El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez enfrenta una fuerte turbulencia política a raíz de su papel frente a las investigaciones por corrupción, que se adelantan en Colombia contra la firma brasilera Odebrecht. Desde su nominación para el cargo de fiscal general múltiples sectores se manifestaron en contra dado que Martínez Neira ha […]
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez enfrenta una fuerte turbulencia política a raíz de su papel frente a las investigaciones por corrupción, que se adelantan en Colombia contra la firma brasilera Odebrecht. Desde su nominación para el cargo de fiscal general múltiples sectores se manifestaron en contra dado que Martínez Neira ha sido ministro en varios gobiernos, el último bajo el gobierno de Juan Manuel Santos cuando fue nombrado como superministro de la presidencia encargado de la coordinación del gobierno y de las relaciones con el Congreso de la República, cargo que ocupó hasta el mes de agosto del año 2014 cuando se retiró precisamente para aspirar a que Santos lo incluyera en la terna de la cual la Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general de la Nación, pero, además porque su bufete de abogados ha sido servidor de las multinacionales, de grandes grupos económicos y en este caso era el asesor jurídico de Episol-Corficolombiana firma del primer banquero del país, Luís Carlos Sarmiento Angulo, socio del grupo Odebrecht en la construcción de un tramo de la vía que uniría a Bogotá con la Costa Caribe conocida como la ruta del Sol II.
Las objeciones al nombre de Martínez Neira provenían de muchos sectores y principalmente se señalaba que en múltiples casos debería declararse impedido dado que como abogado o como funcionario de gobierno tendría que enfrentar casos de sus representados en diversos procesos. Dicho y hecho, en dos megaprocesos ha tenido que declararse parcialmente impedido, hasta ahora, dos años largos después de asumir el cargo, los casos de Odebrecht y el caso de Hyundai con el empresario Carlos Matos.
El más reciente escándalo se relaciona con la divulgación de un audio grabado por el Auditor en la obra la ruta del Sol II , Jorge Enrique Pizano Callejas y el entonces abogado de la firma Corficolombiana Néstor Humberto Martínez en el mes de agosto de 2015. Jorge Enrique Pizano murió en circunstancias aún no esclarecidas el jueves 8 de noviembre. El asunto se complicó puesto que el domingo 11 de noviembre murió su hijo, Alejandro Pizano, un joven profesional de 30 años, producto de envenenamiento por ingesta de cianuro. El joven tomo liquido de una botella que estaba en el escritorio de su padre ya fallecido. Alejandro había regresado desde Barcelona donde residía al entierro de su padre. Inicialmente los médicos habían señalado que la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano se había ocasionado por un infarto. Ahora se ha reabierto la investigación para determinar realmente la causa del fallecimiento y no se descarta que también haya sido envenenado. Como en las viejas sagas policiacas.
Pues bien Jorge Enrique Pizano tenía pruebas de actos de corrupción que la firma Odebrecht venía realizando en la construcción de la obra desde el año 2013 y así lo había reportado a sus superiores pero como el mismo señala no le «paraban bolas» y es en estas circunstancias que busca a Néstor Humberto Martínez con quien mantenía una vieja amistad pero además porque el actual fiscal general de la Nación era el abogado de Corficolombiana para quien prestaba sus servicios como Auditor de la obra, el fallecido Jorge Enrique Pizano.
La reunión se celebró en la oficina de Néstor Humberto Martínez en el mes de agosto de 2015 y allí Pizano le entregó la documentación que mostraba contratos ficticios con diversas empresas por un valor de 8 millones de dólares. Es obvio que era una defraudación y se presentaban allí varios delitos. La reunión fue grabada y copia de la misma la entregó en custodia a Noticias Uno un noticiero de la televisión con la condición de no ser divulgada, sino después de su muerte o de un viaje al exterior. Se ha señalado que Pizano estaba en contacto con el FBI en los Estados Unidos para declarar en contra de Odebrecht puesto que veía que en Colombia las investigaciones en manos de su otrora amigo Néstor Humberto Martínez no avanzaban y por el contrario una vieja investigación abierta en el año 2008 se mantenía vigente en la fiscalía en su contra por cuenta de un contrato para la realización de una obra en Bogotá cuando Pizano se desempeñó como Gerente de la Empresa de Acueducto. En este caso el fallecido Pizano siempre mantuvo que no había tenido ninguna responsabilidad en esa adjudicación en la que mediante actos de corrupción Odebrecht y la firma Solarte habían obtenido el contrato para construir un túnel.
Pizano grabó la conversación en la cual da cuenta a Martínez Neira de los hallazgos de corrupción y defraudación de Odebrechet y Martínez Neira entrega dicha información a Sarmiento Angulo. La pregunta es si debió reportar esos delitos a los organismos de control y por qué no lo hizo. Las explicaciones de Martínez no son convincentes. Se escuda en que fue una consulta entre amigos y que él reporto al banquero Sarmiento Angulo. Meses después Martínez es elegido por la Corte Suprema en el cargo de fiscal general de la Nación y ya como fiscal tiene que enfrentar las denuncias de los norteamericanos sobre sobornos por 11.2 millones de dólares que Odebrecht confesó en la justicia de los Estados Unidos que había pagado para que le adjudicaran la obra ruta del Sol II. El asunto es más complicado porque es el abogado Néstor Humberto Martínez quien elabora un contrato de transacción entre Odebrecht y Corficolombiana por medio del cual la firma brasilera reintegra 33 mil millones de pesos al consorcio que ejecuta la obra la Ruta del Sol II de la cual son propietarios Odebrecht como socio mayoritario con el 63%, Corficolombiana con el 32% y Solarte con el 5%. Después de su corto regreso a su bufete Martínez se posesiona como fiscal general de la nación en el cual como ya se indicó tiene dos largos años.
Pizano entrega las grabaciones y da una larga entrevista a Noticias Uno porque teme por su vida. Era tal el temor que tenía, que busca entregar también información al senador y excandidato presidencial Gustavo Petro. En efecto, Petro en entrevista con la periodista Vicky Dávila da cuenta de la información que le entregó a uno de sus asesores, Andrés Hernández, el fallecido Jorge Enrique Pizano. Lo nuevo de la información que entrega a Petro es que se muestra que los destinatarios de parte de esos recursos son firmas barranquilleras y pareciera que el destino de esos recursos son las elecciones a alcaldes y gobernadores que se realizaron en el mes de octubre del año 2015 al parecer con destino a los candidatos del partido Cambio Radical mismo partido del fiscal Néstor Humberto Martínez. Como es obvio la fiscalía no ha abierto investigación sobre los destinatarios de los recursos y menos sobre el uso de los mismos. Lo cierto del caso es que Petro muestra que esas empresas serán beneficiadas con grandes contratos en la administración del actual alcalde Alejandro Char, militante de Cambio Radical.
Esos son los hechos más inmediatos que involucran al fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht, pero, el asunto es más de fondo. Martínez ha mantenido las investigaciones de este caso involucrando solo a mandos medios y a políticos también intermedios como los senadores santistas Bernardo Miguel Elías, el ñoño Elías, Musa Besaile y pesos intermedios. Se sabe por el financiamiento de las campañas políticas que son beneficiarios de los fondos de Odebrecht las campañas presidenciales de Uribe-Santos del año 2010; y las campañas de Santos y Zuluaga en el año 2014. Contrario a otros países de América Latina en que -como es el caso peruano- se han involucrado expresidentes, presidentes en ejercicio y líderes de la oposición que han terminado presos o fuera del gobierno. En Colombia las investigaciones tienen una decena de presos todos de rango intermedio. En las cúpulas reina la total impunidad.
Líderes de oposición, líderes sociales, exmagistrados, han reclamado que para todo el caso de Odebrecht se nombre por parte de la Corte Suprema de Justicia un fiscal ad hoc o fiscal especial que conduzca de manera imparcial las investigaciones. Obvio que Martínez Neira no solo se aferra al cargo sino que se opone a que se nombre un fiscal especial pues son múltiples los intereses que busca proteger desde su cargo como fiscal general. Quiénes lo eligieron incluido Santos buscaban justamente que las investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política y otros grandes actos de corrupción que comprometen a grandes conglomerados financieros y en este caso al principal grupo económico del país, el grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo permanezcan en la impunidad.