Aunque están bosquejadas en sus Memorias, las ideas políticas del general Carlos Prats González (1915-1974) han sido menos destacadas de lo que merecen. Novedosas para su tiempo, reflejan un pensamiento original que descarta dos visiones erróneas: que se limitó a ser un comandante en jefe del ejército fiel a la Constitución y leal al presidente […]
Aunque están bosquejadas en sus Memorias, las ideas políticas del general Carlos Prats González (1915-1974) han sido menos destacadas de lo que merecen. Novedosas para su tiempo, reflejan un pensamiento original que descarta dos visiones erróneas: que se limitó a ser un comandante en jefe del ejército fiel a la Constitución y leal al presidente Salvador Allende, por ser éste el mandatario legítimo, o bien que compartía las ideas políticas y la ideología del presidente, por quien sentía afecto y respeto. Prats tuvo una visión crítica de la institucionalidad vigente hasta 1973. Consideraba que el sistema político estaba al servicio de los intereses de la burguesía. Aspiraba a la materialización de un proyecto que asegurara progreso, libertad y justicia una vez terminada la dictadura, sobre la base de una muy amplia mayoría nacional orientada por ideas de avanzada, en un marco democrático y pluralista. Fueron para él ideas bien definidas.
El prólogo de sus Memorias está fechado el 20 de septiembre de 1974, diez días antes de su asesinato, hace 35 años en Buenos Aires. En su exilio, Prats dedicó el tiempo que le dejaba libre su trabajo en una fábrica, a escribir sus Memorias. Quiso dejar establecido cuál había sido su papel como comandante en jefe del ejército entre 1970 y 1973 y su actuación como ministro del Interior desde noviembre de 1972 hasta marzo de 1973. Su propósito primitivo era escribir un historial mítico del ejército, examinando a través de él sus interacciones con la sociedad chilena a lo largo de la historia. Debió abandonar sus planes porque no tenía la documentación suficiente y, además, temía que la muerte dejara su trabajo inconcluso.
Prats, que era un autodidacta en materias políticas y económicas no se consideraba calificado para dar lecciones en estas materias. Sin embargo, su experiencia como oficial de alto rango, con sólida cultura y capacidad de estudio sumada a su trayectoria como hombre de Estado, lo capacitaban suficientemente. Es sabido, por lo demás, que la política no la hacen los politólogos ni la economía los profesores de economía. Las Memorias indican, por otra parte, que la política le interesó desde muy joven. En su madurez, siendo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encabezó un estudio que anticipó con notable exactitud el resultado de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, en las que triunfó el candidato de la Izquierda, Salvador Allende.
Visión crítica
Más allá de las visiones convencionales, Prats no se había dejado seducir por la idealización de la democracia existente en Chile hasta 1970. Pensaba que el Estado representa los intereses dominantes en la sociedad, que se disfrazan tras las apariencias de separación e interdependencia de los poderes públicos, respeto a los derechos ciudadanos, equidad y Estado de derecho (pág. 549)(1). Unas frases suyas reflejan bien sus convicciones: «Los dirigentes políticos burgueses chilenos habían sostenido sistemáticamente en los 37 años precedentes a septiembre de 1970 que eran ‘absolutamente respetuosos de la legalidad democrática’. Les faltaba, sí, -prosigue- añadir la frase… ‘mientras no tengan acceso al poder los marxistas'» (pág. 521).
A su juicio, entre 1932, comienzos del segundo gobierno de Arturo Alessandri, hasta 1970, Chile vivió en una «democracia condicionada»: un «condominio» de la burguesía industrial y la burguesía democrática, beneficiándose la primera con las modalidades de administración de la economía que desarrolla la segunda (pág. 526). En ese reparto del poder estaban ausentes los campesinos y otros sectores populares; «el proletariado no está incluido» (id) pero es gratificado con «imposiciones populistas a la burguesía industrial» (id.) Carabineros es el instrumento de fuerza de la democracia condicionada y excepcionalmente se recurre a las fuerzas armadas. «Las instituciones de la Defensa Nacional son políticamente neutrales dentro del sistema imperante. Pero ellas tácitamente integran el condominio burgués» (id).
Resume con estas palabras: «Se trataba de un sistema democrático peculiar en el que sobre la base de las reglas de juego de la Constitución de 1925, la vida nacional se desenvolvía en un régimen de elasticidad política caracterizado por el armónico equilibrio de los poderes del Estado, cuyas sendas jurisdicciones, compensadas eclécticamente, posibilitan el predominio de la burguesía, seccionada en estamentos complementarios» (pág. 520). Esa democracia condicionada había sustituido a los regímenes propiamente oligárquicos anteriores, en que se combinaron la oligarquía latifundista con la burguesía minera, industrial, comercial y burocrática, ligadas primero al imperialismo británico y después al «imperialismo occidental» fórmula que Prats usa para referirse al imperialismo norteamericano y sus aliados) (pág. 520).
Es evidente que la mirada escéptica de Prats no se extiende al gobierno de Salvador Allende, en que se hicieron esfuerzos reales por instaurar el socialismo en libertad, pluralismo y democracia, frustrados por la oposición derechista, las maniobras del imperialismo y también los errores de la Unidad Popular. Buscar una salida que después de la dictadura asegurara estabilidad y no repitiera la «democracia condicionada», fue una de sus preocupaciones centrales.
También es clara la pertinencia de las críticas de Prats a la actual «democracia tutelada» de que habla Felipe Portales, que ha continuado la institucionalidad de la dictadura. Coincide además con muchas otras opiniones críticas, como las del filósofo Gianni Vattimo, que ha escrito: «Todo el sistema de democracia modelo, como la norteamericana, es un testimonio estrepitoso de la traición de los ideales democráticos a favor de la pura y simple plutocracia» (citado por Atilio Borón, en «Aristóteles en Macondo: notas sobre el fetichismo democrático en América Latina», en América Latina 8. Revista del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, 2º semestre 2008-ler semestre 2009, Universidad Arcis).
La democracia avanzada
Prats consideraba como necesidad imperiosa una nueva Constitución generada democráticamente, que no fuera producto de la elaboración de un «grupo reducido de eminentes juristas de concepciones filosóficas tradicionales y comprometidas con los intereses de la alta burguesía». Aspiraba a una Constitución que diera cuenta de «nuestra peculiar problemática» y abriera perspectivas al destino nacional en «la competencia de un mundo cada vez más interdependiente». La democracia avanzada debía ser pluralista y libertaria, comprometida con los derechos humanos y la paz y estabilidad internas. Formulaba de este manera sus contenidos esenciales: «La nueva ‘democracia avanzada chilena’ debe construirla una sociedad humanista cuya potencialidad resida en una colaboración solidaria entre la mayoría de los miembros de la comunidad a través de mecanismos legales que posibiliten una movilización nacional, afianzadora de las libertades democráticas y neutralizadoras de la violencia».
Estimaba Prats indispensable la construcción de una amplia y sólida mayoría comprometida de a lo menos el 66 por ciento de la población, dejando un margen de más o menos un 15 por ciento para la derecha y la Izquierda, en sus expresiones extremas. Esa era para él la «mayoría nacional».
Se terminaría así con los tres tercios como factor de inestabilidad y barrera para las mayorías amplias. Textualmente sostiene: «En las condiciones políticas de derecha, centro e Izquierda, las posiciones centristas han sido normalmente la interpretación más realista de las aspiraciones mayoritarias de nuestra comunidad nacional. Pero, como fórmula de expresión política han fracasado porque sus disparos reformistas no han alcanzado a corroer la estructura de la fortaleza capitalista y tarde o temprano han terminado por identificarse con las tendencias derechistas. Por ello, al hablar de mayoría nacional no nos referimos a una banda central del espectro político que deja a un tercio de éste a la derecha y otro tercio a la Izquierda. Nos referimos a una banda que cubre dos tercios del centro del espectro, dejando un sexto a la derecha y un sexo a la Izquierda».
Y agrega: «Esta concepción quiebra los esquemas tradicionales ya insostenibles de la mayoría relativa o de una mayoría absoluta de la mitad más uno. También exige articular un gran movimiento nacional que agrupe a todas las corrientes de avanzada social, capaces de emerger después del letargo político actual» (págs. 558-559).
Hace una salvedad, en el caso de la Izquierda, «si los comunistas no se proponen ir más allá de los linderos del sistema democrático avanzado de economía mixta. Tendrán cabida en el gran movimiento nacional» (pág. 559). No hace lo mismo con la extrema derecha, ya que en ningún caso podría definirse como de avanzada social. Por último, ejemplifica, para ilustrar, lo indispensable que resulta un entendimiento entre los sectores democráticos: «Si los marxistas insisten en que la próxima etapa les exige luchar para imponer el socialismo y los democratacristianos creen que pueden volver a gobernar con el aval de la burguesía oligárquica, no hay perspectiva alguna de salud democrática en un país de predominante clase media. Tampoco ni la más remota esperanza de restaurar la paz social eliminando el odio de clases» (id).
La economía debe ser la base
Todo país necesita de una economía potente para crecer y disponer de recursos que beneficien a su población. Existe, por lo mismo, una indisoluble relación entre el sistema político institucional y la economía, entre el Estado y el mercado. Para Prats esto era de una evidencia absoluta: «Debe tenerse presente -dice- que la política está fusionada con la economía, por lo que no cabe esbozar una doctrina política que deje de señalar metas económicas viables, en función de la realidad interna de Chile y de su ubicación inexorable en el campo geopolítico» (págs. 549-550).
No dudaba, ¡en 1974!, al decir: «Una economía social de mercado en un país de márgenes rígidos para el juego de la oferta y la demanda, deriva en beneficio directo de la minoría detentadora de los grandes capitales, acentuando la capacidad de enriquecimiento de los ricos y empobreciendo a la mayoría trabajadora. En un sistema económico en el que juega libremente la iniciativa privada, el crecimiento sólo es factible mediante el incremento de la rentabilidad empresarial, que se logra comprimiendo el régimen salarial». Y más adelante anticipaba: «El desarrollo a costa del consumo popular (con amplia benevolencia hacia el sector empresarial), de restricción drástica de la emisión monetaria, de paralización de la inversión fiscal o de subordinación a los grandes intereses foráneos, exige sofocar drásticamente las presiones sociales. Por ello resulta contraproducente en un país subdesarrollado como Chile, cuya comunidad nacional quedaría dividida en un décimo de explotadores y nueve décimos de explotados» (págs. 55l-552).
En el plano propositivo, Prats postula una economía mixta, que combina Estado y mercado dando prioridad al primero. Sigue el esquema de las áreas de la economía del programa de gobierno de la Unidad Popular, con un Estado fuerte con el fin de asegurar su funcionamiento, respaldado por la «mayoría nacional». Precisa en estos términos: «El Estado es fuerte cuando logra implantar deberes por sobre los derechos, cuando se impone sin tener que agitar artificialmente los sentimientos populares y cuando tiene sometido al poder armado oficial al poder de la autoridad representativa» (pág.549). Una visión autoritaria que, seguramente, se explica por la condición militar de Prats, por la experiencia dramática de la Unidad Popular y por la situación muy compleja que preveía una vez terminada la dictadura.
En ese contexto, el área social debe comprender «exclusivamente aquellas industrias o empresas estratégicas y monopólicas que son pivote del desarrollo». Representaría no más del medio al uno por ciento de las empresas existentes en Chile, pero con ellas se podría condicionar la orientación del desarrollo económico y social del país (págs. 553-554). En el área mixta deberían estar las empresas «en que se yuxtaponen el capital y la gestión, tanto del Estado como de los particulares nacionales o extranjeros». Los aportes tecnológicos y/o financieros deberían estar bajo control del Estado. «El resto de las empresas no básicas grandes, medianas y pequeñas constituirían el área privada» (id).
Más adelante hace algunas consideraciones generales: «La transformación global de la economía pasa por la eliminación de los mecanismos de explotación oligárquica mediante la dirección centralizada de la programación de las metas de inversión, producción y distribución y de la supervisión tecnocrática del proceso de ejecución descentralizado en las tres áreas de la economía nacional complementadas. Esta transformación debe conducir a liberar el potencial de productividad nacional para intensificar la producción interna a fin de lograr una distribución cada vez más extensiva de ella, en beneficio popular» (págs. 554-555).
No olvida el contexto internacional: «El éxito económico chileno está condicionado no sólo al esfuerzo interno de transformación del sistema funcional y estructural, sino también por la orientación de sus relaciones internacionales. Ello, debido al alto grado de complejidad de nuestro comercio exterior, con largas líneas de comunicación y diversificados mercados con los países industrializados, no alineados y limítrofes, que determinan servidumbres inexorables en las balanzas comercial y de pagos» (id).
Prats no abunda en el papel de las fuerzas armadas en la «democracia avanzada», y opina con cautela. Frente a cuerpos armados desprestigiados por su involucramiento represivo, sugiere que la responsabilidad debe hacerse recaer en la «minoría de la jerarquía militar que destruyó la irrestaurable democracia y no en los niveles jerárquicos que debieron cumplir órdenes superiores». Declara «la sujeción de la fuerza pública al poder civil», excluye perentoriamente los sofismas de la presunta «autonomía» del órgano de fuerza respecto de los poderes constitucionales del Estado, para constituirse en el «supercontralor del interés nacional y los altos destinos de la patria sustituyendo la voluntad soberana del pueblo» (pág. 607).
Plantea una nueva concepción estructural de los cuerpos armados que se aproxime orgánicamente a las modalidades de empleo estratégico de fuerzas conjuntas en la eventualidad de una agresión exterior. Propone reservar constitucionalmente para el presidente de la República la denominación adicional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asignando los mandos técnicos de cada rama de la Defensa Nacional el cargo de «comandante general» subordinado a un «jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional», que podría ser incluso un miembro en retiro de las FF.AA. llamado al servicio activo con acción de mando para la coordinación estratégica de los «órganos de fuerza» (pág. 608)
– Las citas corresponden a Memorias: testimonio de un soldado, de Carlos Prats González, editorial Pehuén, marzo de 1985.