Interior anuncia la aprobación de la ley que considera falta grave manifestarse frente a sedes parlamentarias y fotografiar a policías. Fernández Díaz defiende el garantismo de la norma, que ha sido criticada por dar más margen de maniobra a la policía. Desde que en noviembre de 2013 el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciase […]
Interior anuncia la aprobación de la ley que considera falta grave manifestarse frente a sedes parlamentarias y fotografiar a policías. Fernández Díaz defiende el garantismo de la norma, que ha sido criticada por dar más margen de maniobra a la policía.
Desde que en noviembre de 2013 el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciase la intención de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, mucho se ha escrito sobre el sentido y la legitimidad de la norma que sustituirá a la que fue conocida como «Ley Corcuera», vigente desde febrero de 1992. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, el titular de interior ha insistido en que la norma, criticada por dar más discrecionalidad a la policía en el control de conductas antes sancionadas por lo penal, cumplirá todas las garantías. En respuesta a una pregunta del periodista Carlos E. Cue, de El País, el ministro ha ofrecido una buena síntesis de lo que cabe esperar a partir de ahora: con la nueva ley, la protesta frente al Parlament de Catalunya en junio de 2011 «no habría quedado en la absolución total por vía penal, sino que se habría llevado una sanción adecuada a esas conductas que vimos en los medios de comunicación«. A la espera de posibles sorpresas en el BOE, esto habría supuesto una multa de hasta 30.000 euros para los activistas absueltos esta semana por la Audiencia Nacional.
Desde que el Gobierno anunciase sus primeras intenciones, hasta su versión final, el texto ha sufrido importantes reformas, principalmente de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que elaboró un informe previo sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el que ponía en entredicho su constitucionalidad. Distintos expertos han señalado que la primera intención del Gobierno era la de lanzar un globo sonda. Globo sonda que en palabras del abogado Eduardo Gómez Cuadrado era un elemento que alejaba al Estado español de las democracias europeas y lo acercaba al autoritarismo. Incluso Nils Muiznieks, comisario europeo de Derechos Humanos, llegó a afirmar que vigilaría de cerca este proceso, afirmando: «Quiero que alguien me convenza de que una multa de 30.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización es equilibrada». No ha sido la única amonestación de esta índole, el 12 de junio, el Relator Especial de la ONU sobre libertad de reunión, Maina Kiai, expresaba su «grave preocupación sobre la actual redacción que califica de delito la mera resistencia pacífica» y el amplio margen de interpretación que se deriva del texto en cuanto a la incitación «a realizar acciones o amenazas de actos de violencia». El texto también ha sido polémico por incluir sanciones -entre 600 y 30.000 euros- a quienes hagan fotos a policías durante las protestas, «sin menoscabo al derecho a la información».
A la espera de conocer los detalles que finalmente serán llevados a la norma, el anteproyecto busca dos objetivos fundamentales. Por un lado, una «hipernormativización», en palabras del abogado Hibai Arbide, dado que la ley vigente no tenía una tipificación propia para muchos de los nuevos tipos de protesta popularizados tras el 15M, como los stop desahucios o los escraches. Por otro lado, y en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, se trata de actuar bajo la lógica del llamado Derecho Penal del Enemigo, que trata al ciudadano como una amenaza. Sobre este mismo concepto, Ignacio Trillo y Eric Sanz de Bremond comentaban en el blog La Conquista del Derecho que «esta concepción del Derecho Penal busca castigar, más que lo que haces, lo que puedes llegar a hacer en base a quien eres, o, mejor dicho, a quien el Estado considera que eres».
Prohibición de las redadas racistas
Entre los pocos detalles que ha dado Fernández Díaz, el ministro se ha referido a los criterios para la actuación de la policía en los procedimiento de identificación, y ha señalado que estos deberán respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad. El titular de Interior ha destacado que la norma prohibirá expresamente los controles por perfl racial, las llamadas «redadas racistas» de la policía en busca de personas sin tarjeta de residencia, algo que, según ha declarado, hasta ahora sólo estaba prohibido en circulares internas de la policía. La actual Ley de Seguridad Ciudadana sólo permite las identificaciones «para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social», si bien no prohibía expresamente los controles por perfil racial.