El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios. Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias […]
El general Mario Montoya Uribe, el jefe del ejército de Colombia al que Ingrid Betancourt agradeció el miércoles haberla rescatado de su cautiverio, tiene una controvertida foja de servicios.
Montoya, a quien Betancourt abrazó poco después de ser rescatada de un cautiverio de más de seis años en manos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació el 29 de abril de 1949 en el occidental Valle del Cauca.
A lo largo de su carrera ha recibido más de 20 condecoraciones, entre ellas la medalla del ejército de Estados Unidos. Ha ejercido labores de comandancia en buena parte de su país y tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, afirma su currículum en el sitio en Internet del ejército.
Siguió estudios en la Escuela Superior de Guerra, un curso avanzado de vehículos blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y se desempeñó como agregado militar en Gran Bretaña.
Un cable despachado en 1979 por la embajada de Washington en Bogotá, desclasificado a pedido del no gubernamental National Security Archive (NSA) de Estados Unidos, «revela que un batallón de inteligencia del ejército colombiano ligado a Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979», señaló el investigador Michael Evans en un artículo publicado en junio de 2007 en la revista Semana.
«Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años», agregó.
Evans, investigador del NSA, también se refirió al hallazgo en marzo de 2007 de una fosa común en el departamento de Putumayo, con restos de más de 100 víctimas «asesinadas durante el mismo período» en que Montoya lideró la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, «financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes en esta región entre 1999 y 2001».
«Los documentos desclasificados señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando de Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, donde fue descubierta la fosa común», agregó, en referencia a una ciudad de Putumayo.
Montoya era jefe de la IV Brigada del ejército, con jurisdicción en el municipio de Bojayá, en el occidental departamento del Chocó, cuando se cometió la matanza de 119 civiles en la aldea de Bellavista, el 2 de mayo de 2002.
A pesar de tres advertencias efectuadas días antes sobre el inminente peligro que corría la población civil, la fuerza de seguridad pública no se hizo presente en la zona, ni tomó acciones para proteger a los habitantes.
El 21 de abril, al menos siete lanchas con unos 250 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a Bellavista y al vecino Vigía del Fuerte, tras pasar por un retén permanente de la marina de guerra, otro de la policía y un tercero del ejército en Riosucio, 157 kilómetros al norte de Bellavista.
Los paramilitares se establecieron en ambos poblados, mientras la guerrilla de las FARC observaba desde el área rural.
El 23 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó al gobierno su «preocupación» por la incursión paramilitar, y lo instó a tomar medidas para proteger a los civiles. El 24 y el 26, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se unieron a la advertencia.
El 1 de mayo comenzaron los combates entre las FARC y las AUC. Más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bellavista, detrás de la cual se parapetaron los paramilitares. Al día siguiente, los guerrilleros arrojaron una pipeta de gas rellena de explosivos, que cayó en el templo, matando a 119 personas, entre ellos 44 niños, y dejando más de 100 heridos y mutilados.
El ejército se hizo presente cinco días después. Sobrevivientes de aquella tragedia relataron el año pasado a IPS la llegada del general Montoya al lugar y cómo, frente a las cámaras de televisión, lloró por los pequeños muertos, exhibiendo un zapatito infantil de una costosa marca desconocida para los niños de la zona.
En mayo de este año, un tribunal administrativo determinó en dos sentencias que el Estado es responsable por no haber protegido a la población, y ordenó el pago de una indemnización de 1.552 millones de pesos (poco más de 870.000 dólares) a las familias de las víctimas. Todavía hay pendientes otras 14 demandas civiles.
La justicia militar y la Procuraduría investigaron por omisión a los militares implicados en estos hechos. Pero Montoya continuó su carrera y fue ascendido, aunque poco después, en octubre de 2002, se vería envuelto en otro hecho polémico.
Un informe en poder de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, filtrado al diario de ese país Los Ángeles Times que lo publicó en marzo de 2007, indica que Montoya y un grupo paramilitar, el Bloque Cacique Nutibara, «planificaron y condujeron una operación militar para eliminar guerrillas marxistas de los suburbios pobres de Medellín, una ciudad del noroeste de Colombia que ha sido centro del narcotráfico».
La llamada Operación Orión comenzó a las dos de la madrugada del 15 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Al menos 14 personas fueron muertas, y testimonios de habitantes y de organizaciones de derechos humanos aseguran que unas 50 más desaparecieron en las semanas subsiguientes.
«Vamos a continuar, y lo que estamos haciendo en la Comuna 13 es un mensaje contundente a los violentos, que es: desistan, vamos a llegar a todo el país porque la guerra de guerrillas urbanas no tiene cabida en Colombia», afirmaba Montoya en un texto fechado el 21 de octubre en el sitio web de la presidencia del país.
Las acciones del Bloque Cacique Nutibara duraron dos meses en la Comuna 13 y, según testimonios de desmovilizados, se coordinaban con las autoridades.
El reporte de inteligencia de la CIA incluye información de otros servicios de espionaje occidentales e indica que funcionarios estadounidenses han recibido informes similares de otras fuentes confiables, según los periodistas Greg Miller y Paul Richter, que escribieron el artículo del LA Times.
El informe fue filtrado al diario por una fuente que sólo aceptó ser identificada como empleado del gobierno de Estados Unidos. La CIA no confirmó ni desmintió la información, pero solicitó al periódico que no publicara ciertos detalles.
Además de su estrecha colaboración con oficiales estadounidenses en el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia, Montoya fue instructor de la ex Escuela de las Américas, llamada desde 2001 Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica.
El miércoles por la noche, cuando el gobierno presentó por televisión cómo se planeó y ejecutó la operación de rescate de Betancourt y los otros 14 rehenes, el presidente Álvaro Uribe reveló que Montoya fue el comandante operativo de la exitosa misión, y recordó elogiosamente, aunque sin comentarios, la operación en la Comuna 13 de Medellín.
Uribe mencionó que ese día le habían llegado mensajes de miembros de la fuerza pública que le manifestaban que estaban presos «injustamente», y le pedían que «abogue por nosotros».
«Este es un estado de opinión», dijo Uribe y pidió a las organizaciones humanitarias: «Crean en Colombia, en este gobierno; este respeto a los derechos humanos en este operativo no es episódico».
A los jueces, el presidente les pidió «respetuosamente» que revisaran los casos de los militares presos y «donde de pronto haya un error, se corrija».