«Están verdes», afirmó la zorra al ver que no podía alcanzar las uvas. Algo parecido parece que dijo el presidente colombiano sobre los tanques prometidos por el gobierno español de Aznar al conocer que el nuevo ejecutivo de España suspendió la venta de armas. «No mantengo ganas de los tanques. Quisiera que con el Gobierno […]
«Están verdes», afirmó la zorra al ver que no podía alcanzar las uvas. Algo parecido parece que dijo el presidente colombiano sobre los tanques prometidos por el gobierno español de Aznar al conocer que el nuevo ejecutivo de España suspendió la venta de armas.
«No mantengo ganas de los tanques. Quisiera que con el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero hiciéramos un acuerdo para que, en lugar de vendernos esos tanques, nos vendan algo más útil», dijo el presidente Álvaro Uribe ante los periodistas, el miércoles en la reunión con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, en ese país.
Sus palabras sorprendieron porque la compra de 46 tanques, por 6 millones de dólares, había sido defendida a capa y espada, tanto por el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, como por la embajadora en Madrid, Noemí Sanín.
Entre enero y febrero de este año una comitiva de técnicos del Ministerio de Defensa estuvo varias semanas en España revisando los tanques. Y el ministro Uribe, según dijeron en su despacho, remitió la semana pasada una carta a su homólogo español para ratificar que el acuerdo seguía en pie.
Ahora, ni uno ni el otro, ni la Casa de Nariño, dieron mayores explicaciones sobre lo ocurrido.
Sin embargo, el diario colombiano El Tiempo logró establecer que tras varias conversaciones entre la embajadora Sanín y el nuevo gobierno socialista español, la administración de Uribe entendió el mensaje de que para Rodríguez Zapatero sería muy incómoda la venta de esos tanques a Colombia. Y no se descarta, que Madrid le haya dicho a rajatabla que definitivamente no le interesaba la venta.
Tras la derrota del conservador José María Aznar, el nuevo gobierno español no solo retiró sus tropas de apoyo a Estados Unidos en la invasión a Irak sino que ha sido insistente en que no se vendan elementos de guerra a países en conflicto cuyos gobierno violan los derechos humanos, como el caso colombiano.
El presidente Uribe aprovechó la cumbre con el presidente Chávez, uno de los líderes más molestos por esa venta, para dar la noticia de que el negocio se dañó.
Como se sabe, esos 46 tanques serían utilizados como elemento de contención ante una eventual ofensiva venezolana por la zona de la Guajira colombiana. Incluso, como lo informó este diario hace varias semanas, el Ejército colombiano creará el próximo mes la primera brigada de frontera en Castilletes (Guajira) y allí serían destinados los tanques.
El mandatario, tal y como dijo la zorra con las uvas, dijo que «España debería cambiar esos tanques por algo más útil». De esa manera, se congratuló con Chávez y asumió la decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Los antecedentes
El acuerdo para la venta a Colombia de 46 tanques AMX-30 del Ejército de España (entre otras armas, y pactado con el gobierno Aznar) se había convertido en una auténtica película de misterio en la que todos los protagonistas entraron en una ley de silencio que confirmaba que algo muy raro estaba ocurriendo tras bambalinas.
La historia comenzó en marzo con el hoy ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, quien antes de las elecciones del 14 advirtió que en el gobierno socialista entrante la venta debía ser revisada y contar con el aval del parlamento español, pues era «poco clara». Y siguió con una carta del Partido Socialista Obrero Español en la que si bien se aplaudía la entrega de dos aviones Casa-212 para el rescate de heridos, daba a entender que el resto de la venta (los tanques y varios obuses) sería revisada por el nuevo gobierno español.
La dudas se confirmarían al final de una reciente visita del presidente Álvaro Uribe a España, pues consultado sobre el tema, el mandatario se limitó a contestar que «lo importante era el marco general de las relaciones, y que ese marco era muy bueno».
La embajadora Noemí Sanín, organizadora de dos reuniones entre José Bono, ministro de Defensa de España, y Uribe en Madrid, aseguró entonces que el asunto lo lleva el Ministerio de Defensa en Bogotá y el Ministerio de Defensa español ha optado por decir que no tiene nada que agregar sobre el asunto.
Peor aún, interrogado en el Congreso de los Diputados sobre este tema, Bono dio una respuesta tan confusa, que el propio Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida y autor de los cuestionamientos sobre el tema de los tanques, admitió a El Tiempo que su grupo no tenía claridad de que es lo que finalmente iba a pasar con los tanques.
En la comisión de defensa del Senado, Bono dio una clave al afirmar que «en el caso de Colombia, además de cumplir con los compromisos de Estado, vamos a llegar a acuerdos que no son estrictamente los literalmente transcritos en el acuerdo de la compraventa de los elementos materiales que allí se han establecido».
No obstante, la idea de que algo se negociaba era bastante clara. Pero, ¿por qué? La clave parece estar en el papel de Izquierda Unida. La coalición de izquierdas presentó una proposición no de ley, posteriormente negociada con el PSOE, para revisar el acuerdo de venta de armas a Colombia, en la que España se comprometía a no vender armamento a países con historial de violaciones de derechos humanos, tal y como establece la normativa europea. En el caso de la venta a Colombia, se trataba además de un material que generaba hostilidad frente a la vecina Venezuela.
La proposición fue apoyada por todos los grupos a excepción del Partido Popular, quien durante su gobierno no cumplió el compromiso europeo vendiendo armas a países como Colombia o Israel.
El acuerdo tampoco fue fácil, sectores de la derecha gubernamental, entre los que se incluyen el ministro de Defensa José Bono o el de Economía, Pedro Solbes, intentaron hasta el último momento formalizar la venta, sin que pudiera lograrlo.
Finalmente, parece que la política guerrerista del gobierno colombiano, estigmatizada con razón en Europa por sus constantes violaciones de derechos humanos, ha terminado en una de las más bochornosas desautorizaciones.