La carrera de las privatizaciones no parece tener fin. Como siempre, se trata de poner en manos privadas empresas muy rentables y bien saneadas. En todos los casos sucede que el negocio resulta ser redondo para los «beneficiados» pero a costa de la pérdida del patrimonio estatal y de los ingresos que hasta el momento […]
La carrera de las privatizaciones no parece tener fin. Como siempre, se trata de poner en manos privadas empresas muy rentables y bien saneadas. En todos los casos sucede que el negocio resulta ser redondo para los «beneficiados» pero a costa de la pérdida del patrimonio estatal y de los ingresos que hasta el momento proporcionaba. Además de que, en general, se trata de empresas estratégicas cuando no de actividades con ineludibles fines sociales, de tal modo, que hasta ahora ningún sector ha quedado a salvo de la continua ola de las privatizaciones.
Toca ahora a las Loterías y Apuestas del Estado. Algo increíble. Con unos beneficies netos para las arcas del Estado de 2.594 millones de euros en el pasado año de 2010, el Gobierno socialista y obrero aprueba su privatización a cambio de recaudar unos 7.000 millones de euros, es decir, a cambio de los beneficios netos de menos de tres años. Y si esta operación regalo es alarmante, no lo es menos el que haya fortunas que puedan adquirirla. Cómo y de qué manera ha sido posible tal acumulación de riqueza es algo que también sería bueno poder llegar a conocer.
Se trata, en definitiva, de la mayor o de una de las mayores privatizaciones realizadas hasta este momento. Desde luego que tanto los beneficios como la garantía y seguridad de los buenos resultados está más que asegurada.
El Gobierno y el Consejo Consultivo de Privatizaciones están de acuerdo en ceder, poco menos que gratuitamente, a la banca nacional y de la banca extranjera el conjunto de las Loterías y Apuestas del Estado que comprende, principalmente, la Lotería Nacional, la Bonoloto, la Lotería Primitiva, la Quiniela y otras no tan conocidas.
En cualquier actividad económica una «cesión» de este tipo, en estas condiciones, supondría, sin duda, un despilfarro que debería ser investigado como un delito social y, también, debería ser investigado por las posibles responsabilidades delictivas en las que los promotores podrían haber incurrido.
¿Cómo es que se puede ceder una entidad pública que genera 2.594 millones de euros al año por 7.000 millones, por menos de tres años de beneficio, sin incurrir en algún tipo de delito?
Ninguna alarma ha saltado, que se sepa, en ninguna de las instituciones del Estado encargadas de custodiar el patrimonio estatal. Continua la ruina del Estado en perjuicio del interés general y en favor de intereses privados. Parece que todo esto resulta ser lo correcto, conforme al depredador modelo económico impuesto.
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