Cubainformación entrevistó a Santos Alonso Beltrán, miembro del colectivo socio-jurídico colombiano «Orlando Fals Borda», sobre el conflicto social y armado, la situación de DDHH, sobre la estrategia propagandística de Santos, sobre la creciente entrega de Colombia en concesiones a multinacionales, y sobre la connivencia de las multinacionales con grupos paramilitares, entre otros temas. Cubainformación : […]
Cubainformación entrevistó a Santos Alonso Beltrán, miembro del colectivo socio-jurídico colombiano «Orlando Fals Borda», sobre el conflicto social y armado, la situación de DDHH, sobre la estrategia propagandística de Santos, sobre la creciente entrega de Colombia en concesiones a multinacionales, y sobre la connivencia de las multinacionales con grupos paramilitares, entre otros temas.
Cubainformación : Juan Manuel Santos asumió la presidencia tras Álvaro Uribe, y ha puesto en marcha una Ley de Tierras y una Ley de Víctimas: ¿garantiza realmente la Ley de Tierras que las tierras pasen a manos del campesinado, y la Ley de Víctimas es realmente reparadora o tiene deficiencias?
Santos Alonso Beltrán: Nosotros dentro del colectivo y organizaciones que han venido siguiendo el proceso con la presidencia de Juan Manuel Santos, tenemos distancias y críticas muy fuertes a las dos iniciativas. En primer lugar en cuanto a la Ley de Tierras nosotros pensamos que aquí lo que hay es la puesta en marcha de un modelo económico que está asentado principalmente en un proceso de construcción de una economía agroindustrial, centrada en cultivos de gran extensión, y que por ello en buena medida la ley de tierras está relacionada directamente con la necesidad de reacondicionar la propiedad en el campo para generar un proceso de legalización de los títulos de propiedad que permitan el desarrollo de ese modelo. De tal manera que la Ley de tierras que se está generando muy en relación con esto, va a terminar generando reconcentración de la propiedad agraria, va a generar un proceso de desplazamiento de la población campesina (nuevamente), y no va a cumplir el objetivo fundamental que es generar un proceso de reforma agraria en el país. El Incoder – el instituto encargado de la puesta en marcha de esta ley- solo ha podido generar procesos de saneamiento de los títulos de propiedad fundamentalmente para terrenos baldíos o para terrenos incautados al narcotráfico… Pero la posibilidad real de que sean los campesinos los que lleguen a sus territorios, los que recuperen su tierra, es absolutamente falsa.
Además de eso existe otro problema muy fuerte, que es que en las regiones, todavía y contrariamente a lo que se dice, el paramilitarismo bajo otra modalidad sigue allí, y los líderes que han venido trabajando para la recuperación de las tierras siguen siendo criminalizados y muchos de ellos asesinados. Entonces la Ley de Tierras va a generar un nuevo modelo de propiedad en Colombia, no cumplirá los objetivos para los cuales se anunció su creación.
Y frente a la Ley de Víctimas también tenemos unos distanciamientos muy fuertes y unas críticas muy fuertes que tienen que ver, por un lado, con el universo de víctimas: la Ley de Victimas debería ser una ley que se constituyera en el marco de una especie de ‘transición’ a una sociedad en paz, pues para ello necesitaría ser una ley que se diera en el marco de una sociedad ‘post-conflictual’; el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos han planteado que se supone que esta sociedad colombiana que arranca desde la presidencia de Santos, es una sociedad que ya ha alcanzado el ‘post-conflicto’, y para nosotros al contrario, no hay ‘post-conflicto’. En observancia de los hechos, de lo que sucede en Colombia: hay todavía dos guerrillas muy fuertes, existen paramilitares, y existe vulneración de los derechos humanos por parte del estado. De tal manera que si pensáramos que esta ley debe construirse teniendo en cuenta un universo particular de víctimas, lo que tendríamos es que hay una victimización constante con lo cuál no podríamos tener claramente definidas cuáles son las víctimas a las que hay que reparar.
Un segundo elemento de crítica tiene que ver con los plazos que se ha puesto la ley: hay víctimas que no van a ser consideradas hacia atrás, antes de los años 80, en el pasado, y con relación a las víctimas a producirse en el marco de lo futuro, tampoco está claro como se van a incluir las nuevas víctimas que van resultando de un conflicto que todavía se sigue presentando.
En tercer lugar, y esta es una crítica importante, es cuál es la voluntad política y la capacidad económica que va a poner el estado para reparar a las víctimas: el presupuesto de guerra en Colombia es muy alto, mientras que la inversión social y el presupuesto destinado a esta ‘reparación’ es muy bajo de tal manera que tendríamos un universo de víctimas que irá creciendo, y un presupuesto muy, muy bajo, de tal manera que al final tendremos es un ejercicio casi meramente formal (…)
Colombia tiene otro problema muy fuerte que es el proceso de impunidad que se ha vivido en el país: el sistema jurídico colombiano y la posibilidad de construir el acervo probatorio frente a los crímenes no es del todo claro, de tal manera que las víctimas no van a poder ser reparadas integralmente ni en lo jurídico ni en lo simbólico, ni en la memoria histórica.
Nosotros pensamos que estas leyes deberían ser instrumentos que permitieran luego de un proceso de negociación política, consensuada al conflicto, generar los mecanismos de gestión de un verdadero ‘post-conflicto’. Las dos leyes no van a poder surtir su efecto en tanto que todavía seguimos con un conflicto muy alto y además con un gobierno que no quiere sentarse a negociar con los insurgentes.
Cubainformación: Por tanto la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas de Juan Manuel Santos, no apuestan realmente por una reparación de las víctimas, sino que apuestan por un modelo en el que el campesino está fuera de ese uso de las tierras en el que se agrupa las tierras en manos de las multinacionales… ¿Qué es entonces, una campaña de limpieza de imagen?
A nosotros nos llama mucho la atención cómo se ha venido planteando esa suerte de.. lo que se presenta como una especie de «giro» en la política nacional: la opinión pública internacional ha venido siendo bombardeada publicitariamente por una imagen en la cual hay una «transición» de un gobierno con muchos problemas en términos de violación sistemática los DDHH, de persecución a la oposición, que era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; y ese bombardeo supone que ‘hay un cambio muy radical’ en la administración de J.M. Santos, cuando nosotros pensamos que lo que ha habido aquí es una continuidad del mismo modelo, en los tres elementos fundamentales: en ‘Seguridad Democrática’, en ‘Confianza Inversionista’, y en ‘Cohesión Social’, que tenía el anterior gobierno, el de Uribe Vélez.
Se desprende lógicamente esto, en tanto que Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda de gobiernos pasados, fue ministro de defensa del gobierno de Uribe, además ha venido participando en la construcción de la política pública en los últimos 20 años en Colombia . Hace parte de una serie de personas, de familias que han manejado el país durante todo el siglo. Juan Manuel Santos es la segunda generación de presidentes de su propia familia.
Nosotros creemos que hay una continuidad bajo un estilo diferente. Continuidad en ‘Seguridad democrática’: es decir el gasto militar no ha descendido, al contrario, sigue la misma escalada. La violación en Derechos Humanos, si bien pareciera disminuirse lo que pasa es que las formas en las que se desarrolla esta violación son cada vez más sutiles [e invisibilizadas], pero igual muy fuertes en el campo. En el marco de la Confianza Inversionista tampoco ha habido un viraje, el gobierno de Juan Manuel Santos continúa con las políticas de privilegio a la inversión extranjera, fundamentalmente en hidrocarburos, en explotación minera, en explotación agro-industrial, en desarrollo de mega-proyectos. En el marco de la Cohesión Social, política creada por el gobierno de Uribe, tampoco ha habido transformaciones: no hemos podido desarrollar ni siquiera una reforma a la Ley general de Educación Superior…
Hay a nuestro entender un cambio en la imagen pero que no está sustentado por una realidad concreta de transformación en las dinámicas de administración del país. Y el gobierno de Santos en eso ha sido muy, muy estratégico en incidir en la opinión internacional.
Cubainformación: La violación de DDHH en Colombia se sigue llevando a cabo, los campesinos son los más golpeados por desplazamientos forzados, violaciones sistemáticas de los DDHH; con el colectivo Orlando Fals Borda han realizado una labor de acompañamiento y de empoderamiento de los campesinos para que no renuncien a sus tierras: ¿Qué situación se vive en las zonas rurales actualmente?
Hay que entender que el conflicto colombiano es un conflicto primero político, social y económico que envuelve a grandes capas de la sociedad colombiana, que es un conflicto que se extiende por más de 50 años, y que es un conflicto que se ha vivido de manera muy fuerte en las zonas rurales, en las zonas en las cuáles el campesinado ha venido desarrollándose. Eso nos hace ver que en buena medida lo que está pasando en las zonas rurales, todos esos procesos de consolidación militar por parte del ejército, tienen lamentablemente como principal víctima a los propios campesinos. A nosotros nos preocupa que coinciden 3 elementos en las zonas en las cuales los campesinos están siendo víctimas, cada vez más, de violaciones de los derechos humanos: coincide la presencia de empresas multinacionales que van a desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos agroindustriales, proyectos de explotación de hidrocarburos; coincide cada vez más la presencia del ejército, del fortalecimiento en términos militares del estado, los propios militares interrumpiendo las dinámicas administrativas de los municipios; y coincide en términos de la política de ‘Seguridad democrática’ que se continúa con este gobierno, la persecución a los actores armados que en el marco de esta guerra irregular, tienen y han construido relaciones sociales con los campesinos. Lo que nos hemos encontrado en estas zonas es que el fortalecimiento militar ha terminado por la criminalización del movimiento campesino, de la organización campesina, que ha favorecido los intereses de los grandes inversionistas que ahora están posándose en esas zonas, y ha vuelto aún más crítica la situación de los derechos humanos. Nosotros hemos trabajado en la zona del bajo Ariari, que es la zona del sur del Meta, en municipios como la Macarena, hemos también constatado el mismo fenómeno en zonas como el Catatumbo y en zonas como el bajo Cauca antioqueño, y en otras regiones donde estos 3 elementos coinciden: coincide la presencia de capital internacional, coincide el afán de fortalecimiento militar, y coincide la presencia de actores insurgentes que están siendo atacados por el estado.
La situación de vulneración es tal que los militares llegan a tomarse por su cuenta atribuciones de carácter judicial, de ser policía judicial. Ha llegado a tal punto la violación a los DDHH que muchos campesinos han tenido que salir de sus zonas de residencia, presionados fundamentalmente por la presencia del ejército. Además de eso se han dado otras prácticas aún más lesivas a los DDHH como las desapariciones forzadas, los ‘falsos positivos’, la estigmatización de las poblaciones. El campesinado tiene en este momento por parte del ejército y de toda la presencia institucional del estado no la protección, sino por el contrario la intensificación de la violación a los DDHH.
Cubainformación: El colectivo Orlando Fals Borda habéis contabilizado en los últimos años desplazamientos forzados, 4 millones de personas desplazadas, fosas comunes, ‘falsos positivos’… ¿qué perfil tienen las personas que se engloban dentro de ese grupo de ‘falsos positivos’ cometidos por el gobierno colombiano?
… 4 millones de desplazados es solo una cifra aproximada al problema del desplazamiento forzado, lo de las fosas comunes es una práctica que se llevó a cabo con el paramilitarismo, pero que hemos visto también aparecer con la actuación de los militares, en cuanto a lo de los ‘falsos positivos, éstos se enmarcan en una estrategia de presión a los militares por parte de las autoridades de gobierno para que generen mejores resultados. En el lenguaje militar se conoce como un ‘positivo’ un cadáver, lamentablemente dentro de la dinámica del ‘body count’, o conteo de bajas, se supone que el gobierno va ganando en la medida que logre presentar un mayor número de muertos… de tal manera que los militares empezaron a mostrar estos ‘resultados’ a través del asesinato de civiles en el marco de combates simulados. ¿El perfil de las víctimas? Personas que eran engañadas con promesas de falsos trabajos, en zonas deprimidas de las ciudades, trabajadores desempleados, jóvenes, otros tenían hasta problemas de discapacidades físicas y mentales, eran engañados, luego desplazados en camiones a zonas de conflicto, y una vez allí se simulaban combates. Un caso paradigmático es el caso de las madres de Soacha: madres de jóvenes engañados, y llevados al nororiente colombiano, y allí asesinados, con simulación de combate. El perfil de estas personas es de personas de bajos recursos, en situación de desempleo, engañadas, y luego asesinadas, y que luego con montajes absolutamente groseros fueron presentadas como ‘bajas en combate’. Estos ‘falsos positivos’ se unen a la desaparición forzada y se unen a las ‘ejecuciones extrajudiciales’ que vienen siendo investigadas por el colectivo del que hago parte y por otras organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos en Colombia.
Cubainformación: En Colombia la exclusión política ha sido una de las características del conflicto: sindicalistas, líderes de movimientos sociales han sido perseguidos, asesinados… ¿Cómo colectivo Orlando Fals Borda qué dificultades tenéis para trabajar, resultáis incómodos quizás, no?
Todas las organizaciones defensoras de DDHH que trabajan por una solución política negociada al conflicto, por los DDHH, por la reparación de las víctimas, han sido sistemáticamente estigmatizadas, desde lo institucional se ha llegado a prácticas tan aberrantes como la interceptación ilegal de teléfonos, los seguimientos a las organizaciones, prácticas criminales desde el propio estado como el montaje de procesos falsos para que los defensores de DDHH sean luego procesados judicialmente. Esos han sido algunos de los elementos que generan una dificultad muy grande para hacer defensa de los DDHH en al país.
En segundo lugar la sociedad colombiana ha sido bombardeada por los medios de comunicación y por parte del mismo gobierno, [propaganda] en la que pareciera que el conflicto ‘ya es algo que ha sido superado y que lo que queda simplemente es un problema de narcotráfico, un problema de delincuencia común’, así que las organizaciones sociales que seguimos haciendo denuncia y que seguimos trabajando por una solución política negociada al conflicto, no somos entendidas en la sociedad. Y algunas franjas de la propia sociedad en este rechazo a lo que podría ser la continuidad del conflicto, terminan señalando a las organizaciones sociales, una especie de ‘si ya hemos superado el conflicto no deberían ustedes seguir buscando verdad cuando parece que esto ya se terminó’…
Y en tercer lugar, la dificultad tiene que ver con las dinámicas del financiamiento y los problemas económicos que se tienen para hacer todo el trabajo (…)
Las organizaciones defensoras de DDHH son incómodas en Colombia: son incómodas para el gobierno, son incómodas para la clase dominante, y son incómodas para los medios de comunicación oficiales que quieren presentar una imagen diferente del país.
Cubainformación: Volviendo a la vulneración de los DDHH, y concretamente a la violencia sexual contra mujeres y niñas: ¿Qué medidas ha tomado el gobierno colombiano, las ha enmarcado dentro de esa ‘ley de víctimas’, ha realizado acciones concretas?
Dentro de lo que era el proceso de la Ley de Justicia y Paz se suponía que una parte de los crímenes que debían confesar los paramilitares eran sus crímenes de violencia sexual. Las dinámicas de denuncias de esos crímenes han sido muy bajas por el temor de las propias mujeres a ser re-victimizadas, han sido también muy bajas porque en el marco de la sociedad colombiana, en esa problemática de la violencia de género, muchas mujeres no han asumido la denuncia frente a una sociedad que las va a señalar y a un tejido familiar que se puede ver afectado; pero además si en la Ley de Justicia y Paz hemos tenido tan pocos avances en crímenes tan aberrantes como las masacres y como las desapariciones forzadas, la celeridad con que han sido tratados los crímenes de violencia sexual ha sido aún más baja. Es decir lo que tenemos es una impunidad muy fuerte que no va a permitir ni siquiera que se de la reparación integral y simbólica a las mujeres que fueron objeto de violencia sexual.
Otro elemento fundamental es que tampoco el gobierno ha tenido una estrategia clara para resolver el problema de las denuncias y para gestionar en términos de resolución jurídica frente a los agresores. Tenemos un estado que no tiene una estrategia clara sobre esto. El paramilitarismo tampoco ha puesto de su parte en el marco de las denuncias que ellos mismos deben hacer en el marco de sus confesiones amparados en la Ley de Justicia y Paz, tenemos una sociedad amedrentada, que difícilmente puede hacer esa denuncia, y tenemos una matriz social machista que no tiene la posibilidad de gestionar socialmente esa reparación a las mujeres y a todas las personas que son víctimas de agresión sexual.
Cubainformación: ¿Qué papel, que responsabilidad tienen países como EEUU o países europeos en la perpetuación del conflicto?
Nosotros como Colectivo Fals Borda y otras organizaciones sociales, hemos venido trabajando por un acompañamiento internacional que lo que haga sea apoyar a las partes en conflicto para que se sienten a negociar una solución política; pero lamentablemente la intervención que han tenido países como EEUU, o países europeos, ha sido el patrocinio de las dinámicas militares del estado, una financiación de la lógica de guerra que se ha venido desarrollando en los últimos 50 años. Han tenido una participación directa en la generación del conflicto armado en tanto que algunas compañías multinacionales han financiado formas de justicia privada (paramilitarismo), grupos de ‘protección a sus inversiones. Los países desarrollados han privilegiado la opción de financiación de la guerra, financiar grupos paramilitares para continuar en este proceso de guerra y no han acompañado por el contrario un proceso de negociación. De tal suerte que la continuidad de la guerra en Colombia tiene que ver muchísimo con estos procesos de financiación, de acompañamiento a la visión militarista, por parte de gobiernos, pero también de multinacionales y de sectores del capital que están muy interesados en defender sus inversiones, y que eso contribuye a seguir expandiendo la guerra en Colombia. Hay casos famosos como el caso de Chiquita Brands o multinacionales del petróleo que también han apoyado a paramilitares, capital privado aliado con fuerzas oscuras, o gobiernos que han patrocinado la asesoría militar para continuar un conflicto que desangra a Colombia, con unos costos económicos, políticos y humanitarios muy fuertes para el país.
Cubainformación:¿Se podría decir que el gobierno del presidente Santos apoya a que multinacionales extranjeras expolien los recursos naturales de Colombia?
Las locomotoras del ‘desarrollo’ de Santos – Santos habla de 4 locomotoras de su gobierno, 2 de ellas son la infraestructura y la explotación minero energética- están montadas en un maridaje con el capital multinacional. Juan Manuel Santos, al igual que el gobierno Uribe se ha concentrado fundamentalmente en generar procesos de concesión a multinacionales extranjeras para la explotación de los recursos naturales. En este momento tenemos amenazados parques naturales, tenemos amenazados resguardos indígenas, tenemos amenazadas reservas forestales que han sido dadas en concesión para que multinacionales minero-energéticas hagan extracción de minerales y recursos energéticos.
A nosotros nos parece que sí, que hay por parte del gobierno Santos una iniciativa de generar una irrupción del capital transnacional en los sectores minero- energéticos y estratégicos del país. Durante los últimos años, durante el gobierno Uribe y el gobierno Santos se han otorgado mayor cantidad de títulos mineros que en toda la historia del país. Y en este momento vemos muchas multinacionales, compañías españolas, canadienses, norteamericanas, que vienen a explotar yacimientos de carbón, de oro, de petróleo.
Aquí hay una iniciativa gubernamental de que una de las locomotoras avance pese a todo – una locomotora que está descarrillada porque no tenemos legislación que proteja los intereses nacionales ni la naturaleza-. El gobierno Santos está feriando el país para que las multinacionales exploten los recursos naturales en nuestro territorio.
Cubainformación; decisiones como las que ha tomado el gobierno argentino no entran, por lo tanto, en la mente del presidente colombiano…
No, en absoluto. Al contrario, Colombia se ha distinguido por ser uno de los países en los que se le asegura a los inversionistas la ‘seguridad’ jurídica de su inversiones. Colombia ha sido uno de los países que antes que respetar su misma soberanía la ha entregado a las multinacionales. Muy lejos de la clase política nacional, y de los sectores de clase que han dominado el estado colombiano estará la idea de generar procesos de nacionalización, y no porque el país no los necesite, y no porque los recursos naturales no deban ser defendidos, sino porque el maridaje entre grupos económicos nacionales con grupos económicos internacionales hace que se necesite para ellos la ‘seguridad de sus inversiones’ (…)
En Colombia la oligarquía nacional y el gobierno que la representa nunca va a amenazar los intereses del capital transnacional.
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Fuente: http://www.cubainformacion.tv/