La Unión Sindical Obrera -USO- denuncia ante el país y la comunidad internacional la cadena de atropellos que el gobierno de Iván Duque viene cometiendo contra la organización de la protesta social en el país, que se realizará el próximo 21 de noviembre. En efecto, las centrales sindicales y cientos de organizaciones campesinas, indígenas, de […]
La Unión Sindical Obrera -USO- denuncia ante el país y la comunidad internacional la cadena de atropellos que el gobierno de Iván Duque viene cometiendo contra la organización de la protesta social en el país, que se realizará el próximo 21 de noviembre.
En efecto, las centrales sindicales y cientos de organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, y estudiantiles hemos convocado un Paro Nacional para rechazar los asesinatos de indígenas, niños, campesinos, líderes sociales y reincorporados del Partido FARC; rechazar la amenaza de una reforma laboral que busca afectar el salario, las formas de contratación, pensiones y prestaciones sociales de los trabajadores; denunciar la profunda crisis de la salud, los problemas de movilidad, el encarecimiento de los servicios públicos y los alimentos.
El gobierno a pesar que ha dicho ladinamente «que garantiza la protesta social», está comprometido en la más intensa campaña de estigmatización y calumnias contra el paro, está militarizando el país, como si se tratara de una guerra y en la madrugada de hoy 19 de noviembre, allanó las residencias de Johan Pinzón (periodista) y Johana Hincapié, integrantes del Congreso de los Pueblos y Ciudad en Movimiento, quienes realizan trabajo comunitario en la localidad de Suba en Bogotá y con colectivos de mujeres respectivamente; sus objetos de trabajo, material fílmico y fotográfico y de difusión de sus procesos sociales, entre otros, incautados arbitrariamente como si se tratara de objetos ilegales. Igualmente fue allanada la residencia de Sharon Dayanna Rivera Ayala en el sur de la ciudad.
Como si se retrocediera a las oscuras épocas de Estatutos de Seguridad de Turbay Ayala, las órdenes de allanamiento se amparan en supuestos delitos como «terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos» los cuales evidentemente no fueron encontrados en los irregulares allanamientos que incautaron los celulares de toda la familia impidiéndole el derecho constitucional a comunicarse de manera permanente.
Igualmente fueron allanadas viviendas en las localidades de Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Engativá, de un grupo de estudiantes de las Universidades Públicas Distrital y Nacional en Bogotá, pertenecientes a colectivos de estudiantes y artistas gráficos (GEA y Resiste), estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales, antropología y artes, entre otros, como: Sebastián Ceballos, Laura Rodríguez, Marlon Rivera, Fabián Montealegre, Jerson Morales, Carol Dayana Chaparro y Andrés Palacios. Así mismo allanaron la sede del proceso de artes gráficas Cartel Urbano.
Lo que está pasando en Colombia es de suma gravedad, la USO condena estos hechos de persecución, amenaza e intimidación contra los sectores obreros y populares, que ejercen legítimamente su inconformidad y el derecho a movilizarse contra el régimen de arbitrariedad que ha generado este gobierno. No vamos a desistir del Paro del próximo 21 de noviembre.
En vez de un operativo militar de tierra arrasada contra la población inerme, lo que el gobierno debiera hacer es dirigirse al país y anunciar el cese inmediato de los asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales, renunciar a la guerra contra el pueblo y comprometerse con el proceso de paz, tomar medidas económicas para elevar el nivel de vida de la población en vez de gravarnos con onerosos impuestos, anunciar el fin de la corrupción. El pueblo no es «vándalo», lo es un régimen que asesina y somete al hambre a los ciudadanos.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24877