A los asesinatos de población inocente y a los escándalos por corrupción, hay que agregar los delitos sexuales que cometen las tropas del régimen contra niñas, incluidas las de etnias indígenas, que hasta ahora comienzan a conocerse.
El actual genocidio contra los movimientos sociales es tan descarnado, que una vez más trascendió las fronteras y 94 Congresistas de los EEUU le solicitaron al Secretario de Estado Mike Pompeo, que presione al Gobierno de Duque para que cumpla el Acuerdo de Paz y garantice medidas de protección a los líderes sociales y los ex combatientes.
Los congresistas fueron enfáticos al afirmar que “la lentitud del Gobierno al implementar el Acuerdo de Paz, su incapacidad para llevar al Estado a las zonas de conflicto y su incapacidad continua para prevenir y enjuiciar los ataques contra defensores han permitido que esta tragedia no se controle” [1].
En este mismo sentido durante la Quinta Asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, el arzobispo de Cali Monseñor Darío Monsalve, afirmó que el Gobierno de Duque tiene “una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios» [2].
Las fuerzas militares utilizan la violencia sexual como arma de guerra
La violencia de sexual con instrumento de guerra de las Fuerzas Armadas (FFAA), tristemente es un flagelo que sigue afectando a las mujeres de las zonas de conflicto, y que el Gobierno ha tratado de ocultar a toda costa.
El Comandante del Ejército, el General Eduardo Zapateiro, reconoció que actualmente 118 miembros de las Fuerzas Militares (FFMM) están en proceso de investigación por abuso sexual, solo 45 de estos fueron retirados de la institución.
Según la Fiscalía entre 1993 y 2016 se presentaron 206 denuncias de violencia sexual que involucra a 281 agentes del Estado, el 77 por ciento de las víctimas son menores de edad [4].
La ONG ‘Temblores’ hizo una investigación de 248 denuncias de abusos sexuales entre 2017 y 2019, cometidos por miembros de la Fuerza Pública, donde aclara que existe un sub registro debido al temor de las víctimas para instaurar denuncias [3].
Las víctimas de este delito son en un 74 por ciento mujeres indígenas, negras, campesinas y estudiantes en su mayoría menores de edad; de los 248 abusos 34 se cometieron en guarniciones militares, 12 en centros de reclusión y 162 casos en lugares apartados.
El Abogado Alberto Yepes, integrante de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), aseguró que los delitos sexuales por miembros de la FFAA gozan de un 90 por ciento de impunidad.
Continúa sin pausa el exterminio
Mateo López Mejía de 28 años, defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, el 4 de julio fue asesinado en el polideportivo del barrio La Esmeralda de Circasia, Quindío.
Gentil Pasos Lizcano de 47 años, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente en Algeciras, Huila, fue asesinado el 5 de julio.
Paola del Carmen Mena Ortiz, integrante del Consejo Comunitario Afrorenacer del Cañón de Micay y del Coordinador Nacional Agrario (CNA), el 5 de julio fue asesinada y su cuerpo desmembrado fue lanzado al río Micay en la vereda Betania en San Juan de Micay, Tambo, Cauca.
Armando Suárez Rodríguez, integrante del Consejo Comunitario Afrorenacer del Cañón de Micay, fue asesinado el 5 de julio en la vereda Nayita en de San Juan de Micay, Tambo, Cauca.
James Montaño de 30 años, ex combatiente en proceso de reincorporación y vocero del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos en Ipiales, Nariño; desapareció el 2 de julio y cinco días después su cuerpo fue encontrado en el río San Miguel en el sector Limoncito en Valle del Guamuez, Putumayo.
Daniel Steven Medina de 21 años, hijo de un miembro de la Guardia Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, fue asesinado el 9 de julio en Toribío, Cauca.
Florentino Toconás Mensa, era docente del Resguardo Indígena de Canoas, vereda Las Vueltas; fue asesinado el 9 de julio en el sector de Dominguillo en Santander de Quilichao, Cauca.
Rodrigo Salazar, líder indígena Awá y Gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, fue asesinado el 9 de julio en Llorente, Tumaco, Nariño.
Fredy Fajardo Ávila ex combatiente de las FARC, fue asesinado el 11 de julio en La Uribe, Meta.
José Marrugo líder y defensor de Derechos Humanos en Sincelejo, Sucre, denunció que el 11 de julio, en una llamada telefónica los narco paramilitares del Clan del Golfo le dieron plazo de 48 horas para abandonar la región.
Notas:
[1] Carta de Congresistas de los EEUU al Secretario de Estado, 6-07-2020.
[2] Arzobispo colombiano acusa a Duque de una «venganza genocida» contra la paz. Agencia EFE, 8-07-2020.
[3] Tercera entrega de informes a la Jurisdicción especial de paz. Fiscalía, 24-08-2018.
[4] El mapa de las denuncias contra la Fuerza Pública por violencia sexual. El Espectador, 7-07-2020.
Himelda Ascanio, analista política, especialista en Derechos Humanos, experto en conflicto y temas de democracia directa.