Armas para los particulares El pasado 9 de febrero, el presidente Iván Duque anunció que la nueva directriz sobre el porte de armas mantendrá el monopolio de la fuerza en el Estado, pero que se entregarán permisos para que los particulares las lleven en «circunstancias excepcionalísimas». En diciembre de 2018, el presidente había firmado el […]
Armas para los particulares
El pasado 9 de febrero, el presidente Iván Duque anunció que la nueva directriz sobre el porte de armas mantendrá el monopolio de la fuerza en el Estado, pero que se entregarán permisos para que los particulares las lleven en «circunstancias excepcionalísimas».
En diciembre de 2018, el presidente había firmado el Decreto 2362, que prorrogaba la prohibición del porte de armas, pero abría la puerta para que el ministerio de Defensa hiciera más flexible la concesión de permisos y entregara armas a los civiles.
Además Duque anunció que se expedirá un reglamento para evitar la arbitrariedad y la corrupción en la entrega de estos permisos.
Pero con todo y eso quedan dudas:
- ¿Qué tanto servirán los controles para la autorización del porte de armas?
- ¿Será que la entrega de esos permisos «excepcionalísimos» se traduce en mayor seguridad?
- ¿Cómo asegurar que esa flexibilización no desemboque en otra ola de violencia o en la aparición de nuevos grupos paramilitares?
¿Quién está interesado en armarse?
En enero de este año, dos hombres encapuchados secuestraron al ganadero Juan Felipe Ustariz en el departamento de Cesar. Días después, su cuerpo fue hallado incinerado dentro del vehículo en el que se lo llevaron.
A raíz de ese hecho, el expresidente Álvaro Uribe dijo que el gremio ganadero en el Cesar «amenazaba con armarse», y pidió al Gobierno Nacional flexibilizar los permisos de porte de armas en el país.
Las armas en manos de civiles afectan tanto la seguridad colectiva como la individual.
Los ganaderos alegan que la seguridad se ha deteriorado en los últimos meses y que, como el gobierno no tiene la capacidad de protegerlos, ellos deberían poder ejercer su legítima defensa.
La inseguridad en Colombia ha creado muchos mitos, y el más común consiste en creer que cuanto más poder de fuego se tenga, más seguridad hay. Se trata de una idea falsa, pero a la vez acorde con una cultura política que elogia la mano dura, la camioneta blindada y el cinismo legal.
No existe ninguna evidencia para afirmar que el porte de armas de fuego por particulares se traduzca en un aumento de la seguridad o en una disminución del crimen.
Por el contario, las armas en manos de civiles afectan tanto la seguridad colectiva como la individual, incluyendo la seguridad de quien decide portar un arma de fuego para protegerse.
El caso de Estados Unidos así lo demuestra: se trata del país con la tasa de posesión de armas más alta del mundo -88,8 por cada cien mil habitantes-. Y aún así, en una encuesta realizada el año pasado por la NBC, el 58 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta sobre si portar un arma de fuego los haría sentirse más seguros.
Sin embargo, estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que existe una correlación positiva entre porte de armas y violencia homicida. En otras palabras, más armas equivalen a más homicidios, y no a más seguridad. En materia de accidentes y suicidios los datos son contundentes y señalan por ejemplo que los niños entre 5 y 14 años que viven en una casa donde hay un arma de fuego tienen once veces más probabilidades de morir que aquellos niños que viven en una casa donde no la hay.
La ciencia también ha mostrado que la restricción y el mayor control a la comercialización de porte de armas de fuego salva vidas. Así lo plantea un análisis publicado hace poco en Epidemiologic Reviews, que examinó 130 estudios en 10 países entre 1950 y 2014 y concluyó que la restricción del porte de armas, con controles como como verificación de antecedentes, limitaciones de edad y chequeos de salud mental, se traducen en una disminución de la violencia interpersonal.
Las armas de fuego están diseñadas para matar, no para disuadir, asustar y mucho menos para servir de credencial de determinado estatus social.
Las razones de Uribe
En una reunión privada del Centro Democrático en Montería, el expresidente Uribe dijo que «la ciudadanía lo que está pidiendo es alguna flexibilidad para los permisos especiales. Porque entonces dicen en Valledupar: salimos para Bosconia, nos atracan por el camino, no tenemos con que defendernos y nos matan.»
Pero esa afirmación también se opone a la evidencia actual. En primer lugar, los desenlaces fatales son mucho más comunes cuando la víctima opone resistencia. Justamente por eso las campañas de seguridad ciudadana recomiendan no oponer resistencia al hurto, particularmente a los más violentos, como el fleteo.
El ejemplo más cercano es la muerte de Legarda, en Medellín, quien murió por una bala perdida proveniente de un arma legal: la del escolta que trataba de defender a la víctima del fleteo.
Pero además del posible aumento de los homicidios, también hay otros escenarios que se deben tener en cuenta para formular una directriz de porte de armas. A menudo, un ataque violento no acaba en un homicidio, sino en lesiones permanentes como la discapacidad. Ese tipo de desenlaces tienen costos sociales altísimos para las víctimas, las familias y, desde luego, para las comunidades.
Los efectos psicológicos -como el estrés postraumático- pueden tardar años en una víctima. Más allá de los costos económicos que esto implicaría para el ya desfinanciado sistema de salud del país, los costos sociales son incalculables.
Pero incluso si decidiéramos ignorar la evidencia y le diéramos la razón al expresidente Uribe, entregar permisos para portar armas sería inconveniente para el país:
- Porque vivimos en una sociedad donde las cifras de violencia doméstica y el feminicidio crecen ante la impotencia de las autoridades; donde gran parte de los homicidios son provocados por casos de riñas, muchas veces asociadas con el consumo de licor; y donde la infraestructura social para la resolución pacífica de conflictos es precaria, casi inexistente. Por eso, en nuestra sociedad, el resultado inevitable de armar a los civiles es el aumento del crimen y la inseguridad.
- Porque según datos de Medicina Legal, en 2017 el 83,44 por ciento de los casos de lesiones personales tuvieron como causa una riña, mientras que solo el 9,82 por ciento tuvieron como causa un hurto o un atraco callejero.
- Porque en 2017, el 71,66 por ciento de los homicidios en Colombia -es decir, 8,122 casos- se cometieron con armas de fuego.
Además, armar civiles es inconveniente porque Colombia es un país con una bajísima capacidad institucional para regular los mercados legales con alto riesgo de ilegalidad. Se trata de mercados donde se intercambian bienes legales y cuya comercialización está regulada por la ley, pero son copados por otros actores para evadir, alterar, o aplicar de manera discrecional dichas regulaciones de forma ilegal.
Los desenlaces fatales son mucho más comunes cuando la víctima opone resistencia.
Tres ejemplos que demuestran la facilidad con la que la flexibilización del porte de armas abriría una ventana de oportunidad para un mercado ilegal de armas legales son:
- El mercado ilegal de los explosivos legales utilizados para minería, como la pentolita, con la cual se perpetró el ataque contra la Escuela General Santander.
- La propagación de camionetas con blindajes de categoría tres en manos de particulares, sin ningún riesgo objetivo de seguridad pero ávidos de evadir restricciones a la movilidad impuestas por autoridades locales.
- Los débiles controles de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para la expedición de licencias a empresas de vigilancia y seguridad privada, cuyo registro de armas de fuego es gris y poco transparente, en el mejor de los casos.
El peligro de fondo
Entonces que la pregunta de fondo: ¿qué interés tiene un sector minoritario de la sociedad para pedir armarse, si los costos de dicha decisión serían desproporcionadamente altos para el resto de los ciudadanos?
Si el expresidente Uribe considera que esta medida puede dar mayor seguridad a las personas cuya seguridad está en riesgo inminente, ¿por qué no permitir el porte de armas a líderes sociales en el país, ellos sí, víctimas de la violencia sistemática?
Además de contrariar la evidencia, las declaraciones del expresidente Uribe traen implícitas el chantaje de la justicia por mano propia, que el país debe rechazar de manera tajante. Este no es el lejano oeste en donde se puede campear el «usted no sabe quién soy yo» respaldado por un revolver al cinto, como en los tiempos de los paramilitares.
El precio de permitir que los civiles porten armas en una sociedad con una cultura de la ilegalidad tan arraigada como la nuestra puede ser altísimo.
Ojalá que la directriz del presidente, que dice ser estricta y excepcional, no sea un saludo a la bandera y una prerrogativa para los sectores más cercanos al partido de gobierno.
Jorge Mantilla, Investigador Asociado Great Cities Institute- Chicago.