Se afirma desde altas esferas estatales el despropósito además de jurídico, también ético, de querer persuadir a los connacionales que lo privado debe prevalecer sobre lo público. Si esa es su premisa mayor al colocar lo estatal como lo secundario, entonces significa que el Estado está al servicio no de lo público sino del sector […]
Se afirma desde altas esferas estatales el despropósito además de jurídico, también ético, de querer persuadir a los connacionales que lo privado debe prevalecer sobre lo público. Si esa es su premisa mayor al colocar lo estatal como lo secundario, entonces significa que el Estado está al servicio no de lo público sino del sector privado, dejando a los habitantes de Colombia: sus personas, ciudadanos, infantes y adolescentes nacionales y extranjeros residentes en nuestro territorio sin la protección del Estado, como señala la normatividad internacional e interna sobre el ejercicio real y no meramente formal de los Derechos Humanos.
Para qué entonces el artículo 93 de la norma superior que preceptúa claramente que los Tratados Internacionales que versen sobre Derechos Humanos prevalecen sobre la Constitución en todo momento?
Para qué el 94 constitucional que reafirma que todos los derechos humanos no puede el Estado renunciar a su aplicación, para que los habitantes y las personas puedan ejercerlos?
Para qué el 85 de la ática norma que ordena la aplicación inmediata por parte del Estado de los derechos fundamentales para que la paz y la convivencia puedan prevalecer?
Para qué el 22 superior que ordena al Estado y colombianos a defender la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento?
Para qué los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que el Estado se ha comprometido defender, acatar, cumplir y desarrollar?
Para qué la Convención de Viena también suscrita por el Estado Colombiano que no da pié para que Colombia incumpla sus compromisos internacionales, avalados internamente por sus respectivas Leyes Aprobatorias de Tratados Internacionales?
Para qué el Estado de Derecho que ya está en desgaste, que los mismos funcionarios ejecutivos lo deslegitiman dándole prioridad a lo privado sobre lo público, como se ha venido afirmando últimamente desde la Presidencia de la República, está ocurriendo en esta coyuntura política como política de Estado?
Para qué la Presidencia de la República si en vez de defender lo público ampara lo privado?
Todos estos interrogantes lo presentan las comunidades de diferentes sectores sociales que acuden al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia a solicitar y preguntar qué hacer ante tanta desprotección estatal que está agudizando la actual catástrofe humanitaria y social en Colombia.
Ya es una preocupación nacional ante tanta calamidad y tragedia; por ejemplo, se está denunciando que los Juzgados Civiles de Circuito, con honrosas excepciones, en el fin del siglo pasado y comienzo de éste están al servicio de los bancos, del capital financiero, del sector privado cuando se despoja de la vivienda a los habitantes colombianos en sendos y múltiples procesos ejecutivos, a pesar que la Constitución Política preceptúa a favor de la vivienda digna de los colombianos, a favor de lo público. ¡Es toda una paradoja!.
Se afirma que debe primar la educación pública, estatal y gratuita de cero a noveno grado, pero en las estadísticas de las Secretarías de Educación de las grandes capitales de Departamento se aprecia que el número de Instituciones Educativas de esos grados escolares es mayoritariamente privada, y que la denominada ampliación de cobertura educativa es otra forma de privatizar la educación al trasladar parte del erario público destinado a la educación oficial a enriquecer la educación privada. ¡Qué gran contradicción!. Es toda una ignominia al derecho y a la sociedad.
¡Ni qué hablar de la salud!. Cuando se lleva el enfermo a instituciones prestadoras del servicio de salud, no piden al enfermo, sino al carné como si ese documento fuera el enfermo, y para atender al paciente, ese carné debe estar al día en la cotización, situación que ha llevado a que se produzca en Colombia el hecho notorio y público llamado el paseo de la muerte. Es toda una tragedia nacional de clara vulneración al derecho a la vida, a la salud y a sus conexos.
De igual manera cuando se penaliza y se criminaliza la protesta social es colocar la justicia en desgaste y deslegitimación desde el mismo Estado, a pesar del conocimiento que se tiene que la protesta, la libre opinión, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la objeción de conciencia, la libre movilización, entre otros, son derechos universales, imprescriptibles, inderogables, progresivos e inalienables desde el mismo momento que se conquistaron socialmente.
Es como utilizar la justicia como un arma de guerra para acallar a los opositores políticos, en vez de garantizar ella misma, es decir el Estado a través de Ella, la defensa de los derechos humanos. Es una gran contradicción que sólo se puede resolver democratizando al País, defendiendo las libertades democráticas conculcadas actualmente. Sólo se puede resolver esta contradicción con un Estado de nuevo tipo, diferente al autoritario que con extremistas rasgos fascistas impera hoy.
Hoy Colombia ocupa deshonrosamente el primer lugar en el mundo en desplazamiento forzado, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, amenazas, persecución, asesinato, retenciones indebidas, secuestros a dirigentes sindicales, cívicos, populares y políticos de diverso orden, como igual se hace contra abogados, activistas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La formalidad normativa no coincide con la cruda realidad, de catástrofe social y humanitaria. Sigue vigente todo lo que el eximio escritor Diego Montaña Cuéllar manifestó en su Obra «Colombia: País formal, Colombia País real». De igual manera recuerdo al maestro, insigne demócrata y dirigente del Partido Conservador, Ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa, abogado constitucionalista, miembro fundador con Gilberto Viera, Hernando Hurtado, entre otros, del CPDH en 1979, ilustre Constituyente junto a Aída Abella, también Constituyente, conspicua comunista y sobreviviente del genocidio político cometido por el Estado contra la UP y el PCC, ambos dirigentes apoyados por el suscrito, cuando Él escribió en su Libro «Poder Presidencial en Colombia», que el Presidente en Colombia era casi una especie de dictador constitucional, y eso es lo que hoy se aprecia. Afirmó también en 1979 cuando Gobernaba Turbay Ayala el del nefasto Estatuto de Seguridad, que tres tendencias afectan la democracia en Colombia, a saber: «el excesivo poder presidencial, el Estado de Sitio y la pobreza represada» Como si este precursor de la defensa de los Derechos Humanos en ese tiempo hubiese advertido lo que hoy sucede.
Por el peligro que representa el planteamiento realizado últimamente desde la Presidencia de la República se convoca a crear un frente amplio por la defensa de los derechos humanos, para que el ejercicio de ellos sea real y no se queden en la mera formalidad. Es que la normatividad debe ser para defender lo público, pues pública es la existencia de la sociedad, compuesta por seres humanos que prevalecen sobre la propiedad privada y el capital.
Se sabe que la producción de la riqueza es social, es construida entre todos, de ahí que la apropiación de ella debe ser también social, y no privada como pretende continuar el régimen político actual. De ahí la necesidad de construir un Estado de nuevo tipo, donde prevalezca lo social, lo público estatal, lo solidario, la emulación y la defensa de la soberanía para transformar las necesidades en ejercicio real de los derechos.
Por todo esto queremos ser gobierno. Queremos construir una sociedad donde impere la paz con justicia social y no esta guerra que favorece la desigualdad social.