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La política de seguridad democrática de Uribe

El gobierno colombiano encarceló y extraditó a un inocente al que acusó de comandante guerrillero

Fuentes: Voz

Hace dos años Notipaco fue quizás el primer informativo que sacó a la luz pública el drama de Nelson Vargas el joven araucano que como producto de asuntos pasionales terminó en la cárcel y finalmente extraditado a los Estados Unidos acusado de ser alias «marrano» un comandante guerrillero comprometido en la muerte de tres indigenistas […]

Hace dos años Notipaco fue quizás el primer informativo que sacó a la luz pública el drama de Nelson Vargas el joven araucano que como producto de asuntos pasionales terminó en la cárcel y finalmente extraditado a los Estados Unidos acusado de ser alias «marrano» un comandante guerrillero comprometido en la muerte de tres indigenistas norteamericanos.

Nelson Vargas está nuevamente en Colombia. Los abogados de oficio, su compañera, sus hijos, sus amigos y la propia realidad hicieron añicos las supuestas, contundentes pruebas, esgrimidas por los organismos de inteligencia y las autoridades judiciales en contra de Nelson.

Hay que recordar las presentaciones que hicieron las autoridades policiales de Nelson ante los medios y el orgullo que mostraban ante un nuevo y eficaz golpe contra la subversión. En ese entonces nadie pudo convencer a las autoridades de la injusticia que cometían. Nelson fue el «chivo expiatorio» para corroborar los éxitos de la lucha contrainsurgente y la colaboración ciudadana. Eran las victorias napoleónicas anunciadas por el candidato Uribe.

Ahora el Presidente Uribe, quien indolente y orgullosamente firmó la orden de extradición, dice que si hubo algún error el estado deberá indemnizar a la víctima. Pero no es un error. Son los resultados de una justicia y unas políticas de seguridad, llamada democrática, montadas sobre la estructura de soplones de oficio pagados con el erario publico.

Nelson no es ni ha sido el único. Las detenciones masivas, o pescas Uribistas, han conducido a la cárcel a centenares de inocentes. En todos los casos bajo acusaciones de hampones sostenidos por los organismos de seguridad para que sirvan de testigos o acusadores .No es un error. Es la realidad de las políticas liberticidas del uribismo. Pero Nelson sigue detenido. Ahora la Fiscalía dice que contra él existen varios procesos. No quieren reconocer la infamia. Ahora le montaran nuevos procesos y nuevos testigos para intentar evitar que el Estado sea condenado y deba indemnizar a Nelson Vargas. La justicia en Colombia no solo es para los de ruana. Además de ello, y ser coja, es ciega, prepotente, infame y arbitraria. Vergüenza deberían sentir y liberar inmediatamente a Nelson Vargas y a miles de compatriotas víctimas del terrorismo justiciero impuesto por el régimen despótico de Uribe Vélez.