El general y la verdad

Treinta y un años demoró el Ejército de Chile en aceptar una verdad que todos conocían: que los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, formaron parte de una política institucional y de Estado. Y que no fueron actos aislados de oficiales, suboficiales y clases a espaldas de los mandos, como lo había sostenido hasta ahora la rama castrense.

A los prisioneros se les exterminó indefensos, amarrados, vendados sus ojos y muchos fueron inyectados para adormecerles antes de abrirles el vientre y lanzarlos al mar. Esta verdad existe desde hace más de veinte años en decenas de procesos abiertos, varios de los cuales fueron cerrados y amnistiados por la justicia militar y ordinaria.

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, tuvo el valor de reconocerlo, por primera vez desde el día del golpe militar de 1973. Valor que no tuvo ni el ex dictador, ni su sucesor, el general Ricardo Izurieta.

No obstante, hay que preguntarse qué ocurrió para que el Ejército admitiese precisamente ahora que esos crímenes tuvieron carácter institucional y respondieron a un mandato jerarquizado desde la Comandancia en Jefe encabezada por Pinochet.

Dos aparecen como los hechos que motivaron el reconocimiento de Cheyre.

El primero se vincula a su reciente anuncio del cierre del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), cuyo fundamento hay que buscarlo en la investigación del juez Alejandro Madrid que instruye el proceso por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Cuando el pasado 1 de noviembre el mismo general Cheyre clausuró el BIE, mantuvo la negativa a aceptar la responsabilidad delictual de esta unidad y reiteró que las culpas fueron individuales, sólo de algunos integrantes. Ello, pese a que el BIE, como entidad dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue responsable en delitos vinculados al caso Berríos; el crimen de Tucapel Jiménez; y las múltiples operaciones de encubrimiento realizadas por agentes para obstruir la justicia durante la década de los 80 y 90, e incluso hasta nuestros días. De hecho, sólo dos semanas antes del anuncio del fin de la BIE, LND reveló como el Batallón de Inteligencia del Ejército realizó maniobras secretas de espionaje a altos personeros de Investigaciones hasta, por lo menos, entrado el 2003.

El día que cerró el BIE, Cheyre fue claro: «No puedo dejar de indicar que algunas personas -no la unidad como tal- faltaron a sus deberes». Y desde que pronunció esa frase en que mantenía la postura del Ejército de negar responsabilidad institucional en delitos cometidos, hasta que hizo publico el «mea culpa» del Ejército apenas transcurrieron tres días. ¿Qué lo impulsó a cambiar el discurso en un lapso tan breve?

OPERACIONES BAJO CUERDA

En la investigación del juez Alejandro Madrid por el crimen de Berríos, indagatoria que abarca la extraña muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva y los homicidios del ex canciller Orlando Letelier y el diplomático chileno-español Carmelo Soria, el magistrado estableció que en la DINE, incluyendo el BIE, se constituyó una «asociación ilícita» para cometer estos y otros delitos. De esta asociación no escaparon los superiores de la sección.

De acuerdo a un detallado y voluminoso informe aportado al magistrado por la brigada de Delitos Económicos (Bridec), se descubrió que en la DINE y el BIE se armaron empresas para generar cuantiosos recursos económicos para financiar las operaciones criminales que se llevaban a cabo, incluso mucho después del secuestro y homicidio de Berríos, cuyo cadáver se descubrió en Uruguay en abril de 1995.

En el proceso existen evidencias de que la asociación ilícita podría seguir existiendo al interior del BIE y el aparato de inteligencia del Ejército. Cuando el ministro Madrid se reintegre a sus funciones en diciembre, después de sus vacaciones, lo más probable es que el brazo de la ley caiga encima del extinto BIE.

Fue en esa unidad, y al amparo de la DINE, donde operaron los más osados oficiales del Ejército, como los generales hoy en retiro Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, y los oficiales Arturo Silva Valdés, Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, entre otros, todos procesados hoy por el delito de asociación ilícita, secuestro y obstrucción a la justicia.

El juez Madrid descubrió que con el visto bueno de los mandos de esa unidad y la Dirección de Inteligencia del Ejército, algunos de estos oficiales, como Silva y otros, mantuvieron y aún mantendrían cuentas en bancos extranjeros y se manejaron empresas, algunas «brujas» que todavía estarían operativas, cuyo único fin fue obtener fondos «en negro» fuera del presupuesto regular de la institución para las actividades ilícitas descritas.

Ahí hay que buscar la explicación para el repentino cierre del Batallón de Inteligencia del Ejército el pasado 1 de noviembre, el que, en todo caso, ya después del crimen de Tucapel Jiménez también había sido «remozado», cambiando el nombre de Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), pasando a llamarse BIE y hoy renombrado como Agrupación de Seguridad Militar, ASM.

EL INFORME

El segundo hecho que condujo a que el Ejército y su comandante en Jefe tuvieran finalmente que darse por vencidos y admitir los crímenes institucionales, es el informe que preparó la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, cuyo texto se entregaría al Presidente Ricardo Lagos este miércoles.

Cuando LND publicó el 10 de octubre adelantos del referido informe, en ese reportaje se dijo «respecto del Ejército, el informe pondrá en evidencia que no sólo torturó la DINA y la CNI en sus centros clandestinos más renombrados de Santiago y provincias, sino que también se aplicó tormentos en cada cuartel y regimiento de regiones, de sur a norte, donde se mantuvo a personas detenidas».

El artículo agregaba: «pero la preocupación del Ejército y la Armada va más allá. Porque si admiten que efectivamente la tortura fue una política de Estado y por lo tanto un método institucional aplicado por las Fuerzas Armadas, apenas medio metro más allá tendrán que reconocer que el exterminio de opositores con más de 3 mil víctimas, también fue una política de Estado. Lo que no aceptaron reconocer en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos de 2000, donde tuvieron otra valiosa oportunidad de hacerlo para pedir perdón por los crímenes».

Y reconocer su responsabilidad institucional es exactamente lo que acaba de hacer el Ejército, ante el enorme e indesmentible peso histórico del informe que se hará público, es de suponer, durante este mes. Pese a ello algo falta en el documento suscrito por Cheyre; la ausencia de una alusión directa a pedir perdón a las víctimas y familiares es algo que echan de menos en círculos de DD.HH. Por ello, aclaran, el general Cheyre ha perdido un momento histórico inigualable para diferenciarse de Pinochet, y haber pedido perdón por los crímenes que cometió la institución como política de Estado.

¿Qué ocurrió entre el 1 y el 3 de noviembre para que el general Cheyre diera un giro de ciento ochenta grados en su razonamiento? Miembros de la Comisión aseguran que «jamás nadie» les pidió que bajaran el tono a la cruda verdad de los 35 mil testimonios recibidos. Pero si no fue con ellos, las preocupaciones del Ejército y especialmente de la Armada por lo que dirá el informe llegaron a La Moneda, sin alcanzar repercusiones suficientes para golpear el tablero. Sin salida, el único camino era hacer lo que hizo el general Cheyre. Intentar otra variante no se habría sostenido ni un minuto, una vez conocido públicamente el texto del informe. ¿Todos en el Ejército aceptan lo que reconoció Cheyre? ¿También el cuerpo de generales y almirantes en retiro, parte de la gran familia militar?

Por 31 años el Ejército de Chile le mintió al país y al mundo, y más pudo la fuerza de la verdad para admitir los crímenes de Estado. Ahora tiene la palabra el almirante Miguel Ángel Vergara, comandante en jefe de la Armada, para admitir que su rama tuvo como política institucional la tortura y los crímenes de lesa humanidad contra sus prisioneros. Lo mismo cabe para el general Cienfuegos de Carabineros, que insiste en las responsabilidades individuales de los procesados; el general Osvaldo Sarabia de la Fach; y el director general de Investigaciones Arturo Herrera, cuyos funcionarios enseñaron a torturar en la DINA, por lo que recibieron el cariñoso apodo de «los papis».

CAJA DE PANDORA

La aceptación de los crímenes de Estado por parte del Ejército no es el fin de nada. Es sólo el inicio de una nueva fase, que no la marcó esa institución con su declaración, sino el informe de una comisión que dará cuenta de los delitos cometidos contra los que sobrevivieron a la tortura. Son testigos vivos que saben los nombres de sus torturadores, identidades que irán saliendo poco a poco porque el informe no da cuenta de ellos. No pocos están aún en servicio activo en las diferentes instituciones pasando inadvertidos. Otros ahora son alcaldes; empresarios prósperos y aggiornados en el sistema; jefes de seguridad en supermercados y municipalidades; o pintan óleos en sus casas de reposo en Reñaca. Algunos, en pequeñas localidades, se pasean por la misma vereda que sus víctimas y compran el pan en la misma panadería o se visten en la misma tienda. Y la víctima lo mira cada día, todavía con miedo.

Probablemente, ahora se iniciará otra ola de juicios en los tribunales, esta vez por el delito de tortura, imprescriptible e inamnistiable porque es un delito de lesa humanidad. Sobre ello los tribunales chilenos han sido extremadamente permisivos, renuentes hasta ahora a procesar por tortura. Pero esta vez la diferencia es que los torturados están vivos y tienen memoria, porque los rasgos, el aliento, la voz, las muletillas del lenguaje y el olor del torturador no se olvida.

Muchos de quienes declararon a la Comisión las atrocidades que se cometieron en su contra, sostienen que nunca pensaron en querellarse porque siempre todo se concentró en los muertos y desaparecidos. Pero ahora se abre otra etapa, para reparar y hacer justicia a los vivos.

¿POR DÓNDE?

Que se recuerde, durante la «Guerra Fría» chilena de las agitadas décadas de los 60 y 70, según el lenguaje del general Cheyre para explicar el escenario en que la dictadura cometió sus crímenes, no hubo campos de concentración, ni la tortura fue un sistema de los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva ni Allende. Tampoco desaparecieron prisioneros. No existió una DINA o CNI. No hubo centros clandestinos de detención. Chile no fue condenado por organismos internacionales por violar los derechos humanos. No se exilió a los disidentes. No se lanzaron cuerpos al mar. No hubo Consejos de Guerra. ¿Cuál es entonces la explicación para poder entender los crímenes cometidos por el Ejército de Pinochet frente a los errores políticos de la Unidad Popular? ¿Las tomas de terreno? ¿Las ocupaciones de industrias? ¿La negligencia de los interventores? ¿Las marchas de los militantes de izquierda con linchacos y palos? ¿Algunas armas escondidas para intentar responder al golpe militar? ¿La preparación militar del GAP de Allende? ¿Las JAP? ¿El intento de la Escuela Nacional Unificada? ¿La red clandestina de los marineros democráticos a bordo de los barcos de la Escuadra para tratar de oponerse el golpe? ¿Las colas para abastecerse? ¿El creciente concepto del poder popular? ¿Los cordones industriales y los comandos comunales? ¿Por dónde podría entenderse la estela de los 3 mil muertos y desaparecidos y las decenas de miles de torturados, detenidos y exiliados? ¿Por la Guerra Fría Oriente-Occidente o el muro de Berlín?

Poco elegante, o incorrecta al menos, la forma elegida por el Ejército para dar a conocer tan importante decisión. Una columna de opinión de su comandante en jefe en un diario. Un anuncio así se hace nacional, y no se usa a un medio de comunicación, cualquiera sea, para dirigirse al país. Le resta formalidad y seriedad, cuando se trata de una institución permanente de la República.

Pero todavía está pendiente el debate acerca de la amnistía a los criminales, sobre lo que el general Cheyre nada ha dicho hasta ahora, al menos públicamente. ¿Compartirá el perdón de la pena a los condenados de su institución propuesto por el Consejo de Defensa del Estado y su presidenta Clara Szczaranski?