Médicos procedentes de Bolivia, concretamente de los municipios de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, se desplazaron a Navarra en el año 2003 para realizar «pasantías de tres semanas» en centros de salud públicos de la Comunidad Foral. Así al menos lo recoge la prensa local de aquel país que a través del periódico El […]
Médicos procedentes de Bolivia, concretamente de los municipios de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, se desplazaron a Navarra en el año 2003 para realizar «pasantías de tres semanas» en centros de salud públicos de la Comunidad Foral. Así al menos lo recoge la prensa local de aquel país que a través del periódico El Día , informaba sobre este hecho en su edición del 28 de marzo del año pasado citando fuentes oficiales de la Administración Boliviana. Se da la circunstancia, según las mismas fuentes, de que esta colaboración se tramitó a través de la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios, FEESS, y de forma paralela al programa de asistencia técnica y formación a profesionales de la salud, que esta entidad, en colaboración con la Fundación Humanismo y Democracia, desarrollaba en el país andino con fondos provenientes del Gobierno de Navarra.
Es precisamente este programa uno de los que ahora esta siendo investigado por el Ejecutivo foral al existir sospechas de que el dinero con que se financió (404.624 euros de los que ya se abonaron 110.352) fue desviado por Humanismo y Democracia (fundación vinculada al PP y regida entonces por Ricardo de León, delegado foral en Madrid) a «entidades interpuestas» que «nada tienen que ver con el objeto de la subvención». Entre ellas, los técnicos de Bienestar Social que investigan esta trama nombran precisamente a la FEESS, fundación que sin embargo mantenía tratos directos con el Gobierno foral justo en la materia que ahora esta bajo sospecha (formación en salud), en las fechas que se revisan (años 2002 y 2003) y en las localidades donde se ubica el gasto (La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca).
Fuentes del propio Ejecutivo explicaban ayer que éste tiene abiertas dos líneas de colaboración para acoger y formar temporalmente médicos del tercer mundo en Navarra. La primera, vinculada al departamento de Salud, sitúa a los galenos principalmente en los hospitales públicos mientras la segunda, desarrollada por Bienestar Social, trabajaría sobre todo con los centros de atención primaria. Este periódico no pudo confirmar si la colaboración se dio con Bienestar Social, departamento que concedió las polémicas subvenciones y que localiza a todos los altos cargos que están siendo investigados (desde De León a José Luis Alli, pasando por Luis Ciriza y Joaquín García).
Que el Ejecutivo de Navarra colaboraba con la FEESS y con Humanismo y Democracia al mismo tiempo viene avalado por otro dato. En el acta de la VIII reunión de la comisión mixta hispano boliviana de cooperación celebrada en Madrid el 12 y 13 de junio de 2003 se dice textualmente que «las relaciones de cooperación que mantiene Navarra con Bolivia son prioritarias. Entre los proyectos actualmente en marcha, cabe destacar el proyecto de asistencia técnica en materia de desarrollo de la atención familiar y comunitaria de salud que la Fundación Humanismo y Democracia, en colaboración con la FEESS está realizando en La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca. El Gobierno de Navarra apoya el proyecto, por una parte mediante su cofinanciación, y por otra poniendo a disposición del mismo diversos centros públicos de atención primaria de salud».
El Patido Socialista relaciona el caso con una posible «trama» de financiación irregular del PP en todo el Estado
El secretario general del PSN, Carlos Chivite, relacionaba ayer la trama en torno a las subvenciones concedidas a Humanismo y Democracia con una posible maniobra de financiación ilegal del Partido Popular a nivel de todo el Estado. Indicó hoy que las posibles irregularidades detectadas en Navarra pueden ser «sólo la punta del iceberg» de «una auténtica bolsa de recursos aportados por distintas administraciones, incluida la central».
Chivite no descartó que las irregularidades se deban a un beneficio privado obtenido por algunas personas pero explicó que también existe «una duda razonable» en torno a la posibilidad de que este dinero público haya podido servir para financiar «directa o indirectamente» al PP. «Se pueden crear estructuras intermedias, que aparentemente operan en un sector como el educativo pero que están actuando como auténticos agentes políticos y electorales», dijo, y comentó que ante esta duda «ya tendría que haber respondido el Gobierno de Navarra» que «debiera haber conocido a dónde han ido a parar los fondos».
A juicio del responsable de PSN el cese de De León como delegado del Gobierno de Navarra en Madrid (dirigió y coordinó entre 1994 y 2004 Humanismo y Democracia) fue «un cese forzado» por los expedientes que ya tenía abiertos el Gobierno y que habría «tratado de ocultar».
Para Chivite el papel desarrollado por Ricardo de León en esta trama ha sido el de «intermediario institucional» y «agente ideológico, político y electoral del PP», por lo que reclamó al Gobierno de Navarra información sobre unos hechos en los que «forzado por la situación, dice ahora que actuará con transparencia y rigor». «¿Por qué no lo ha hecho antes?», se preguntó Chivite, quien recordó que la Ley de Fundaciones «obliga a éstas a presentar anualmente sus cuentas» y por lo tanto Humanismo y Democracia «así habrá tenido que hacerlo ante el departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo».
«UPN ahora se protege pero no ha dicho toda la verdad», afirmó, y añadió que, más allá de Ricardo de León, Gonzalo Ruiz y otros ex altos cargos de la Administración navarra que aparecen como «presuntos implicados», existen «otras responsabilidades administrativas y políticas del Gobierno» por «descontrol o desconocimiento consentido». Según Chivite tanto UPN como CDN, socios en el Gobierno, «han sido cómplices necesarios de estas actividades, cómplices de un dinero que al parecer ha servicio para financiar actividades vinculadas al PP» porque «De León ha sido nexo entre UPN y PP, esperemos que no los haya sido también de una trama de intereses, influencias y financiación irregular».
Con el fin de aclarar lo ocurrido con el dinero publico que recibió la Fundación Humanismo y Democracia, el PSN ha pedido que comparezcan en el Parlamento entre otros el consejero de Presidencia, De León y Ruiz, y al mismo tiempo ha solicitado del Gobierno todos los expedientes completos de las subvenciones concedidas a Humanismo y Democracia y todas las memorias que ha debido presentar la Fundación en Economía y Hacienda.
IU pide que el tema llegue a la fiscalía anticorrupción
IU considera que, a la vista de los datos sobre la Fundación Humanismo y Democracia, «es necesaria la intervención e investigación de la Fiscalía Anticorrupción» y, por ello, solicita al Gobierno que remita a esta institución «toda la información y documentación de que disponga para que pueda actuar». La coalición entiende, según indica en un comunicado, que «no es suficiente la investigación, expedientes y sanciones, que haga el Gobierno de Navarra» por lo que recuerda que desde IU se ha solicitado «una seria y exhaustiva fiscalización externa» por parte de la Cámara de Comptos «y que lo haga además de forma urgente y prioritaria».
Pero además, sostiene, «también es necesario que se investigue hasta que punto este caso es puntual o es uno más dentro de una serie de actuaciones irregulares o ilícitas».
«Es decir, es necesario saber si las personas involucradas conformaban en la administración foral un entramado de cargos y responsables que concertaban sus actuaciones hacia fines ilícitos», explica IU, que precisa que «es por ello que solicitamos la intervención de la Fiscalía Anticorrupción».
Aralar quiere reunir a la mesa y junta de portavoces
Aralar ha solicitado que la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento se reúna con carácter urgente para poner fechas a las diferentes comparecencias que se han solicitado en torno a la Fundación Humanismo y Democracia y a la destitución del delegado del Gobierno de Navarra en Madrid, con objeto de que la ciudadanía «pueda conocer con inmediatez lo que se hizo con un dinero que procede de las arcas públicas».
Aralar considera que existe «riesgo de que este problema pueda alcanzar los niveles de alarma social». Piensa que el Gobierno «está intentando ocultar algo» y advierte que «no sólo basta con las buenas palabras y las buenas intenciones».