La Audiencia Nacional se desentiende de los torturadores de los servicios secretos norteamericanos que se mueven con identidad falsa y plena libertad por los aeropuertos españoles, con base de secuestros en Palma. Un trabajo llevado a cabo por el Diario de Mallorca contribuyó a establecer que Mallorca era «la base de operaciones de los secuestros […]
La Audiencia Nacional se desentiende de los torturadores de los servicios secretos norteamericanos que se mueven con identidad falsa y plena libertad por los aeropuertos españoles, con base de secuestros en Palma.
Un trabajo llevado a cabo por el Diario de Mallorca contribuyó a establecer que Mallorca era «la base de operaciones de los secuestros de la CIA«, en terminología de un titular de portada que fue adoptado por el Consejo de Europa en su informe sobre el asunto. En concreto, equipos de secuestradores y torturadores de la agencia de espionaje estadounidense secuestraban a ciudadanos en países extranjeros, bajo la presunción con frecuencia improbable de terrorismo. La captura, traslado y abusos físicos se desarrollaban sin ninguna interferencia judicial.
La conexión mallorquina, encauzada desde el juzgado de Instrucción de Antoni Garcias, permitió que la Audiencia Nacional abriera la primera investigación judicial de «los vuelos de la CIA» en todo el planeta. La colisión entre la razón de Estado y el Estado de Derecho pudo desarmar a quienes cantaban la impunidad de los pistoleros norteamericanos, por el método elemental de proceder a su detención y a la formulación de una demanda de explicaciones a Washington. Por fortuna, el archivo solicitado por la fiscalía de Rajoy y ejecutado por el juez Ismael Moreno demuestra que el imperio de la ausencia de ley no era una hipótesis descabellada.
El archivo sobreviene tras ocho años de agitada pasividad. En este dilatado plazo, la omnipotente maquinaria judicial efectuó avances más discretos que una docena de periodistas de todo el mundo en un par de meses. La Audiencia Nacional se desentiende así de los torturadores de los servicios secretos norteamericanos, que campan a sus anchas con identidad falsa y entera libertad por los aeropuertos españoles. Con base de secuestros en Palma.
La utilización del presente de indicativo se sustenta en que ningún Gobierno puede garantizar que los vuelos de la CIA se cancelaran definitivamente. El PP de Aznar y Rajoy, junto al PSOE de Zapatero, han concedido su aprobación a las maniobras que se saldaban con secuestros de falsos sospechosos. La justicia ha sentenciado que hay actividades oscuras que deben desarrollarse sin obstáculos, y al margen de la siempre engorrosa intromisión judicial.
En el enésimo acto de vasallaje, la fiscalía mantiene que el Gobierno está al servicio de la CIA. En tiempos del PSOE, el ministerio público se embarcó en una brumosa causa general. Los fiscales aspiraban a desvirtuar el crimen inicial, consistente en el secuestro de un ciudadano alemán en Macedonia, a cargo de un avión que despegó de Son Sant Joan. Con el regreso del PP a La Moncloa, ni siquiera hace falta guardar las formas.
En el envoltorio jurídico del nuevo feudalismo, se señala que no ha sido posible identificar a los doce tripulantes del avión de la CIA, porque viajaban con pasaportes falsos por aeropuertos españoles. Así funciona la cacareada seguridad aérea contra el terrorismo. Se adjunta que se ha intentado localizar a los sospechosos por diversos métodos. Entre estos métodos prodigiosos no figura internet, donde hasta un lego en leyes puede hallar fotografías, reportajes televisivos o incluso confesiones de los participantes en los secuestros con lanzadera mallorquina. Verbigracia, el piloto Eric Matthew Fain es en realidad Eric Robert Hume, residente en Johnston County, Carolina del Norte. La justicia italiana supo aprovechar datos tan minuciosos, quizás porque al frente de la investigación se hallaba el fiscal Armando Spataro, una de las figuras más descollantes de la lucha antiterrorista y antimafiosa.
Además, el refugio en la falsedad documental que en su día avanzó este diario omite que algunos espías viajaban con su nombre verdadero. O que dejaron sus datos personales, al utilizar en un descuidado exceso de confianza los teléfonos de hoteles de Mallorca y Eivissa. Pretendían evitar el control de la CIA, cuando un espía se embarcaba en un escarceo amoroso con la esposa de uno de sus compañeros de comando. En fin, enarbolaban pasaportes diplomáticos que algún departamento español de renombre debió convalidar.
El Senado estadounidense dejará en evidencia en breve a la Audiencia Nacional. El Comité de Espionaje de la cámara pugna por desclasificar las miles de páginas de un informe sobre Las detenciones y los interrogatorios de la CIA. En la línea de la agencia, creó un programa para espiar a los senadores que a su vez la estaban investigando. En España lo ha tenido más fácil.
Con un lenguaje alejado de la desgana de la Audiencia Nacional, la senadora estadounidense Dianne Feinstein expresaba su asco tras «vadear a través de los horribles detalles de un programa de la CIA que nunca, nunca, nunca debió haber existido». Es curioso que una altísima dignidad del país emisor de torturadores se exprese con mayor dureza que los contemporizadores actores jurídicos de una nación sometida a los atropellos.
Feinstein aspira a que la desclasificación sirva «para que podamos garantizar que un brutal programa de interrogatorios y detenciones, contrario al espíritu americano, no sea jamás permitido o tomado de nuevo en consideración». Se trata de evitar el relato de uno de los secuestrados por el equipo de la CIA con base mallorquina, Binyam Mohamed. «Uno de ellos agarró mi pene en su mano y empezó a efectuar cortes. Deben haberlo hecho veinte o treinta veces en unas dos horas. Había sangre por todo y yo gritaba. Uno de ellos dijo que sería mejor amputar el pene entero, porque yo solo engendraría terroristas». Y así sucesivamente.
El archivo de la querella arrastra víctimas colaterales. Por ejemplo, el ciudadano alemán de origen kuwaití Khaled el Masri, secuestrado por error(?) por el equipo mallorquín de la CIA. El caso es tan flagrante que Condoleezza Rice, a la sazón secretaria de Estado, pidió perdón en público a Angela Merkel por el secuestro y los abusos. A la vista del resultado judicial en España, tal vez fue innecesariamente cruel obligarle a revivir su drama en la sede de la Audiencia Nacional.
Los ultrapatriotas estadounidenses son condescendientes con los excesos de la CIA. A cambio, se encrespan cuando el ejecutado sin mediar ningún proceso judicial es un secuestrado estadounidense. En cambio, el Gobierno español muestra una acusada coherencia en su sometimiento a Washington. Así, tampoco defiende a los familiares de José Couso, el cámara bombardeado deliberadamente en Bagdad.
La desidia de la Audiencia no ha impedido una catarata de efectos de la investigación llevada a cabo en Mallorca. En apretada síntesis:
Italia condena in absentia a 26 espías estadounidenses identificados en Palma, por el secuestro de un clérigo egipcio en Milán.
Italia condena a los generales de la cúpula del SISMI, equivalente al CNI español, por connivencia con el secuestro de la CIA.
Bush anuncia la cancelación de los secuestros al desvelarse los aviones y espías.
El ejército estadounidense anula los permisos de aterrizar en sus bases de que gozaban los aviones de la CIA.
Estados Unidos desmantela las cárceles secretas desde las que se volaba a Mallorca, en países europeos como Polonia o Rumanía. El día en que el New York Times se hace eco de la investigación judicial en España, la CIA borra apresuradamente las grabaciones de sus interrogatorios.
Obama declara que el waterboarding o toalla húmeda, practicado por la CIA, es «tortura».
Escritores como John le Carré, Don DeLillo o Peter Hare, y cineastas como Polanski, realizan obras centradas en los secuestros de la CIA.
Wikileaks demuestra que altos cargos del Gobierno español fueron agasajados en Washington a cambio de proteger a la CIA. En fin, mientras usted se desnuda para ser enlatado en un vuelo comercial, sombríos tripulantes con pasaportes falsos y armas circulan sin obstáculos por la terminal de reactores privados.
Fuente: http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/09/14/gobierno-servicio-cia/961564.html