El gobierno chileno no logró los frutos esperados de sus maniobras en el Congreso para descolocar a la derecha y sumar el apoyo del mundo laboral y los pueblos originarios a la candidata oficialista Michelle Bachelet. La estrategia de La Moneda de «sacar al pizarrón» al aspirante presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, para aprobar […]
El gobierno chileno no logró los frutos esperados de sus maniobras en el Congreso para descolocar a la derecha y sumar el apoyo del mundo laboral y los pueblos originarios a la candidata oficialista Michelle Bachelet.
La estrategia de La Moneda de «sacar al pizarrón» al aspirante presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, para aprobar el proyecto sobre subcontratación o lograr dividendos electorales de su eventual rechazo, tuvo como principales «damnificados» a los sindicatos. La iniciativa del presidente Ricardo Lagos, que buscaba regular las prácticas laborales en el ámbito de los trabajadores contratistas y las empresas de servicios transitorios, había ciertamente desatado ciertas expectativas. Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hicieron cabildeo con diputados de la Concertación para que éstos recogieran sus aspiraciones y las incorporaran al proyecto a través de indicaciones durante su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Sin embargo, pese a la buena acogida que tuvo en los parlamentarios oficialistas, las expectativas de la CUT chocaron con la intransigencia del gobierno a avalar las indicaciones de la multisindical, principal gremio del país.
José Ortiz, secretario general de la CUT, se retiró ayer molesto del Congreso después de reunirse con parlamentarios y ministros y expresar el rechazo de la organización laboral a la normativa, aprobada en primera instancia con el apoyo mayoritario de la derecha. Ortiz dijo que la CUT no sería «cómplice» de un proyecto que no cuenta con su venia y denunció la maniobra gubernamental como electorera. «Estamos en presencia de un show del que sólo van a salir perjudicados los trabajadores», recalcó. En tanto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) -uno de los mayores y más influyentes sindicatos del país-acusó al gobierno de no cumplir el compromiso asumido de regularizar la situación de los miles de trabajadores públicos a contrata y honorarios. El presidente de la entidad, Raúl de la Puente, centró las críticas en el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien en el 2001 suscribió un compromiso con la ANEF para regularizar paulatinamente la situación de los empleados a honorarios y a contratas. Destacó que, a pesar las promesas, más del 45 por ciento de los trabajadores públicos -y en algunos sectores llegan hasta el 90- se encuentran sujetos aún a esta modalidad, que los priva de sus derechos laborales más elementales.
Lo más decepcionante para los dirigentes gremiales es que tanto la CUT como la ANEF habían ofrecido ya su respaldo electoral a la candidata oficialista, luego que ésta se comprometiera con ellos a tomar en cuenta las reivindicaciones del mundo laboral en su eventual gobierno. Pese a la oposición de los que presuntamente serían beneficiados, el proyecto fue finalmente aprobado en la Cámara de Diputados, pero el gobierno no logró con ello «poner a prueba» a la derecha (que votó a favor) y satisfacer a los trabajadores (que lo rechazaron). Otra iniciativa, llevada también con carácter urgencia al Parlamento para acorralar a la oposición de derecha y eventualmente ganar el apoyo electoral de más de medio millón de indígenas, también encontró un fuerte rechazo y no pudo ser aprobada. Esta normativa, considerada insuficiente por sectores mapuches, buscaba una reforma constitucional para que la Carta Magna reconociera la existencia de los pueblos originarios de Chile, una prerrogativa que quedaba muy lejos de sus ancestrales aspiraciones.