«El Gobierno no ha ‘desparamilitarizado’ a la sociedad»

El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hizo un alto en su apretada agenda para visitar el país. VerdadAbierta.com conversó con él sobre el proceso de paz, las lecciones que deja la Ley de Justicia y Paz y su experiencia en Centroamérica.

El abogado Iván Velásquez parece tener un imán personal que hace que caigan en sus manos los más complejos y determinantes procesos judiciales. Siendo Procurador Regional de Antioquia, a principios de los noventa, debió seguirles la pista a todos los excesos y los crímenes cometidos por Pablo Escobar durante su estadía en la cárcel de la Catedral. Años más tarde, siendo Director de Fiscalías en Antioquia, coordinó el allanamiento a un parqueadero en Medellín donde se halló abundante información sobre los nexos políticos, militares y financieros de las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Caso conocido como «Parqueadero Padilla».

Siendo Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia logró poner en evidencia los vínculos de cientos de políticos regionales con importantes jefes paramilitares. Ahora, Velásquez es uno de los hombres más apreciados por buena parte de la sociedad guatemalteca gracias a las investigaciones que impulsó desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig-, que permitieron develar sólidas redes de corrupción al interior del gobierno de ese país centroamericano y que terminaron forzando la renuncia de su presidente, Otto Pérez.

Quizás por ello, cuando se le indaga por temas relacionados con la corrupción, procesos de paz y los derechos humanos, las respuestas no solo reflejan su experiencia jurídica sino la sapiencia propia de quien ha tenido que perseguir por más de tres décadas los más oscuros pecados del Estado. Esta semana, Iván Velásquez hizo un alto en su apretada agenda en Guatemala para cumplirle una cita a la Universidad de Antioquia. En la conmemoración de sus 212 años, el Alma Máter le otorgó la distinción como uno de sus egresados más sobresalientes.

VerdadAbierta.com dialogó con él sobre lo que ha sido esa difícil tarea hacer prevalecer la justicia en Colombia y Guatemala, dos países que a su juicio, comparten problemáticas similares pero de las cuales, cada uno puede aprender del otro.

Verdad y transparencia. El gran complot

-VA: ¿Qué opinión le merece el anuncio sobre un acuerdo en el tema de justicia alcanzado en la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba?

-IV: Pues aquí hay una situación y es el tema transparencia. En este caso, cada vez son más los desacuerdos en algo que considerábamos que había acuerdo. Y eso va enturbiando el ambiente, impidiendo ver cosas puntuales como los términos en que se establece la restricción de libertades que se leyó ese día en el comunicado. Es necesario conocer los acuerdos.

-VA: Aun así, con el poco conocimiento que existe sobre el acuerdo, ¿le parece positivo que se exija verdad plena a los actores del conflicto?

-IV: Creo que la verdad es un valor fundamental. Y le responderé desde mi experiencia personal. A propósito de todo esto, recordaba lo que pasó en mi caso: la persecución del gobierno de Álvaro Uribe y el extinto departamento administrativo de seguridad (DAS). Los capitanes (Jorge Alberto) Lagos y (Fernando) Tabares aceptaron responsabilidades y fueron condenados a ocho años en una negociación con la Fiscalía, y esas sentencias se presentaron como un gran trofeo, pero, ¿qué fue lo que aportaron a la verdad? ¿Quién dio instrucciones? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál era el propósito real? Nos quedamos sin saber eso. En mi caso particular, era mucho más importante saber la verdad a que estos señores fueran condenados a ocho años.

-VA: ¿Cree que pagar cárcel es necesario?

-IV: En el comunicado que se leyó está previsto que habrá restricción de libertades, ¿de qué manera se restringen libertades? ¿Cuáles serán las libertades que se van a restringir? ¿Serán diferentes para los que digan verdad plena, los que lo hagan tardíamente y los que se nieguen a decir la verdad? ¿Es diferente restricción de libertad que prisión ordinaria? No podemos hablar de un acuerdo que no conocemos. Por eso, creo que se necesita urgentemente, para evitar que todos estos desencuentros vayan a conducir al fracaso de un acuerdo que creemos ya se había alcanzado, que se revele lo acordado, porque tuvo que haber acuerdo pues el Presidente de la República y el máximo Comandante de las Farc no se van a reunir para un acto de trámite.

-VA: Quizás usted fue uno de los que más investigó el fenómeno de la parapolítica pero, ¿cree que existe la Farc-política?

-IV: Sí, yo creo que sí y creo que podría revelarse en un escenario de plena verdad. Pero, hay que entender algo también. Y se lo explico con lo siguiente: cierta vez, el procurador Alejandro Ordóñez tuvo una expresión graciosa pero para mí desafortunada: dijo que había que llorar por los dos ojos y que la Corte Suprema de Justicia solo lloraba por un ojo pues no veía sino parapolítica y no Farc-política. El Gobierno también acusaba a la Corte de lo mismo. Entonces la Corte citó a todos esos generales y ministros que se preguntaban públicamente que dónde está la Farc-política para preguntarles que era lo que ellos sabían que la Corte desconocía. Respondieron: ‘es que es evidente que si un grupo de poder está asentado en una región entonces cualquier actividad política está influenciada por ese actor’ ¡Ah! ¿Entonces es una presunción? Repito, fue una expresión desafortunada del doctor Ordóñez porque no consulta una realidad: la guerrilla siempre estuvo en contra de las elecciones, quemaba urnas, saboteaba e impedía elecciones. En lo general, la guerrilla no hizo pactos previos ni promovió candidatos a elecciones que ellos no compartían. Otra cosa es que ya, en el ejercicio de la función pública, un Alcalde o un Gobernador llegara a convenios con la guerrilla. Por eso, cuando dicen que la Corte se ensañó contra una clase política, se habla desde el conocimiento.

-VA: ¿Cree que se ha desmontado el paramilitarismo en Colombia?

-IV: Yo creo que no y eso es muy lamentable. Mire, había una organización paramilitar que estaba sometida a un proceso de desmovilización y de manera paralela, como se conoció gracias a los computadores de ‘Don Antonio’, se supo que estaba haciendo trampa, que estaba buscando más gente para desmovilizar aquí pero mirando qué gente continuaba con negocios allá; es decir, mientras unos marchaban con camisetas blancas otros seguían con las actividades de siempre. Ese solo conocimiento debió generar mucha preocupación en el Gobierno, pero no pasó nada. Le cuento una anécdota: en las tareas que desarrollábamos en la Corte nos tocaba hablar con muchas comunidades y recuerdo particularmente una gente del norte del Chocó, donde tuvo fuerte presencia ‘El Alemán’. Nos decían las personas que estaban peor que en los tiempos del ‘Alemán’, pues su salida de la región generó un vació de poder que otros grupos paramilitares pretendieron llenar, realizando para ello las mismas operaciones de los paramilitares: rompiendo zona; es decir, matando gente para generar terror, luego entraba un emisario político para entablar relaciones con las comunidades, luego se infiltraban en las juntas de acción comunal, en fin.

-VA: Es decir, la estructura del paramilitarismo no se desarticuló…

-IV: Yo no creo que el paramilitarismo como estructura militar se hubiera desarticulado. Pero hay una cosa peor, creo yo: nunca se hizo nada para por ‘desparamilitarizar’ a la sociedad ni a las relaciones sociales. Y esto puede conducir a que muchos aplaudan expresiones como: ‘quien va confiar en estos guerrilleros si lo que hay que hacer es acabarlos’. Eso obedece a una concepción de las cosas sobre las que el Gobierno tuvo que intervenir y no lo ha hecho.
Esclarecer: propósito fundamental

-VA: A propósito del paramilitarismo, han pasado 10 años de la Ley de Justicia y Paz, ¿qué balance puede hacer al respecto?

-IV: Un aspecto central es el tema de la verdad y las consecuencias en la investigación penal. En Justicia y Paz, varios jefes paramilitares y otros integrantes contaron miles de historias que permanecen así, contadas, sin generar mayores investigaciones. Yo creo que tendría que evaluarse muy bien ese mecanismo de judicialización de la verdad. Yo, naturalmente, estoy de acuerdo porque exista judicialización, pero también creo que es imposible abarcar todo el espectro de un fenómeno de organizaciones sea paramilitarismo o guerrilla y que es necesario garantizar verdad sobre los aspectos fundamentales.

-VA: Por ejemplo…

-IV: En el tema del paramilitarismo es necesario establecer si hubo o no responsabilidad del Estado en la consolidación del fenómeno paramilitar. Cierta vez, Salvatore Mancuso dijo que el control de zonas era en convenio con brigadas o niveles superiores del Ejército. Eso quedó ahí. ¿Fue real? Si fue real, ¿por qué no se investigó? Y en todo caso si no fue real, ¿por qué no se esclareció? También faltó indagar por temas clave como la relación de los empresarios con el paramilitarismo. ‘Ah, entonces ahora la van a emprender contra unas personas que estaban defendiendo’, como han dicho algunos sectores. Pero lo que pasa es que, en ese procedimiento de defensa, voluntariamente financiaron a unas personas que mataron y desplazaron comunidades y uno no podría justificar, con ese pretexto, un ejercicio de defensa. En todo caso, si no hubiera efectos judiciales, el solo hecho de saber que hubo sectores económicos que apoyaron las estructuras paramilitares es algo muy necesario. Y lo mismo ahora en el tema de la guerrilla. Es indispensable conocer las verdades sobre el accionar de la guerrilla y las interacciones en la guerra con otros actores.

-VA: En términos de esclarecer lo que fue el fenómeno paramilitar, ¿cree que sería necesario reabrir el caso del ‘Parqueadero Padilla’?

-IV: El problema es el transcurso del tiempo y la conservación de la información. Yo conocí el caso del ‘Parqueadero Padilla’ en su inicio porque estuve cuando se realizó el operativo del 30 de abril de 1998. Luego, cuando estuve en la Corte Suprema de Justicia investigando parapolítica, volvimos a la Fiscalía a buscar ese expediente y había muchas partes perdidas. Muchos documentos que recuerdo de aquel tiempo ya no existían. Recuerdo centenares de disquetes con información muy importante sobre la conformación de cada una de las escuadras y frentes de bloques paramilitares que luego ya no estaban. ¿Habrá posibilidad de reconstruir ese caso con los documentos que hay? ¿Qué se hizo en Justicia y Paz por reconstruir ese caso con el aporte de los desmovilizados? ¿Qué pasó con Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’? ¿Tiene orden de captura, sigue libre, se intentó ofrecerle algún beneficio jurídico a cambio de su verdad? Yo sí siento que no hubo ningún propósito de investigar el paramilitarismo en esa oportunidad. Si eso se hubiera hecho en 1998-1999 se hubiera logrado contener mucha de la barbarie que se produjo. Pero no.

-VA: Cómo reconocido jurista: ¿Qué opinión le merecen las palabras del Fiscal General de la Nación sobre la posibilidad que el expresidente Álvaro Uribe sea investigado por la masacre del Aro (Ituango)?

-IV: Sin referirme específicamente a esa pregunta, le puedo decir que yo creo que si un hecho es susceptibles de investigación, en esto no debe haber un gran escándalo. Se supone que la justicia actúa de manera independiente, objetiva, imparcial. Se supone que en el país existe madurez en el sistema de justicia y que la justicia no es venganza. Entonces, si hay hechos que involucran a un expresidente o a cualquier otro actor del país que tenga imputación en su contra, lo más normal es que eso de lugar a una investigación seria, objetiva y profunda y que esa investigación concluya con una decisión que aclare totalmente el hecho que se atribuye.

El espejo guatemalteco

-VA: Gracias a su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -Cicig-, usted ha podido conocer de cerca el proceso de paz de ese país y la implementación de los acuerdos suscritos. Es decir, el postconflicto. ¿Qué ha podido observar? ¿Qué debemos aprender?

-IV: Hay una gran tristeza después de todo el proceso de paz en Guatemala. La gran tristeza es que son miles de niños que se mueren de hambre, que hay centenares de personas en la absoluta miseria. Uno aspiraría a que los procesos de paz significaran procesos de reconstrucción de un país, pero una reconstrucción con justicia social, una reconstrucción donde los que han sido excluidos permanentemente de los beneficios de la civilidad puedan ser incluidos. En Guatemala se firmaron más de 30 acuerdos para desarrollar el postconflicto y desafortunadamente lo que vemos es esa grave situación de la mayoría de la gente. Más del 60 por ciento de la población es indígena y es víctima de una gran exclusión. Uno pensaría que ellos deberían liderar un proceso de cambio, pero no se les permite. ¿Qué he podido aprender allá, pensando en Colombia? Creo que la firma de la paz es solo el cese del conflicto pero no es la paz. Es acabar las balas pero la paz es algo muy diferente, es lo que hay que construir para reducir las distancias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

-VA: Con todo y ello, la labor de la Cicig ha sido altamente valorada y sus efectos han sido sorprendentes, ¿a qué se debe?

-IV: Creo que un elemento de distinción es la posibilidad de realizar investigaciones realmente independientes. La Cicig tiene esa virtud: que no responde a presiones de ninguna naturaleza, que actúa de acuerdo con lo que se encuentra en las investigaciones, que no tenemos relaciones con ningún factor de poder tanto dentro como por fuera del Estado.

-VA: En este caso en particular, usted es un extranjero en Guatemala, ¿cree que un extranjero liderando procesos de búsqueda de verdad, de lucha contra la impunidad, como los que se aspiran a implementar en Colombia, garantizarían independencia y neutralidad?

-IV: Yo he señalado que la Cicig tiene una virtud y es precisamente esa: nosotros no tenemos ni intereses sociales, ni patrimoniales, ni políticos. No hay nada que puedan ejercer contra nosotros para tratar de entorpecer o torcer las investigaciones. Eso es una garantía para la independencia de la justicia. Ahora, la Cicig apoya a la justicia de Guatemala, pero cuando nosotros hacemos una investigación criminal, con el Ministerio Público -que muestra de qué forma altos funcionarios estaban involucrados en casos de corrupción- es muy difícil que por más presión que se haga contra el Ministerio Público, ellos archiven algo que nosotros ya hicimos evidente. Yo creo que en países en los que no hay suficiente independencia judicial ni independencia de los órganos de investigación, comisiones como la Cicig pueden contribuir… claro, si es que el país está realmente comprometido en luchar contra la impunidad.

Fuente original: http://saraleukos.over-blog.com/