Queremos poner de relieve ante toda la opinión publica Asturiana, nuestra enorme preocupación como sindicato, porque un día sí y otro también, nos vemos sorprendidos por las continuas noticias de pelotazos urbanísticos, obras faraónicas innecesarias, como la de puerto de El Musel, con un sobrecoste de más de 250 millones de euros, el escándalo del […]
Queremos poner de relieve ante toda la opinión publica Asturiana, nuestra enorme preocupación como sindicato, porque un día sí y otro también, nos vemos sorprendidos por las continuas noticias de pelotazos urbanísticos, obras faraónicas innecesarias, como la de puerto de El Musel, con un sobrecoste de más de 250 millones de euros, el escándalo del metrotren en Gijón, por el que nadie pregunta y en el que se gastaron también cantidades incalculables, la regasificadora que sin crear empleo va a suponer unos costes inasumibles, la planta de biodiésel que ahora la empresa adjudicataria dice que no le interesa construir, los astilleros cerrados también a causa de la especulación inmobiliaria, el resto de industrias despidiendo trabajadores a mansalva e infinidad de cosas más que no se pueden enumerar, porque no tendríamos espacio suficiente en un comunicado que se hace en un momento en el que al poder político se le está escapando la situación de las manos.
En un panorama que no nos estamos inventando, sino que es motivo de preocupación para toda la ciudadanía que empieza a manifestar su inquietud en las conversaciones más cotidianas. El sindicato CSI Asturias se ve obligado a salir a la palestra, una vez más, para denunciar el nuevo escándalo político y el comportamiento indecente, por parte del Gobierno de Asturias, en la adjudicación a dedo de la operación conocida como parcela de El Vasco, en Oviedo, para la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en una parte de los terrenos y, en la otra, destinada a viviendas de lujo cuyo coste ascenderá a 200 millones de euros, siendo la adjudicataria de esta operación la empresa Jovellanos XXI, uno de los más notorios grupos que mezclan el poder político con el poder económico, encarnado en su cabeza visible, por el empresario José Cosmen Adelaida.
Cómo será el escándalo que el propio socio del gobierno del PSOE, IU-BA-LV, habla ya de un sobrecoste superior a los 100 millones de euros, quizá por la experiencia del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA, que también ha pasado por las manos de esta empresa. Por esta razón, la coalición IU-BA-LV, socios en el Gobierno del PSOE, y que seguirán en él a toda costa, se curan en salud denunciando lo que ellos mismos están haciendo y así nos enseñan hasta dónde están dispuestos a llegar en su colaboración con los desmanes, corruptelas, el nepotismo y el tráfico de influencias con el PSOE. Hace tiempo que se ha demostrado que en la política asturiana todo vale, pero esta adjudicación por parte del gobierno de la gran parcela de El Vasco, sin concurso público, a dedo y siempre con los mismos beneficiarios, nos revela que estamos llegando al límite de lo que se puede soportar por los que con nuestro sudor pagamos lo que ellos despilfarran en sus chanchullos.
Desde el sindicato CSI, creemos que ante la grave situación que se está viviendo en Asturias de crisis económica y desmantelamiento industrial, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo, deberían establecerse otras prioridades para la inversión de dinero público que en ningún caso pueden pasar por las decisiones que se toman desde la corrupción política y económica.
El Gobierno de Asturias, ante la crisis, incrementa el despilfarro perverso para lucro particular de intermediarios y empresarios fáciles, que construyen sus fortunas sobre los contratos a dedo cerrados sobre miles de millones de dinero público, propiciados por los mismos que son los verdaderos responsables de la crisis y de los miles de despidos de trabajadores/as y que niegan las ayudas sociales a las ya más de 50.000 familias necesitadas que residen en Asturias.
Este nuevo y escandaloso caso de corrupción política y de especulación urbanística no será investigado por la Justicia, porque se hace con la colaboración de los representantes de las instituciones judiciales, y nada menos que para la construcción del nuevo Palacio de Justicia, y como dijimos, otra buena parte de los terrenos será destinada a la construcción de viviendas, es decir, a la especulación pura y dura, mientras los ciudadanos/as seguiremos pagando las duras consecuencias de la crisis económica. Y es responsabilidad de todos los políticos, del Gobierno y de la oposición, porque el PP ya manifestó su apoyo a esta operación a través de su presidente, Ovidio Sánchez y del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo.
Todos ellos seguirán enriqueciéndose a costa de pelotazos urbanísticos, invirtiendo dinero público en proyectos innecesarios para los intereses de los ciudadanos ¿Acaso es tan importante la creación de un nuevo Palacio de Justicia? Existe espacio más que suficiente en las actuales instalaciones judiciales para que nos juzguen a los ciudadanos/as y a los trabajadores/as, porque los políticos y especuladores pasan pocas veces por los palacios de justicia.
Por todo ello, desde el Sindicato CSI, hacemos un llamamiento a toda la sociedad asturiana para que manifieste su rechazo a este tipo de conductas continuadas, por parte de un Gobierno y de una clase política, económica y judicial, que pisotea nuestros derechos e invierten el dinero de los impuestos que pagamos y el que nos roban de nuestros salarios para su propio beneficio y rápido enriquecimiento.