Recomiendo:
0

El general jefe de la fuerza terrestre española advierte que el Ejército actuará si el Estatut sobrepasa la Constitución

Fuentes: Gara

El teniente general de Ejército español José Mena Aguado, ha afirmado que si «los límites infranqueables» que marca la Constitución son rebasados por algún Estatuto autonómico, las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional». El general jefe de la Fuerza Terrestre española, teniente […]

El teniente general de Ejército español José Mena Aguado, ha afirmado que si «los límites infranqueables» que marca la Constitución son rebasados por algún Estatuto autonómico, las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

El general jefe de la Fuerza Terrestre española, teniente general de Ejército José Mena Aguado, ha advertido que «si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

El alto mando también se ha referido a «las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatut de Catalunya en los términos que está planteado».

«Fuerzas Armadas contra la lengua autóctona»

En su opinión, «el hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría a las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regulan en el extranjero».

El teniente general ha señalado que siempre ha mantenido que los militares no deben «entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos», pero considera que sí forma parte de sus obligaciones «alertar» de las consecuencias que podría acarrear aprobar una propuesta como la contenida en el Estatut catalán.