas se ha generalizado la convicción de que el paradigma neoliberal que asociamos con las agresivas políticas antiestatistas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que gobernó las decisiones de política económica en casi todo el mundo desde el inicio de los años ochenta, se ha derrumbado. Al menos así lo demuestran no solamente el estallido de la burbuja especulativa, sino el hecho de que la intervención del Estado es una respuesta, ahora sí, ineludible, pues es el único actor económico que tiene los recursos, la autoridad y la lógica para resolver un problema de tan grandes dimensiones. No hay mayor prueba de la crisis del paradigma neoliberal que la decisión del gobierno precisamente del presidente republicano, George W. Bush, de inyectar 250 mil millones de dólares a las instituciones bancarias en crisis. Así lo exige el bien público. Los países de la Unión Europea también han optado por este camino, incluso con más naturalidad que los estadunidenses, porque en Europa el intervencionismo estatal nunca adquirió el aspecto diabólico que muchos le atribuyen todavía en Estados Unidos. Más todavía, el hecho de que Paul Krugman, severo crítico del neoliberalismo económico, haya recibido el Premio Nobel de Economía, es más que una coincidencia.
El tema del informe de 2007 del PNUD es también el Estado, pero su relación con la democracia. El punto de partida de la reflexión de los más de 20 ensayos que integran el libro es un texto de Guillermo O’Donnell, siempre sugerente y agudo, titulado Hacia un Estado de y para la democracia. Su premisa básica es que «sin Estado no hay democracia», y nos recuerda que la experiencia de los regímenes democratizados de América Latina apuntaba en esa dirección mucho antes de que la crisis financiera demostrara que sin Estado tampoco hay creación de riqueza sólida, tangible y ordenada.
No obstante, como afirma el propio O’Donnell, la relación entre Estado y democracia no ha sido suficientemente pensada ni discutida. Durante casi tres décadas nos contentamos con una idea de democracia bastante modesta, limitada a lo que algunos llaman la democracia procedimental, que se refiere a los derechos políticos básicos y al régimen político: votar y ser votados, libertad de asociación, de expresión; no obstante, de la misma manera que el Estado no se agota en esas funciones, la ciudadanía tampoco se agota en esos derechos, sino que abarca los que constituyen la ciudadanía civil, social y cultural, que son el objetivo central del Estado democrático. Es decir, O’Donnell recupera el tema clásico de las condiciones sociales de la democracia, que las democratizaciones de finales del siglo XX relegaron a un segundo plano. Entonces, la liberación de dictaduras militares y autoritarismos civiles imponía como prioridad la reconquista de los derechos políticos, pues en muchos casos los demás, las otras libertades, habían sido una coartada para la construcción de estados autoritarios. En México, por ejemplo, durante décadas prevaleció la explicación de que el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos sólo sería posible una vez que hubiéramos resuelto los problemas del desarrollo económico. Ahora sabemos que no ejercimos unos, pero tampoco se resolvieron los otros.
En la propuesta de O’Donnell, el Estado es la instancia insustituíble para la construcción de sociedades democráticas por muchas razones, todas ellas sólidas. Sin embargo, destaca el lugar que atribuye al sistema legal que sanciona y respalda una amplia gama de derechos, pero también porque lo ve como un instrumento para sostener las relaciones entre el Estado y la sociedad. El sistema legal es un entramado institucional e incluso simbólico que vincula a los ciudadanos con la instancia que garantiza la universalidad de los derechos no sólo políticos, sino todos aquellos que incluye la democracia. La experiencia reciente de América Latina es, como dice O’Donnell, de estados truncados, débiles, con escasa credibilidad, que no penetran ni controlan todo el territorio que pretenden gobernar, y que son, en muchos casos, rehenes de intereses particulares, cuando no ilegítimos; también indica que el paradigma de las democratizaciones sin Estado se ha venido abajo, y que para salvar la democracia es preciso reconstruir el Estado.