Cremos que el valioso gesto humanitario y políticamente válido, y además jurídicamente viable según las normas del DIH de las FARC-EP de liberar a unos servidores públicos, militares privados de su libertad como consecuencia de este conflicto interno, puede conducir a unas fictas conversaciones que lleven a la negociación política entre las partes contendientes. Incluyendo la libertad inmediata de los miles de presos políticos.
El patojo conservador Guillermo León Valencia en 1964, segundo Presidente Frentenacionalista, bombardeó con la ayuda de la aviación norteamericana y colombiana con napaln y toneladas de bombas, junto a los yankees y la CIA a Marquetalia, RíoChiquito, El Pato y Guayavero, pero fue derrotado por la naciente insurgencia de las Farc, pues no fueron exterminados como lo pretendían al llamar estas zonas «Repúblicas Independientes», donde estaba el legendario, primero Liberal y después Comunista, Manuel Marulanda Vélez.
Década de los sesenta cuando un primo de mi madre González Acosta le visitaba y explicaba cómo era la situación política de ese momento, nací entendiendo y sufriendo, siendo aún un niño, la violencia en Colombia, como la ha afrontado toda la población colombiana, y que hoy sigue esperando que cese, para que haya mayor avance económico pero con progreso social, ecológico y cultural y Colombia pueda vivir en Paz con Justicia Social.
Diez años atrás en 1954 mediante el Acto Legislativo Número 6 ordenado por el Dictador Gustavo Rojas Pinilla, militar agente de Washington, quien ilegalizó al Partido Comunista de Colombia [como se llamaba entonces, igual había ocurrido con el Partido Comunista en los EEUU ilegalizado como el Colombiano], esta dictadura Rojaspinillista totalmente agresiva contra las libertades democráticas y los derechos de la población Colombiana fue reemplazada por otra Dictadura Civil durante 16 años, desde 1958 hasta 1974, en lo que se ha llamado el «Frente Nacional» bipartidista, una especie de la «Unidad Nacional» actual del Gobierno santista-angelinista, que en nada ha cambiado su esencia terrorista de Estado.
Recuerdo que aprendí a leer en el Periódico del Partido Comunista cuando mis padres me enseñaron leyendo noticias y notas de los comunistas colombianos, y ellos me decían que «…los comunistas por su carácter de organización leninista eran indestructibles, además por estar en la conciencia de las masas, aunque fueran ilegalizados…» es algo que nunca olvido; además de los múltiples cadáveres que veíamos los estudiantes en la Escuela Pública Rafael Tello donde estaba la sede de los Bomberos en Santander lugar donde llevaban diariamente a todos los campesinos y ciudadanos ultimados por el ejército de ese entonces con el remoquete de ser comunistas y lberales. Era una escena macabra. Toda una violencia sistemática del régimen contra la población.
El Neoliberal César Gavira Trujillo bombardeó a Casa Verde queriendo exterminar y excluir a los Comunistas Colombianos [ Partido Marxista, Leninista fundado el 17 de Julio de 1930], a la Unión Patriótica [fundada en 1985 y víctima como los comunistas del más grande genocidio político conocido en la historia] y a otras fuerzas del Acuerdo que se pretendía concretar para la nueva Constitución Política del 4 de Julio de 1991, que garantiza 71 derechos, pero que intenta perpetuar el régimen económico neoliberal, como lo hizo la Constitución de 1863 o de Río Negro cuando instituyó, en ese momento mediante norma jurídica superior, el liberalismo económico con clara influencia anglosajona.
César Gaviria, hoy aliado del Santismo-Angelinismo bombardeó e inició lo que él llamó «Guerra Integral», y de nuevo el Estado oligárquico actuó militarmente; y a sangre y terror impusieron el neoliberalismo, cambió la hora, modelo que él denominó «Apertura Económica», agravando la situación social y económica de la población.
Santos -Angelino bombardean a toda Colombia agravando el conflicto armado interno y fortaleciendo la guerra interna declarada contra el pueblo con una ahistórica «Unidad Nacional» que a través de las Instituciones que cree manejar, impulsa una agenda legislativa, militar y económica para la guerra y en contra de los derechos.
Todos ellos y sus áulicos son repudiados por el movimiento democrático- popular y la comunidad democràtica nacional e internacional, que aspiramos a un Estado de Nuevo Tipo para que haya Paz con Justicia Social en Colombia.
Hoy cuando, Luis Eduardo Roca Maichel, militar colombiano quien falleció [http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1375449] tuvo que ver mucho con las torturas y vulneración a los Derechos cuando «gobernó» el hombre del Estatuto de Seguridad Turbay Ayala quien nos privó de la libertad a miles de colombianos opositores políticos.
Recuerdo al General Ramón Gil, cuando ordenó allanamiento brutal y detenerme injusta y arbirariamente. Él era Coronel en ese entones Jefe del llamado B2, y cruentamente me interrogaba en las caballerizas de la Remonta en Cali en Enero de 1979 ubicadas en el Cantón Militar del Batallón Pichincha, con un amañado Proceso en un Juzgado Penal Militar, cuando junto al suscrito estaban hombres y mujeres que en detenciones masivas fueron también agredidos en sus derechos en la Remonta en Cali.
Fue una época del terror estatal contra el pueblo. La época del Estatuto de Seguridad turbayista. Terror que hoy continúa.
Siempre ha sido el terrorismo de Estado en sus andanzas criminales , que aún prosigue, y quien es responsable de la guerra en Colombia.
Los sobrevivientes del genocidio político cometido por el terrorismo de Estado contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica junto a otras fuerzas populares continuamos hoy, aspirando a que se logre la solución política a través de la negociación y no de la guerra al actual conflicto social y armado, como es el interés de Santos-Angelino-Rivera quienes asumen las riendas del actual régimen continuista y guerrerista.
Cremos que el valioso gesto humanitario y políticamente válido, y además jurídicamente viable según las normas del DIH de las FARC-EP de liberar a unos servidores públicos, militares privados de su libertad como consecuencia de este conflicto interno, puede conducir a unas fictas conversaciones que lleven a la negociación política entre las partes contendientes. Incluyendo la libertad inmediata de los miles de presos políticos.
Quienes hemos sido y continuamos siendo víctimas del terrorismo de Estado aspiramos a que prevalezca la Paz sobre la guerra, tal como lo ordena el 22 Constitucional Colombiano cuando afirma que la PAZ ES UN DERECHO Y DEBER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, precepto constitucional vinculante para todos los residentes en Colombia, sean nacionales o extranjeros.
TODO POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
Athemay Sterling
Director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia CPDH-Valle y Director del Grupo de Investigación PALENQUE
http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7509