Las dos últimas semanas del pasado mes de mayo, fue el escenario decisivo en la gran batalla de los defensores de la paz en Colombia, contra los máximos responsables del viejo y acariciado plan, de acabar con los Acuerdos de Paz de La Habana y principales instigadores de la guerra interna, y que posibilite argumentos […]
Las dos últimas semanas del pasado mes de mayo, fue el escenario decisivo en la gran batalla de los defensores de la paz en Colombia, contra los máximos responsables del viejo y acariciado plan, de acabar con los Acuerdos de Paz de La Habana y principales instigadores de la guerra interna, y que posibilite argumentos validos para desatar la intervención militar en Venezuela.
El fracasado y maquiavélico plan Uribe-Duque contra los Acuerdos de Paz, comienza con la denuncia que hace el diario New York Time el 17 de mayo y tiene en el centro de la noticia la orden impartida por el jefe del ejército colombiano, general Nicasio Martínez Espinel, que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones y exigía resultados sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles, orden que abría el camino para la impune política de los falsos-positivos.
Pese a las voces de condena y descredito contra el diario neoyorquino del oficialista partido Centro Democrático y algunos de sus fanáticas congresistas, la alarma fue tal que el jefe del Ejército modifico algunas partes de la orden, pero no elementos esenciales que continuaban dando lugar al uso de la fuerza contra inocentes civiles, pues instruye a sus oficiales a «no exigir perfección y lanzar operaciones con un 60 o 70 porciento de credibilidad y exactitud».
Quiere decir que entre el 40 y el 30 por ciento pueden ser operaciones que dejen un saldo de muertes civiles en esa proporción y no es más que volver a los famosos «falsos-positivos», o sea cometer Crímenes de Lesa Humanidad, que serán juzgados por la Corte Penal Internacional y me hago la pregunta ¿Será que el generalato y oficialidad colombiana, consideran que no serán juzgados por esto crímenes y se sienten impunes? La justicia colombiana tendrá que actuar de manera consecuente con estos graves crímenes que atentan contra el Estado Social de Derecho que dicen defender.
Los crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, más temprano que tarde, serán juzgados y pendientes en la CPI de llevar a altos mandos militares complicados en aquellos monstruosos asesinatos, cuando la Fiscalía General de la República le entregue la documentación e informes pendientes y que el Fiscal, Néstor Humberto Martínez se negó a entregarle a la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda en septiembre del 2017. La alta magistrada comentó a la prensa, a la salida de la reunión con el Fiscal, que se iba descontenta por la negativa de este señor, de cooperar y entregar la documentación solicitada por la CPI.
La impunidad para los altos niveles del gobierno y rangos militares forma parte de la estrategia y planes de Uribe-Duque para la eliminación de los Acuerdos de Paz, tener en cuenta que un sector de las Fuerzas Militares está no solo comprometido con las violaciones a los derechos humanos, también al paramilitarismo y a los beneficios económicos que deja la guerra.
Es evidente que el plan, tenia su objetivo bien definido y solo esperaba el momento para desencadenar lo que hubiera sido una gran tormenta política y militar, el tema se pone a punto cuando la Jurisdicción Especial de Paz, ordena la inmediata libertad por falta de prueba, del ex comandante guerrillero Jesús Santrich, quien llevaba 13 meses en la cárcel La Picota, lo cual provoca una reacción precipitada o premeditada con la renuncia del Fiscal Néstor Humberto Martínez, la vice Fiscal y la ministra de Justicia.
La orden de la JEP de ponerlo en libertad llega a las autoridades del Instituto Penitenciario y a la Cárcel a las 9.00 de la mañana del 17 de mayo y a partir de allí comienza una inexplicable tardanza, la incomunicación con sus abogados, el médico personal y familiares con Santrich, el jefe del Penal no aparece, ni tampoco alguna otra autoridad del INPEC, algo grave estaba sucediendo. Se corre la información de que Santrich se encuentra en grave estado de salud provocado por intento de suicidio y que está herido.
Pasaban las horas y un trino del senador Álvaro Uribe, estremece a la opinión pública nacional e internacional, según el senador, Santrich sería extraditado. Los medios y redes sociales, señalaban que el ex-negociador de paz, sería trasladado a la base aérea militar de Catam, entregado a la DEA para su extradición a Estados Unidos, esas mismas fuentes, anunciaban, que concretada la extradición de Santrich, el presidente Duque declararía el Estado de Conmoción Interior.
Al complicarse la posibilidad de extraditarlo por los sucesos que se dan dentro de la cárcel La Picota, cuando a las 11 de la mañana del 17 de mayo las autoridades del INPEC le comunican que será extraditado, Santrich cumpliendo con honor su palabra empeñada, se inflige varias heridas en su muñecas y brazos con intención de suicidarse, está noticia tensa más aún la situación y la crisis institucional, que lleva al gobierno suspender la extradición y no declarar el Estado de Conmoción Interior.
A partir de ese momento la crisis institucional se agudiza, al no cumplir la orden de la JEP, forman un show en la puerta de la cárcel con un Santrich evidentemente inconsciente en una silla de rueda, detenido y trasladado al bunker de la Fiscalía Nacional, lo que se une a las declaraciones que en rueda de prensa ofrece el Fiscal luego de su renuncia y antes de abandonar el país, no por el caso Santrich, sino por las graves acusaciones de corrupción en el caso Oderbrech, caso que sigue impune, porque involucra a altas figuras políticas del gobierno anterior y del actual y a multimillonarios empresarios de las finanzas y de los medios de comunicaciones.
La entrevista de Néstor Humberto Martínez con la prensa no puede ser más elocuente y tal vez con intencionalidad, pone en evidencia la impunidad de como actúa las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en Colombia, cuando da a conocer que ordena la detención de Santrich por un video que le hace llegar la DEA, pero que la Fiscalía desconocía que la DEA estuviera actuando y dejo bien claro, que lo normal era que se pidiera permiso a las autoridades colombianas para actuar en su territorio y que esa autorización la debía otorgar un Juez y la Fiscalía y nunca conoció, ni dio tal permiso a la DEA para esa operación.
Esta declaración del cuestionado Fiscal Néstor Humberto Martínez, es realmente muy sospechosa, pues resulta muy iluso pensar que la Fiscalía no tenía conocimiento, lo que sí es muy probable que, al conocer la prueba presentada por la DEA, el Fiscal que es un calificado jurista, se dio cuenta que tales pruebas, eran muy fácil de desmontar ante un tribunal que actuara con total honestidad e imparcialidad como la JEP y por eso niega que la Fiscalía había autorizado el ilegal operativo de la DEA. Su intención exculpar al gobierno y a las instituciones del Estado.
Pero el montaje de la operación queda demostrado cuando la JEP solicita, vía cancillería a la Secretaria de Justicia de los Estados Unidos, específicamente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la, pruebas y evidencia para su acusación, la respuesta de Estados Unidos es que la carta de solicitud nunca les llegó y la documentación probatoria del delito de narcotráfico tampoco llegó a la Justicia Especial de Paz, (JEP).
El tema de la extradición de Jesús Santrich, era el objetivo principal, para desencadenar la interna dentro del Partido FARC y de los desmovilizados que provocaría la ruptura de los Acuerdos de Paz de La Habana, quedaría demostrado, que el gobierno no respeta ni a la Jurisdicción Espacial de Paz, ni los Acuerdos que la mayoría, no solo de los ex combatientes, sino de pueblo reconocen que se están incumpliendo. La extradición de uno de sus más queridos líderes, les dejaba claro que las garantías para los ex guerrilleros, no existían y era imposible mantener un discurso de paz, cuando el gobierno hace la guerra, que es en realidad las posibilidades de la oligarquía de mantener el poder en Colombia.
Con ese golpe a las FARC esperaban, una deserción masiva e incontrolable de ex combatientes de los que hoy se encuentran en los Espacios Territoriales de Reconciliación, lo cual daba las posibilidades de ejecutar precisamente la orden del jefe del Ejército de operar y «no exigir perfección y lanzar operaciones letales con un 60 o 70 porciento de credibilidad y exactitud». Esos ex guerrilleros serian el blanco de tales operaciones, que además estaría cobijado en el marco del Estado de Conmoción Interior.
A su vez entraría en acción el plan con los desertores de las FANB venezolanas concentradas en la frontera con Cúcuta, unos 400 hombres y que teniendo en cuenta el esperado escenario que se presentaría con la extradición de Santrich, entrarían a territorio venezolano según declaró a la agencia británica Reuters, el sargento Eddier Rodríguez el pasado 28 de mayo, Rodríguez dijo que su comando estaría integrado por 150 hombres y que su grupo había encontrado diferentes grupos de resistencia en Colombia, para tomarse ciudades venezolanas cercanas a la frontera con Colombia y proseguir hacia Caracas.
O sea, todo milimétricamente bien concebido, pero el plan ha fracasado en toda la línea, la Corte Suprema de Justicia, decretó la inmediata liberación de Santrich, ordenó que se cumpla el acuerdo de que el ex comandante guerrillero, asuma su cargo como Representante a la Cámara, y en su condición de aforado sea la Corte Suprema de Justicia, quien juzgará a Jesús Santrich.
Las Fuerzas Militares quedaron mal paradas con la orden emitida por el Jefe del Ejército, denunciada por el NYT y puesta en evidencia ante la posible violación de DD:HH; la Corte Constitucional negó las objeciones presentadas por el Presidente Iván Duque a los Acuerdo de paz y le ordenó su aprobación; no decreto el Estado de Conmoción Interior y quedó desestimada la propuesta del senador Álvaro Uribe, de convocar a una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo era desmontar los Acuerdos de Paz de La Habana y la Justicia Transicional de Paz (JEP) y a su vez introducir un artículo que permita a los ex presidentes volver a aspirar a la presidencia.
Frente a estos serios fracasos del plan y la polarización política generada, el presidente Duque, ni decretó la Conmoción Interior ni convocó a una Constituyente, sino que llamó a los partidos cercanos al gobierno para buscar y suscribir un acuerdo nacional, como son el Centro Democrático, el Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U para superar lo que caracterizó como una profunda crisis institucional.
La reunión con estos partidos no logró el acuerdo propuesto. El expresidente César Gaviria y el ex ministro Aurelio Irrigorri, presidentes de los partidos liberal y de la U respectivamente, afirmaron que ningún acuerdo nacional podía hacerse si no participaban y firmaban los partidos de oposición, también le criticaron a Duque y se opusieron a que haya interés e intenciones de introducir nuevas modificaciones a los Acuerdos de Paz.
El gobierno de Iván Duque cada día se debilita más y esa situación lo hace más peligroso, pues, no es descartable que, para superar la crisis, puedan montar una provocación en la frontera con Venezuela, con los desertores venezolanos, paramilitares y mercenarios reclutados por el Comando Sur, la opinión pública colombiana debe denunciar estos planes, que además no por gusto los desertores venezolano han hecho público su plan militar de atacar a su país con el apoyo de sectores colombianos.
Tony López R., Periodista, politólogo y analista internacional.
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