Un encuentro organizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado reúne a representantes de familiares de 15.000 víctimas que denunciaron la persistencia de la violencia en Colombia. Señalan que Juan Manuel Santos ha cambiado el lenguaje pero no se ha frenado la represión. Los crímenes de Estado fueron reconocidos públicamente por Alejandro Reyes, asesor para la restitución de tierras del Ministerio de Agricultura de Colombia durantes las jornadas.
«En Colombia ha habido crímenes de Estado. Desde 1982 se produjo la alianza de narcotraficantes, Fuerzas Armadas, gobernantes y grandes terratenientes para crear el paramilitarismo en el país. Buena parte de la doctrina militar colombiana ha favorecido alianzas con el narcotráfico para controlar las regiones», reconoció públicamente Alejandro Reyes, asesor para la restitución de tierras del Ministerio de Agricultura de Colombia, durante el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado celebrado en Bogotá a mediados de marzo.
Sin embargo, esta aceptación de las denuncias que durante décadas han realizado las organizaciones sociales sobre la implicación del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos no sorprendió a las víctimas. «El cambió en el lenguaje del discurso gubernamental de Seguridad Democrática (lema del Gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez) a Prosperidad Democrática (lema del actual Gobierno de Juan Manuel Santos (de supuesta concertación y respeto a los derechos humanos no ha trascendido a los hechos y se mantiene la violencia sociopolítica, impunidad y el conflicto social y armado», según denunciaron en la declaración política elaborada al concluir el evento.
El encuentro fue organizado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), nacido apenas hace seis años y formado por 300 organizaciones que aglutinan a 15.000 víctimas, entre ellas muchas de las y los exiliados en el Estado español.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y su asesor Alejandro Reyes fueron dos de las personas incluidas en el Gobierno de Santos para tratar de marcar distancias con su antecesor Uribe Vélez. Reyes, autor del libro Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia, intentó convencer a los asistentes al encuentro del MOVICE de las buenas intenciones del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras que se estaba debatiendo en el Congreso de la República.
Por eso, después de sus rotundas manifestaciones y de pedir que se exijan responsabilidades penales a los comandantes militares que promovieron el paramilitarismo, afirmó que la posesión de la tierra ha sido la causa del conflicto, «y quien no tenía fuerza para defender la tierra, la perdió; quien no tenía la protección de la Fuerza Pública, que estaba aliada con los despojadores, la perdió».
Ahora, según el asesor, el Gobierno va a aplicar una política de tierras fundamentada en la «justicia restaurativa y distributiva» y en la cartografía social que se elaborará «recorriendo las veredas para que las comunidades determinen de quién son las propiedades». Pero esta iniciativa se da en medio del conflicto «y es peligroso reclamar las tierras porque una forma de frenar el proceso es matar a los líderes. No se puede quitar la tierra a quien conserva el poder, por eso hay que quitarles el poder a quienes despojaron», señaló Alejandro Reyes. En Colombia hay casi siete millones de hectáreas usurpadas a sus legítimos propietarios. Ley de víctimas sin las víctimas
Frente a este discurso, Franklin Castañeda, portavoz del MOVICE, destacó la paradoja de que el proyecto de ley estuviera a punto de aprobarse sin haber consultado a las propias víctimas, tal como determina el derecho internacional, «ni tampoco a las comunidades a quienes se les ha de restituir las tierras». Consecuentemente, en el texto legal no se reconoce la responsabilidad del Estado en los crímenes ni se establecen garantías para que los retornados puedan permanecer en sus tierras después de que les sean devueltas, «así se facilita que, una vez legalizadas las tierras, éstas acaben de nuevo en manos de los terratenientes o de empresas transnacionales», denuncian las víctimas. Además, se determina que a quienes se les tenga que restituir tierras afectadas por «proyectos considerados como de utilidad pública e interés social» se les compensará en especie, lo que favorece «los megaproyectos agrarios y mineros frente a los derechos de la población desplazada y víctimas del conflicto».
Iván Cepeda, congresista del opositor Polo Democrático Alternativo e hijo del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda -asesinado en 1994 en una acción conjunta entre militares y paramilitares-, criticó que las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas estén condicionadas a criterios fiscales, «es inmoral, cuando en los años de Uribe se dilapidaron recursos en las falsas desmovilizaciones»; altos cargos del Gobierno anterior están siendo investigados por incrementar las cifras de desmovilizados dando dinero a falsos guerrilleros y paramilitares. Y denunció que en la ley no haya mecanismos que garanticen la no repetición de las violaciones «ni para que se desactive la paraeconomía ni los grupos paramilitares, que no son delincuentes mafiosos sino que mantienen alianzas con el Estado».
En este sentido, la declaración final del encuentro recoge que el MOVICE «no ha reconocido ni reconocerá denominar las estructuras paramilitares como bandas criminales o asimilar estrategias de criminalidad de Estado con la delincuencia común».
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