Este domingo 31 de octubre, entre las 12 y las 14 horas, el Movimiento Ciudadano por el Derecho a Voto de los Chilenos en el Exterior ha convocado a la comunidad chilena a manifestarse ante la Embajada de Chile en Madrid (c/ Lagasca, 88).
El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 destruyó un siglo y medio de vida republicana en Chile y las conquistas políticas y sociales del movimiento popular, entre ellas las sucesivas reformas que ampliaron el derecho al sufragio al conjunto de la sociedad a mediados del siglo pasado.
La política de exterminio de la dictadura arrojó al exilio a un millón de chilenos, que se distribuyeron por todos los rincones del planeta. La implementación del modelo neoliberal, que condenó a la miseria a las grandes mayorías del país, forzó también a miles de compatriotas a buscar en otras naciones el pan, el trabajo y la dignidad que les negaba el gobierno de Pinochet.
La comunidad chilena en el exterior se constituyó, en centenares de ciudades y decenas de países, en un apoyo esencial para la lucha por la recuperación de la democracia y la derrota de la dictadura: denunció crímenes tan atroces como la desaparición forzada de personas o las torturas de brutalidad indescriptible, movilizó a las sociedades que les acogieron hasta que el clamor por la libertad de Chile fue universal, apoyó a los compatriotas que dentro de la patria mantenían viva la llama de la esperanza.
Desde el final de la dictadura en 1990, los chilenos expatriados, en cada votación nacional, sólo hemos escuchado promesas sobre el reconocimiento de nuestro derecho al voto. Ricardo Lagos se comprometió a ello al asumir la primera magistratura de la nación ahora hace cuatro años y medio.
Y, sin embargo, de nuevo el próximo domingo, en las cuartas elecciones municipales desde 1992, la transición pactada por las Fuerzas Armadas, la derecha y la Concertación, bajo la tutela de Washington, nos privará de nuestro derecho al sufragio como ciudadanos chilenos. Tampoco olvidamos que aún rige hoy en Chile la ley electoral binominal impuesta por la dictadura que beneficia con descaro a la derecha y pretende excluir a la izquierda de las instituciones.
Más aún, y dado que la constitución chilena de 1980 establece el carácter «obligatorio» del sufragio, los chilenos que viven fuera del país, ya sea por razones de trabajo, estudio, familiares o políticas, están obligados a presentarse ante las autoridades chilenas para justificar su ausencia en las urnas; en caso contrario, deben abonar una multa y asumir posibles penas de cárcel en Chile, ya que la legislación no contempla la suspensión de este deber por encontrarse fuera del país.
En reiteradas ocasiones, Ricardo Lagos se ha referido a los chilenos del exterior como la «XIV Región» del país. Este discurso se ha convertido en retórica ante la pasividad de la Concertación. El gobierno que maniobra, a través del Consejo de Defensa del Estado, para que los criminales de la dictadura queden impunes gracias a la ley de Amnistía es el mismo que priva a decenas de miles de chilenos expatriados de ejercer un derecho y un deber inalienable.