La Agência Portuguesa do Ambiente hace públicas sus consideraciones sobre el Almacén Temporal Individualizado de Almaraz (ATI) basándose únicamente en la información aportada por el Gobierno del Partido Popular, sin abordar la cuestión sobre el alargamiento del funcionamiento de la central. Endesa e Iberdrola siguen utilizando la central de Garoña como moneda de cambio para […]
- La Agência Portuguesa do Ambiente hace públicas sus consideraciones sobre el Almacén Temporal Individualizado de Almaraz (ATI) basándose únicamente en la información aportada por el Gobierno del Partido Popular, sin abordar la cuestión sobre el alargamiento del funcionamiento de la central.
- Endesa e Iberdrola siguen utilizando la central de Garoña como moneda de cambio para la continuidad del negocio nuclear. Endesa apuesta con claridad por mantener en funcionamiento una central que está en muy malas condiciones.
En las últimas horas se ha conocido la decisión de la Agência Portuguesa do Ambiente, tras analizar exclusivamente los documentos presentados por los representantes del Gobierno español, sobre los impactos de la construcción de un almacén de residuos nucleares (ATI) en la central nuclear de Almaraz. Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) ya ha mostrado a través de varios representantes de las organizaciones lusas integradas en él la parcialidad de una decisión que evita abordar el fondo de la cuestión, esto es, si es necesaria o no la construcción del almacén. Francisco Ferreira, presidente de la asociación ambiental portuguesa ZERO, califica este proceso como «muy extraño» y declara: «No sabemos si no existen otros intereses que van más allá de la construcción del almacén en la decisión anunciada el jueves, pero se creará un precedente muy peligroso para situaciones similares en el futuro».
También João Branco, presidente de otra asociación ambientalista lusa, Quercus, cree que la decisión de autorizar la construcción de la bodega era una «cesión a los intereses nucleares de España». Considera la construcción del almacén como una «cortina de humo» para ocultar lo que realmente está en cuestión, que es «la extensión por otros 20 años de vida de una planta de energía nuclear obsoleta».
En el mismo sentido se ha pronunciado Pedro Soares, presidente de la Comisión de Medio ambiente del Parlamento portugués y diputado por el Bloco de Esquerda, que ha añadido que «lamentablemente el Gobierno portugués aceptó pronunciarse sobre los impactos transfronterizos a partir de los estudios españoles. Que el Gobierno portugués acepte este procedimiento supone un antecedente gravísimo. Algo similar ocurre con la apertura de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), a 20 kilómetros de la frontera, una apertura que España ni siquiera consultó a las autoridades portuguesas».
Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción y coordinador del MIA, añade que «la decisión del Gobierno portugués viene a consagrar la ilegalidad internacional cometida por el Gobierno español en el proceso de autorización del ATI de Almaraz. En este intento de prolongar el funcionamiento de la central, se ha autorizado el ATI a pesar de que se incumple la obligación en este tipo de procesos de consultar al conjunto de la ciudadanía portuguesa. El proceso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debería comenzar de nuevo». Por esta razón, Ecologistas en Acción presentó un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español, que elevará a las instancias oportunas si no se acepta su recurso para empezar de nuevo todo el proceso de evaluación de impacto ambiental del ATI.
Por otra parte, el pasado 26 de abril el consejo de administración de Nuclenor, participado a partes iguales por Iberdrola y Endesa, acordaba mantener la solicitud de reapertura de la central nuclear de Garoña. Una decisión que demuestra que el anuncio de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ante la junta de accionistas el 31 de marzo solo fue un paso más de la negociación «en diferido» que vienen manteniendo con el Ministerio de Energía desde 2013 para conseguir una rebaja fiscal y otras contrapartidas económicas. Endesa, sin embargo, está decidida a reabrir la central, a pesar de las enormes incertidumbres técnicas y económicas que esto supone.
Ahora será el Ministerio de Energía el que tenga la última palabra en la concesión del permiso de reapertura para la central de Garoña. Ya ha manifestado que tardará un tiempo para hablar con todas las partes implicadas. En este sentido, Ecologistas en Acción y MIA exigen que se escuche el clamor de la mayoría social por el cierre y desmantelamiento de Garoña.
El debate sobre el futuro de las nucleares en España está encuadrado en otro de mayor calado que es el del modelo energético de cara a los próximos 20 años. Es imprescindible abordar el debate de la transición energética. Pero mientras este debate se hurta a la ciudadanía, el Gobierno toma decisiones que anteponen los dividendos nucleares a los intereses de una ciudadanía que se muestra mayoritariamente contraria a la energía nuclear, especialmente en Portugal.
Por todo ello, Ecologistas en Acción y MIA demandan nuevamente un debate público sobre el futuro de la energía nuclear. Una energía que impide la transición a un sistema energético 100 % renovable y que supone la gestión de cientos de miles de toneladas de residuos altamente radiactivos.
Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article34179.html