El 26 septiembre 2017 marca un día histórico para Colombia: el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman un acuerdo de paz, poniendo fin a más de 50 años de guerra civil. Hemos conversado con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, sobre el estado de la implementación […]
El 26 septiembre 2017 marca un día histórico para Colombia: el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman un acuerdo de paz, poniendo fin a más de 50 años de guerra civil. Hemos conversado con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, sobre el estado de la implementación de los acuerdos y los retos futuros de este proceso.
Raffaele Morgantini: El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecería haber quedado atrás, abstracción hecha de los asesinatos extra-judiciales de ex-guerrillero y líder sociales. ¿Dicho esto, a que punto llegó la implementación de los acuerdos de paz? Y en segundo lugar, podríamos decir que las causas profundas del conflicto están siendo tratadas adecuadamente?
Enrique Santiago : El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se basa sobre cinco puntos esenciales. Estimo importante analizar de cerca estos puntos, para tener una visión general de la situación y para poder comprender los desafíos que aún existen para llegar a una paz integral.
En paralelo, no hay que olvidar que un segundo acuerdo de paz se está negociando en Quito (Ecuador) entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. El acuerdo previo entre el gobierno y las FARC, sus consecuencias e implementación, tendrán una influencia transcendental sobre este segundo acuerdo. En ese sentido, es de importancia vital que se analicen en profundidad los retos para su real implementación.
El primer punto del acuerdo es la cuestión de la reforma rural. Es de suma importancia entender que hablar de la cuestión rural, la cuestión del acceso a la tierra, equivale a hablar del origen del conflicto. Las fuerzas guerrilleras colombianas tomaron las armas a causa de la inequitativa distribución de la tierra y la dificultad de acceso a esta. Se trata de la causa estructural principal.
El acuerdo de paz contempla una democratización del acceso y uso de la tierra, a través de diferentes herramientas, como un fondo de tierras, la formalización de los títulos de propiedad a favor de los pequeños campesinos, la creación de programas de desarrollo rural y planes de infraestructura, salud, educación, asistencia técnica. Estas medidas permitirían de reducir la pobreza y la marginalización en las zonas rurales.
Sin embargo, hasta ahora, más de un año después de la firma de los acuerdos, ninguna ley, ni proyecto de ley, fue contemplado por las autoridades públicas en este sentido. La cuestión de la tierra continúa siendo el problema estructural mayor en el país, como lo demuestra la continuación de las practicas de usurpación de tierras por grupos paramilitares o por empresas transnacionales.
El segundo punto, otro punto estructural clave, es la participación política. Las limitaciones a la participación de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas etc. es sin duda otra causa principal del conflicto armado. El acuerdo reconoce la necesidad adoptar reformas político-electorales, garantías plenas para el ejercicio pleno de la oposición política y mecanismos democráticos de participación ciudadana.
Sobre este punto, hubo algunos avances importantes, como la posibilidad para las FARC de organizarse en un partido político. Sin embargo, la participación política de los ex-guerrilleros aun es problemática porque no hay mecanismos ni voluntad política de garantizar su seguridad física. Decenas de ex-guerrilleros ya fueron asesinados después de haber entregado las armas.
El tercer punto es el fin del conflicto armado , con la dejación de armas por parte de las FARC y la reincorporación de los ex-guerrilleros en la vida civil. La dejación de armas por las FARC se terminó, con buenos resultados. Sin embargo, este punto se enfrenta al problema estructural del paramilitarismo, lo cual determina un retraso importante para avances efectivos. La norma para prohibir el paramilitarismo aún no se aprobó. Hoy en día, los paramilitares continúan matando gente, líderes sociales, ex-guerrilleros.
El cuarto punto es la solución al problema del narcotráfico y la sustitución de los cultivos ilícitos. Y el ultimo, es la cuestión de las víctimas y la puesta en marcha de una jurisdicción de paz para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto y acabar con la impunidad. Como se sabe, los crimines paramilitares son los que gozan del grado más alto de impunidad. La Fiscalía justifica este problema con la falta de medios financieros, pero al mismo tiempo si es la institución con el más alto presupuesto.
De manera general, existe un retraso substantivo de la implementación de este acuerdo. Hasta ahora, se adoptaron solo el 20% de las leyes necesarias para garantizar el mínimo imprescindible de su contenido.
¿Como se puede explicar esta falta de implementación? ¿Podemos decir que nos enfrentamos a una falta de voluntad política, relacionada con los problemas estructurales que caracterizan el marco político colombiano?
Desde el principio de 2017, los datos más optimistas dicen que unos 100 líderes sociales fueron asesinados. Si hablamos exclusivamente de los antiguos guerrilleros que dejaron las armas, hablamos de más de 20 asesinados, todos en total impunidad.
Pero veamos el vaso medio lleno, o medio vacío, depende del punto de vista. Estos datos son inasumibles. Pero es cierto que comparado con los datos sobre las violencias durante otros periodos y otros procesos de paz, por ejemplo en los años 90 cuando se produjo el extermino de la Unión Patriótica, estos datos son inferiores al índice de asesinatos y crimines en otros periodos.
Un grave problema es sin duda la falta de aplicación de la ley de amnistía. Al día de hoy, las FARC han cumplido con la rendición de armas, resulta que el estado no cumplió con su obligación mínima y recíproca. Cabe subrayar que en ningún proceso de paz se pudo ver tanta rapidez en la rendición de armas, con la ausencia casi total de accidentes y violencias. Las FARC han cumplido estrictamente su compromiso. El sistema de monitoreo de la ONU anunció a través de un informe que la porcentual de disidencia de los guerrilleros fue muy baja. Los índices de disidencia en conflictos son normalmente de 15-20%, los informes hablan de que la disidencia de las FARC no llego al 5%.
Sin embargo, existe un grave incumplimiento de parte del gobierno, que podrá tener transcendencia muy negativa en el futuro,y es el hecho que el fin de la violencia política no tenga como correlativo el fin de la violencia social.Es decir, que se reproduzcan de manera similar lo que ocurrió en Centro américa, por ejemplo, después de los Acuerdos de Contadora. En El Salvador, hoy en día, el índice de asesinatos políticos es más alto que durante la guerra civil. Esto es el resultado de una deficiente puesta en marcha de políticas sinceras y eficaces de reincorporación económica y social, y de erradicación de la violencia política.Para este acuerdo de paz en Colombia, este es un paso imprescindible para evitar que se repitan estos errores.
¿Nos podría hacer un ejemplo de como se refleja concretamente esta deficiencia política por parte del gobierno colombiano?
Para que se hagan una idea, el gobierno colombiano no ha puesto a disposición ni una hectárea de tierra para ningún ex-guerrillero, teniendo en cuenta además que las FARC es compuesta por un 90% por población campesina. A la fecha de hoy, el gobierno no ha aprobado ningún programa de reincorporación económico y social, sobre todo a carácter productivo, cuando el pasado 15 de agosto entregaron todas las armas y actualmente están en las dichas zonas de reincorporación sin hacer nada.
Lo único que hay acordado por el gobierno, son algunas ayudas directas bajo forma de pensiones por un periodo de 2 anos, equivalentes al 80% del salario mínimo interprofesional. Algo como 600’00 pesos(200 euros) al mes, una cantidad absolutamente insuficiente para poder iniciar un proceso productivo y hasta para sobrevivir. Esto situación es aún más peligrosa en las zonas donde existen economías ilícitas, contrabandos, narcotráfico, en las cuales existen ofertas importantes por organizaciones criminales a los ex-guerrilleros, ofertas que superan de mucho lo ofrecido por el gobierno.
Para que se hagan una idea: si sumamos la totalidad de lo que el gobierno pone a disposición cada mes para los 8’000 ex-guerrilleros (600’000 pesos por mes), mas la ayuda de 2 millones de pesos a todos los guerrilleros para bajar armas y otras ayudas individuales, el total del dinero puesto por el gobierno es el equivalente al presupuesto de diez días de guerra.¡Diez días de guerra! Esto es lo que el estado colombiano está gastando hasta el momento.
El gobierno colombiano no invierte en la paz. De momento, la supuesta paz, le está saliendo muy barata. Esta decisión tiene obvias consecuencias nefastas para la eficacia de la implementación del acuerdo. Si a esto le sumamos otros problemas, como la no puesta en marcha de una reforma rural, la falta de voluntad política en acabar con el paramilitarismo, pues la conclusión es que existe una falta di sinceridad y responsabilidad, y en este sentido la comunidad internacional tiene que tener una voz alta y una posición contundente al respeto.
¿Cuál es la situación del punto de vista de la aplicación de la ley de amnistía, un concepto muy importante en situaciones de pos-conflicto?
Sobre este tema, hubo importantes incomprensiones, sobre todo por parte de organizaciones de derechos humanos y en particular de la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia. A diferencia de la posición mantenida por la misión de monitoreo de Naciones Unidas, la actitud de la oficina del Alto Comisionado ha sido muy deficiente, confusa y no ha ayudado nada al desarrollo de esta ley tan importante.
La Convención de Ginebra, en su artículo 6.5 del Protocolo adicional segundo, establece taxativamente que, a la finalización de un conflicto armado interno, las autoridades del país conceden la más amplia amnistía posible, obviamente con los límites establecidos en el derecho internacional respecto a la amnistía (en ningún caso los crimines internacionales serán amnistiables).
En el marco del presento acuerdo, la ley de amnistía 1820 del pasado 30 de diciembre 2016 elaborada por las autoridades cumple con estos estándares internacionales que acaba de afirmar. De las 84 leyes o programas de amnistía existentes en Colombia desde la independencia, esta nueva ley es la única que establece un catálogo extenso de delitos no amnistiables. Hasta ahora, las más recientes, prohíben la amnistía de conceptos jurídico indeterminados. Por ejemplo, en caso de secuestro o crimines atroces, los cuales no tienen una definición pacifica en el derecho internacional.
¿Cuál es en su opinión el mayor reto que enfrenta este proceso?
Es sin duda la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir el modelo de justicia transicional que prevé la creación de órganos institucionales para hacer efectiva la justicia, la reparación para las víctimas y la no repetición. Este reto está relacionado al necesario establecimiento de instituciones que garanticen la seguridad ante los crimines de las organizaciones paramilitares, las cuales constituyen la principal amenaza al acuerdo de paz.
Fuente: https://www.investigaction.net/es/el-gobierno-colombiano-no-invierte-en-la-paz/