La restauración conservadora que en el último tiempo se impuso al interior de la Nueva Mayoría, no sólo se ha expresado en la moderación del relato reformista inicial del gobierno de Michel Bachelet. Sino también en la mutación misma de los supuestos bajo los cuales se hacían necesarias las reformas, llegando al punto de desfigurar […]
La restauración conservadora que en el último tiempo se impuso al interior de la Nueva Mayoría, no sólo se ha expresado en la moderación del relato reformista inicial del gobierno de Michel Bachelet. Sino también en la mutación misma de los supuestos bajo los cuales se hacían necesarias las reformas, llegando al punto de desfigurar los principios que las impulsaron. Finalmente, las reformas insignes de su administración transitaron desde la ambigüedad tras las consignas, hacia un remedo de las políticas de la vieja guardia concertacionista.
Al consolidarse el giro conservador al interior del gobierno, por medio del control que el ministro del interior Jorge Burgos ejerce sobre el mismo y la profundización de la vinculación existente entre algunas de las grandes corporaciones y los grupos de presión empresarial sobre ministerios claves, las ambigüedades presentes en cada una de las reformas prometidas en campaña por Michel Bachelet fueron saldadas a favor del sector conservador dominante en la Nueva Mayoría. Ésta tendencia ha sido seguida con agudeza en diferentes publicaciones y artículos de opinión [i] .
Tal vez las implicancias más visibles del cambio de política las podemos encontrar en la reforma educacional, la cual redujo la cobertura de la gratuidad a un 50% (desde el 70% de cobertura inicial) y supone el mantenimiento de la política subsidiaria mediante el traspaso indirecto de recursos estatales, vía financiamiento a la demanda, hacia las instituciones educacionales públicas y privadas, quedando relegada la opción expresada por el movimiento estudiantil de rescatar la alicaída educación pública mediante el financiamiento directo a las instituciones por medio de aportes basales. En el caso de la reforma laboral, aún hoy no se sabe qué pasará con las ya conocidas modificaciones que buscan obstaculizar la creación de nuevos sindicatos al subir de 8 a 25 el número de personas necesarias para constituir uno, o con el reemplazo de trabajadores durante la huelga. Sin embargo, más importante aún que aquello que menciona la reforma laboral es lo que no menciona. Al respecto Sergio Gamonal ha sido enfático en señalar que lo preocupante se encuentra en los silencios de la reforma laboral, la que no transforma el modelo de relaciones laborales sancionado en el Plan Laboral de la Dictadura. Es más -agrega el profesor de Derecho del Trabajo- el reemplazo en huelga o el aumento del número de trabajadores necesarios para constituir un sindicato son «temas menores» desde una mirada global, pero que adquieren importancia al plantearse como propuestas en el marco de una reforma laboral que no establece la negociación ramal ni consagra el derecho a huelga como un derecho fundamental. De ahí que esta reforma ha sido caracterizada como profundizadora del Plan Laboral por parte de diversas organizaciones, tanto sindicales, como ligadas a las investigaciones relacionadas con el Trabajo.
La importancia que éste movimiento restaurador tiene para los trabajadores y trabajadoras no sólo es medible a mediano o largo plazo cuando entren en vigencia las reformas saldadas a favor de la clase dominante, con un marcado carácter conservador (del modelo). Sino también a corto plazo, ya que se recompone el relato concertacionista frente a la movilización de los trabajadores. Es necesario destacar que luego del giro conservador en el gobierno ha emergido con renovada fuerza la política y el discurso laboral autoritario como respuesta a las movilizaciones de los trabajadores, en particular aquellas movilizaciones en el sector público o aquellas que interpelan al Estado como contraparte. La respuesta estatal, escudándose en la desaceleración económica, ha sido el rechazo al reconocimiento de los trabajadores como actor legítimo.
Los criterios económicos han sido las principales banderas levantadas por el empresariado frente a cualquier modificación que cambie la desigual distribución del ingreso en Chile, y ese argumento ha sido abrazado por los gobiernos de la concertación desde el momento en que evaluaron positivamente la trasformación económica neoliberal que impuso la dictadura. Lo central con el predominio conservador en la Nueva Mayoría, es que hoy la defensa del statu quo vuelve a ser el principio rector de la política laboral, dándole al conflicto social laboral un tratamiento negativo cuando pone en tensión el proceso de restauración o cuando no se tiene control sobre las dirigencias sindicales que lideran las movilizaciones. De ahí que se busque desactivar esos conflictos por medio de la derrota de los trabajadores y no por la apertura al dialogo que posibilite una solución a las demandas que plantean los huelguistas.
La política laboral autoritaria fue puesta en tensión a inicios de este gobierno frente al tratamiento que tuvo por parte del gobierno la movilización que realizaban usuarios y trabajadores del Hospital Salvador en Santiago contra la privatización de dicha institución [ii] . Movilización que fue resuelta, al menos de manera transitoria, y por medio de una respuesta titubeante y lenta, en favor de la comunidad movilizada y sus demandas. En este caso el gobierno se abrió al dialogo y a la negociación durante la movilización, reconociendo al actor movilizado y sus demandas como legitimas.
Sin embargo, en las recientes movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores contratistas de Codelco [iii] , en donde murió a manos de la policía militarizada el trabajador minero Nelson Quichillao, lo que vimos fue la negativa de la empresa estatal de reconocer un instrumento colectivo firmado desde el año 2007 por Codelco y la Confederación de Trabajadores del Cobre, el Acuerdo Marco. Llama poderosamente la atención que en vez de buscar acotar las demandas de los trabajadores bajo el argumento de un escenario de menores ganancias en la cuprífera, se optara por desconocer un mecanismo de resolución de conflictos entre la empresa y la CTC. Codelco se negó a reconocer la legitimidad de la movilización y, por supuesto del actor movilizado. Es la misma política que hoy está siendo aplicada para hacer frente a las movilizaciones de las y los trabajadores del Registro Civil.
La Nueva Mayoría frente a un escenario de incertidumbre política, en donde sus cuotas de poder se encuentran en riesgo, siendo cuestionada la herencia transicional, se refugia en las peores prácticas de la antigua Concertación; ya no más políticas de apertura que busquen el dialogo con los actores movilizados, menos aún si no se tiene control político sobre ellos, sino una política de contención de la movilización de carácter autoritario que busca la derrota absoluta y sin claudicación de los trabajadores movilizados. Es la restitución de la política sindical que aplicó la concertación durante los años 90 e inicios del nuevo siglo. Al parecer, los trabajadores y trabajadoras deberemos acostumbrarnos a tener de vuelta el ninguneo, la represión, las amenazas, el desconocimiento de acuerdos y el falseo de información, ya que han sido elementos permanentes de la política laboral autoritaria aplicada en el pasado, la que vuelve a estar en la palestra para el tratamiento que este gobierno les da a las movilizaciones de los trabajadores, un ejemplo de aquello son las recientes declaraciones de la Ministra Blanco con respecto a la huelga del Registro Civil.
Así las cosas, queda relativamente claro que el argumento económico es tan sólo una excusa para ocultar el regreso de la política laboral autoritaria que la restauración conservadora trae consigo. Como siempre, y aunque suene reiterativo, los trabajadores y trabajadoras se enfrentan a un viejo dilema: permitir la división política en el seno de la clase, en base a la política del garrote o la zanahoria; o apostar por su unidad, organización y capacidad de movilización. Recabarren comprendía bien esta situación, de ahí que señalara que «Es necesario convencer a los trabajadores que son un gran poder, como no hay otro, pero que la fuerza de su poder sólo reside en la organización».
[i] Vale la pena destacar el seguimiento que ha realizado Tendencia Nacional y las publicaciones de Andrés Cabrera en El Mostrador. Como también algunas columnas de Alberto Mayol en el mismo medio.
[ii] http://www.emol.com/noticias/
[iii] http://www.latercera.com/
