Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad del proyecto de nueva Ley de Asilo remitido al Parlamento por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre. IU asegura que el texto aprobado por el Ejecutivo socialista supone un grave retroceso en la protección que España debe brindar […]
Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad del proyecto de nueva Ley de Asilo remitido al Parlamento por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre. IU asegura que el texto aprobado por el Ejecutivo socialista supone un grave retroceso en la protección que España debe brindar a aquellas personas necesitadas de protección internacional porque han sido gravemente amenazadas en sus países por motivos políticos, étnicos, religiosos… Si el Parlamento aprobara el proyecto de ley en sus términos actuales o con ligeras modificaciones, el derecho de asilo se convertiría en papel mojado de manera definitiva en España.
El 17 de febrero, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR, la principal organización defensora del derecho de asilo en España, de la que el PCE es fundador, al igual que el PSOE, CCOO, UGT o el CAUM) presentó en rueda de prensa su Manifiesto en Defensa del Derecho de Asilo, suscrito por centenares de personalidades y organizaciones sociales, entre ellos Cayo Lara, Willy Meyer, Francisco Frutos y Enrique Santiago. En su intervención, el presidente de CEAR, el catedrático Javier de Lucas, se preguntó: «¿Qué razones pueden dar la Unión Europea y España para restringir el derecho de asilo, cuando las cifras desmienten que los solicitantes de asilo puedan ser una ‘amenaza’ o constituir una ‘avalancha’, cuando ni siquiera pueden llegar a nuestro territorio por el control y la externalización de fronteras?».
Una restricción que, con los datos de asilo de 2008 en mano, no puede justifica: sólo 277 personas obtuvieron algún tipo de protección, es decir, el 5,34% de los solicitantes sobre los que el ministro del Interior se pronunció; sólo 151 personas lograron el estatuto de refugiado, la cifra más baja desde 1995; sólo 4.517 personas pidieron asilo, escasamente el 2% de las peticiones de asilo en Europa, que a su vez recibe a un porcentaje muy reducido de los más de 37 millones de refugiados en el mundo.
Entre los perfiles más usuales de los refugiados que llegan a España, tenemos los de los sindicalistas, dirigentes de izquierda y defensores de los derechos humanos colombianos, activistas saharauis que se oponen a la ocupación militar del Sáhara Occidental por Marruecos, mujeres africanas o asiáticas víctimas de la violencia de género, jóvenes africanos que luchan contra las tiranías que saquean sus países en alianza con las transnacionales del Norte…
A todos ellos pretende cerrar las puertas de la protección internacional el Gobierno de Zapatero, el mismo que ha apostado por el dispositivo Frontex para blindar la frontera sur europea, el mismo que ordena la detención de migrantes «sin papeles» a las puertas de los colegios de sus hijos o cerca de sus casas, el mismo que está promoviendo una reforma de la Ley de Extranjería que endurecerá las condiciones de vida de millones de migrantes en España.
La enmienda a la totalidad preparada por Izquierda Unida asume los planteamientos de CEAR, como ya hizo esta fuerza política en 1994, cuando el Gobierno de Felipe González endureció la legislación de asilo, y en 1984, cuando los diputados comunistas, por boca de Gregorio López Raimundo, defendieron que la primera ley de asilo que se aprobaba en España fuera mucho más solidaria de la que finalmente se aprobó.
Entre las principales propuestas de CEAR, están el mantenimiento de la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas; la supresión del plazo de un mes para pedir asilo desde que se llega a España; la eliminación de las repercusiones negativas para este procedimiento de las órdenes de expulsión, devolución o acuerdos de retorno, así como de la fase de inadmisión a trámite cuando se solicita asilo en un puesto fronterizo; la renuncia a exigir las pruebas científicas para probar el parentesco cuando se quiere extender la protección a los famiilares o cuando se solicita reagrupación familiar; el reconocimiento indudable en la nueva ley de la concesión del estatuto de refugiado a las víctimas de la violencia de género; el mantenimiento del papel actual del ACNUR en el procedimiento y de la posibilidad de los ciudadanos de otros países de la UE de solicitar asilo en España.
Recientemente, el Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación ante la situación de los refugiados en España al advertir de que las irregularidades en la devolución de extranjeros impiden que «en esos flujos mixtos de inmigrantes que intentan acceder irregularmente a nuestro territorio, se pueda detectar a aquellas personas necesitadas de protección internacional», además de criticar el concepto de lugar seguro o que las autoridades españolas compartan información con las autoridades de los países de los que huyen las personas. También el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ha criticado que la política de asilo española protege a «pocos o prácticamente ninguno» de los solicitantes de asilo.