En Colombia esta en curso la configuración de un tercer ciclo de violencia politica y de resistencia armada a raíz del fracaso de los Acuerdos de paz, firmados entre el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos y un sector de las Farc (El de Timochenko, Lozada, Alape y Granda).
En la Mesa de diálogos de La Habana los delegados del gobierno, particularmente el jefe de la misma, fue monotemático con el asunto de la necesidad de que el pacto que se firmara, diera pie a una etapa de exclusión de la violencia en la actividad politica y en el proselitismo electoral.
El uso de la violencia en las campañas electorales y en la acción politica era un elemento perverso que distorsionaba los procesos democráticos en la lucha por el poder.
La argumentación y el discurso alcanzo otras dimensiones y, promovido por algunos núcleos de la izquierda, se enfoco en descalificar el recurso a la lucha armada por parte de la izquierda para derrotar el poder de las sangrientas oligarquías colombianas.
El gobierno de Santos insistía en que la dejación de las armas permitiría una lucha politica democrática y pacifica a los integrantes de las Farc que entregaran las armas y pasaran a organizar un partido político e intervenir en los escenarios institucionales como el parlamento.
Efectivamente con este discurso se dio una entrega relámpago de las armas por los guerrilleros en el marco de un proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que fue objeto de una minuciosa reglamentación en el capitulo del Fin del conflicto de los Acuerdos de paz.
No obstante que amplios sectores advirtieron sobre los peligros de una entrega precipitada de las armas por parte de las Farc, el núcleo de Timochenko y Lozada, acelero tal paso en completa coincidencia con los militares que participaban en la Mesa de La Habana, renunciando a una garantía clave en la implementación de los consensos alcanzados.
Con tal entrega se dinamito la necesaria simetría de un Acuerdo que en su ejecución bien pudo ser un aporte a los procesos de democratización y de conquista de derechos agrarios, sociales, étnicos y judiciales significativos en la perspectiva de la transformación socialista del Estado y la sociedad colombiana.
La experiencia de los últimos 48 meses ha demostrado con creces lo equivocado de ese enfoque conciliador y de concesiones ilimitadas a los enemigos del pueblo colombiano.
Las elites nacionales y regionales, tan aficionadas a la violencia desde hace mas de 200 años, regresaron y preservaron sus métodos de coacción y persecución contra las manifestaciones soberanas de la acción de las clases subalternas.
Les importo un pepino lo establecido en el Acuerdo de paz y una facción, la del fascismo terrateniente, maniobro hasta recuperar la dirección del gobierno (Con Duque) para dar curso a una nueva etapa de violencia sistemática y metódica que al día de hoy contabiliza casi 260 ex combatientes guerrilleros asesinados, casi 700 líderes sociales decapitados, infinidad de masacres y auge de los grupos neoparamilitares, organizados desde las brigadas militares y cuarteles policiales.
El sangriento genocidio ejecutado en los últimos 3 años, luego de un periodo de relativa calma, confirma que para las elites plutocráticas las armas son parte imprescindible de su dominación.
Desde otra mirada, y con la profunda reflexión de Maquiavelo, la única garantía de la República democrática es el pueblo en armas.
Para aterrizar en lo nuestro, la única garantía de una Republica social con derechos y en paz es la permanencia y el recurso a la lucha armada popular, por supuesto, eludiendo enfoques sesgados que fetichizan el fusil y desconocen las dinámicas y racionalidades de la politica.
Las armas son un instrumento esencial en la lucha del pueblo contra la oligarquía, pero en el marco de una racionalidad politica que sopese cada contexto, cada momento de la batalla revolucionaria por destruir el poder de las castas explotadoras y reaccionarias.
Renunciar a las armas desde el campo revolucionario es fatal, obviamente, es una equivocación establecer como elemento prioritario su uso en la batalla politica por el socialismo y la movilización anticapitalista.
En Colombia esta cuajando un nuevo ciclo de violencia revolucionaria que tiene entre sus protagonistas a las Farc EP (Frentes 1, 7, 40, 33, 18, 36, 62, 14, 15, Carolina Ramírez y Comando Coordinador de Occidente), al Eln, a la Nueva Marquetalia y al Epl.
Estas nuevas violencias o guerras revolucionarias de nuevo tipo adquieren otras modalidades, con una amplia injerencia en los ámbitos urbanos, con el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la interacción simbólica y con lecturas más atinadas de los contextos geopolíticos regionales en lo relacionado con la organización de retaguardias fronterizas derivadas de los procesos revolucionarios presentes en los países vecinos de Colombia.
Las nuevas tecnologías, el uso intensivo de los celulares inteligentes, de los drones, junto con las nuevas territorialidades, que trascienden los espacios nacionales, se convierten en factores claves de las nuevas movilizaciones sociales anti oligárquicas y antiimperialistas.
En mi opinión, esos nuevos factores de contexto son los que explican la consolidación y expansión de las Farc EP (con los Frentes ya citados), del Eln, de la Nueva Marquetalia y del maoísmo de izquierda en la mejor tradición de la guerra campesina y popular prolongada.
Establecer una incompatibilidad entre estas nuevas dinámicas de resistencia armada y el auge o estallido social en curso como resultado de la crisis económica, sanitaria, social e imperialista en curso, no cabe. Son procesos complementarios en la guerra social, politica y militar contra el régimen de las oligarquías colombianas.
Los falsos acuerdos de paz colombianos nos estan confirmando, entonces, que la politica sin armas significa la bancarrota de la estrategia revolucionaria para destruir el capitalismo y sentar las bases del socialismo.