La decisión de liquidar los servicios de salud del estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS) de Colombia, que atiende a 3 millones de afiliados, ha provocado polémica. Alegando problemas financieros insolubles, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió que en un plazo de seis meses esos afiliados deberán pasar a una nueva entidad donde el […]
La decisión de liquidar los servicios de salud del estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS) de Colombia, que atiende a 3 millones de afiliados, ha provocado polémica.
Alegando problemas financieros insolubles, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió que en un plazo de seis meses esos afiliados deberán pasar a una nueva entidad donde el Estado tendrá la mitad de las acciones y estará asociado con empresas privadas.
Mientras el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, justificó la medida y dijo que busca la «optimización de los servicios», la senadora opositora y ex presidenta del Seguro Social, Cecilia López, declaró a la BBC que el gobierno actúa con un criterio «privatizador».
El presidente del sindicato de trabajadores del ISS, Saúl Peña, acusó al gobierno de la crisis y dijo que el Estado ha sido el principal deudor de la entidad y que las autoridades no han cumplido con los planes de salvamento que han aprobado.
Asociación con los privados
El gobierno ha dicho que aunque se asociará con el sector privado para prestar servicios de salud, el pago de las pensiones a 690.000 jubilados y la atención de riesgos profesionales a 1,6 millones de afiliados seguirán siendo estatales y están garantizados.
La Empresa Prestadora de servicios de Salud (EPS) del seguro Social estaba arrojando pérdidas anuales del orden de 500.000 millones de pesos, un poco más de 200 millones de dólares.
En diálogo con la BBC, el presidente del ISS, Gilberto Quinche, admitió que los problemas financieros se agravaron.
«Desde hace 50 años el instituto ha producido déficit. En los últimos años no aumentaron los afiliados como se preveía. La entidad se quedó con muchos afiliados mayores de 45 años y con enfermos de alto costo. Adicionalmente se incrementaron los gastos en jubilados y en personal. Todo eso originó los problemas», dijo Quinche.
Según el funcionario, el ISS atiende al 60% de los pacientes de alto costo que hay en el país. «Esos 40.000 pacientes nos cuestan 290.000 millones de pesos (unos 130 millones de dólares) al año», precisó.
En 1993, una ley abrió la seguridad social colombiana a las empresas privadas. Desde entonces, surgieron varios competidores para el ISS, que hoy ocupa el segundo lugar en cuanto a afiliados en salud.
Garantías
El gobierno ha dicho que garantizará que esos enfermos de alto costo sean acogidos por la nueva EPS que creó y en la que está asociado con Cajas de Compensación Familiar, unos organismos privados que administran una tasa que pagan los patronos por cada empleado de nómina.
«Lo pacientes de alto costo no se quedarán sin protección. El Seguro Social seguirá atendiéndolos mientras termina el traslado a la nueva EPS», dijo el ministro Palacio.
Pero la senadora López, del Partido Liberal, subraya que las cosas serán diferentes en una EPS donde estén las Cajas de Compensación, pues estas son cerradas si dan pérdidas por más de dos años continuos.
Para ella, «la decisión es muy grave, porque a esos enfermos no los van a recibir en otras EPS. El Estado está poniendo en vulnerabilidad a los más débiles».
«Yo estoy muy preocupada, porque el gobierno está entregando un instrumento de control a un sector que no es el Estado. En vez de tener un seguro social público fuerte, se debilitó», dijo.
Según López, en Colombia hay un oligopolio en la seguridad social y, por esa razón, es importante que haya una EPS pública «fuerte».
La senadora cree que, pese a que el gobierno lo niegue hoy, buscará la privatización de pensiones y riesgos profesionales del ISS en el futuro.
La decisión adoptada esta semana fue precedida, el año anterior, por el cierre de algunas clínicas que prestaban servicios al ISS.