En la madrugada de hoy sábado 23 de abril continuaron los operativos del gobierno distrital contra las mujeres y hombres humildes dedicados a las ventas callejeras en el centro de la capital colombiana. Esta vez los operativos para recuperar el espacio público se desarrollaron con nuevos despliegues policiales en la calle 19, entre carrera tercera […]
En la madrugada de hoy sábado 23 de abril continuaron los operativos del gobierno distrital contra las mujeres y hombres humildes dedicados a las ventas callejeras en el centro de la capital colombiana.
Esta vez los operativos para recuperar el espacio público se desarrollaron con nuevos despliegues policiales en la calle 19, entre carrera tercera y Avenida Caracas, allí se retiró a decenas de vendedores informales que ejercían sus actividades comerciales. En el mes de enero lo había realizado en la calle 72, norte de la ciudad, donde hubo protestas y marchas y los trabajadores informales organizados con sus sindicatos presentaron tutelas, muchas de ellas las cuales ganaron.
Los pequeños comerciantes, denunciaron que fueron desalojados sin previo aviso y sin recibir alternativas de reubicación por parte de la Alcaldía de Bogotá.
«Es sorprendente que una vez más el alcalde Peñalosa disponga de la Policía desde las cuatro de la madrugada con esos operativos para hacer el desalojo masivo sin darle oportunidad a las personas. Les están diciendo lo mismo que les han dicho a todos los vendedores, que los van a ubicar y en este momento no hay módulos disponibles», dijo Félix Palacios, vocero de los comerciantes.
Con este atropello del Gobierno Distrital se desconoce la propuesta realizada a Peñalosa días atrás por las organizaciones de los trabajadores informales en el sentido de «generar una mesa de concertación entre los vendedores y la Administración Distrital», que salió de una audiencia llevada a cabo en el Congreso de la República.
Del mismo modo en esa oportunidad le exigieron al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, una «tregua» para que cesen los desalojos que ha emprendido contra el comercio informal.
Según argumentaron los vendedores, tal tregua busca que se alcancen espacios de concertación y alternativas de empleo tal como lo ordena la Corte Constitucional en la sentencia T-396 de 1997, en la que establece que «el desalojo está permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados».
Voceros de las organizaciones manifestaron que solicitarán audiencia ante la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de las sentencias que protegen a los vendedores ambulantes y anunciaron la realizaron de jornadas de protestas en el centro de la ciudad para exigir a la administración respeto al derecho al trabajo.
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