El Gobierno español va a remitir al Congreso de los Diputados un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015, lo que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de los mismos.
La posibilidad de reclamar los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el Estado español entre 1998 y 2015 se abrirá una vez que el Congreso de los Diputados reciba el listado confeccionado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo español, Carmen Calvo, ha informado de la remisión de ese listado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Calvo ha subrayado que el PSOE ha venido reclamando desde hace años la publicación de ese listado de inmatriculaciones de la Iglesia y el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno.
En concreto, se pidió que enumerase los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por primera vez) desde 1998, que fue la fecha en la que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se reformó la Ley Hipotecaria.
Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
En concreto, de las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas o locales.
Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título «bastante y suficiente para la demostración».
El Congreso de los Diputados ya instó hace cuatro años a analizar los documentos acreditativos de la propiedad utilizados por la Iglesia y, que en caso de no ser suficientes ni válidos, se reclamase la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también hayan sido inmatriculados, como la Mezquita de Córdoba.
Con la remisión del informe del Gobierno español al Congreso, este listado será público y los particulares podrán presentar las reclamaciones que consideren oportunas al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad.
La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
Calvo ha señalado que, a partir del paso dado este martes por el Gobierno, quien crea que tiene derechos sobre alguna propiedad, puede actuar mediante una primera vía para que la administración abra una investigación sobre la titularidad de los inmuebles y también acudiendo a los tribunales.
«Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le hizo al Gobierno de Mariano Rajoy y que no cumplió», ha apuntado.
En Euskal Herria, se calcula que los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 serían 1.592, por lo que, teniendo en cuenta que Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa totalizan 523 municipios, ello supone una media de 3,04 inmatriculaciones por localidad.
Un paso «limitado»
La remisión de ese listado al Congreso de los Diputados español ha sido calificado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Nafarroa como un paso «limitado» dentro de un proceso que es «larguísimo».
El portavoz de la Plataforma, Andrés Valentín, ha explicado que éste es un listado de 1998 a 2015, pero, en su opinión, es «imprescindible» disponer de las notas simples de los registros de la propiedad, no solo del listado, desde 1946 hasta 2015.
«Es un paso que se ha tardado un tiempo excesivo en dar» tras la proposición no de ley aprobada en ese sentido en 2017, ha dicho Valentín.
Sobre la posibilidad de que este listado abra la vía a reclamaciones sobre la titularidad de estos bienes, se ha preguntado si desde el Gobierno español están «promoviendo 35.000 pleitos» o «están pretendiendo que haya unos pocos pleitos y con ellos dar por bueno todo aquello que no se haya pleiteado».
«Nos parece que no es la solución. Defendemos que hace falta una iniciativa legislativa, incluso un decreto del Gobierno, que vuelva la titularidad de los bienes a la situación anterior a la inmatriculación, sean de particulares, de entes públicos y, con especial razón, aquellos bienes que son de dominio público», ha destacado el portavoz de la plataforma.
La Plataforma calcula que en Nafarroa hay más de 5.000 bienes inmatriculados de 1946 a 2015. Esta entidad tiene datos de 2.500 a 3.000 inmatriculaciones, pero en muchas de ellas se registra más de un bien.
En concreto, la Plataforma tiene datos de 1.087 inmatriculaciones de las que cuenta en su mayoría con las notas simples y 1.450 de las que solo hay listados.