La medida fue sorpresiva y afecta a quienes están adelantando su proceso en los municipios de Tierralta, Córdoba, y Vigía del Fuerte, Antioquia. El argumento es que ya habían cumplido su misión. La incertidumbre entre los desmovilizados es alta. Mediante el Decreto 982 del 7 de junio de 2018, se decidió suprimir dos de los […]
La medida fue sorpresiva y afecta a quienes están adelantando su proceso en los municipios de Tierralta, Córdoba, y Vigía del Fuerte, Antioquia. El argumento es que ya habían cumplido su misión. La incertidumbre entre los desmovilizados es alta.
Mediante el Decreto 982 del 7 de junio de 2018, se decidió suprimir dos de los 26 sitios destinados para desarrollar la reincorporación económica y social de los excombatientes de la antigua guerrilla de Farc, conocidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Uno de ellos es Vidrí, poblado del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, donde dejaron las armas quienes integraron los frentes 34 y 57. El otro es Gallo, vereda del municipio de Tierralta, Córdoba, que albergó a exinsurgentes de los frentes 5 y 58.
Si bien el decreto enfatiza en que el Ejecutivo tiene la potestad para suprimir, modificar o prorrogar dichos espacios «según las necesidades del caso, por razones de seguridad, de índole administrativo o cualquier otra que pudiera presentarse», en este caso la decisión se tomó porque, según el documento, «cumplieron con su cometido inicial de facilitar la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los excombatientes de la extinta Farc-Ep».
Entre lo dispuesto por el gobierno nacional también se destaca que los equipamientos y toda la infraestructura construida en estos ETCR podrán ser transferidos «a las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal que lo soliciten y justifiquen requerirlos, cuando su destinación sea para la realización de actividades sociales, de salud, educativas o similares para el logro y mantenimiento de la paz, en especial para apoyar la reincorporación o reintegración de miembros de grupos alzados en armas».
Cabe recordar que los ETCR son, desde el 15 de agosto de 2017, los mismos sitios conocidos anteriormente como Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), que acogieron a los poco más de 10 mil guerrilleros que hicieron dejación de sus armas ante la Misión de la ONU dispuesta para tal fin.
En términos prácticos, los principales cambios que planteó el paso de Zona Veredal a Espacio Territorial fue la eliminación de las fronteras entre los insurgentes y la Fuerza Pública y la interacción entre excombatientes y pobladores, asuntos que no se permitieron en las ZVTN. (Lea más: Farc en Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración).
Polémica
A pocas horas de promulgado el decreto, la decisión ya levantó ampolla entre los integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido político surgido tras la firma del Acuerdo de Paz.
Según Pastor Alape, representante de la Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), se trató de una decisión inconsulta que aumenta la incertidumbre que reina entre los excombatientes, principalmente entre los cerca de 200 que viven en Vidrí, poblado que se ha visto afectado por el incremento de la presencia de la guerrilla del Eln y el avance de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado ilegal que busca incursionar desde Antioquia hacia el Bajo Atrato chocoano.
«Nosotros habíamos acordado con el gobierno nacional suspender Gallo, dado que hace ya más de dos meses que más del 80 por ciento de la gente que había allí se trasladó para Mutatá. Pero no así con Vidrí. Era una posibilidad que se estaba estudiando, pero se había dicho que hasta tanto no se realizaran unas asambleas con la población, dado que se trata de un territorio donde hay un consejo comunitario, no se tomaría una decisión. Pero el gobierno ya la tomó sin consultar», destacó Alape.
De acuerdo con ese dirigente de la Farc, «el gobierno nacional nos tendrá que decir ahora qué vamos a hacer con la gente que está en Vidrí, porque el decreto no dice cómo van a seguir funcionando esos espacios que dejaron de ser ETCR. La gente sigue allí, pero entonces no sabemos bajo qué condiciones, si tendrán que moverse así no más. La incertidumbre es alta».
Igualmente, una fuente del CNR, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a este portal que «ese traslado se estaba pensando porque es muy difícil el acceso a Vidrí y eso suponía una serie de dificultades. No obstante, este jueves en una sesión del Consejo Nacional de Reincorporación la delegación de Farc manifestó que todavía no se había tomado la decisión de realizarlo, porque se estaba explorando la realización de unos proyectos productivos en Vidrí que podrían favorecer a las comunidades que están al pie del río Arquía».
VerdadAbierta.com también estableció comunicación con funcionarios de la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Normalización (ARN) para conocer sus impresiones al respecto. La persona consultada se abstuvo de emitir un pronunciamiento oficial por cuanto «el decreto apenas salió ayer (jueves) y este fin de semana lo trabajaremos a fondo para ver cómo continuamos».
El gerente de los ETCR, Jefferson Mena, le salió al paso a las críticas y le aseguró a VerdadAbierta.com que la decisión fue concertada en el CNR y respaldada por los propios exguerrilleros: «El gobierno recibió una carta de los excombatientes de allá donde anunciaban que se iban todos para La Troje (corregimiento de Quibdó, Chocó) y que allá iban a desarrollar su proyecto productivo, por lo que se tomó la decisión de cerrar ese Espacio».
Asimismo, Mena aseguró que la Agencia Nacional de Tierras está adelantando el procedimiento administrativo requerido para comprar el predio de La Troje donde se pondría en marcha el proyecto, que el mismo funcionario aseveró ya fue aprobado por el CNR, y que consiste en la cría y comercialización de tilapia.
Caso contrario sucede en Gallo. Esta vereda del municipio de Tierralta, Córdoba, albergó a 150 exintegrantes de los frentes 5 y 58. Sin embargo, desde finales del año pasado poco más de 120 de ellos decidieron trasladarse por su propia cuenta hacia el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño, hecho que fue conocido y confirmado en su momento por el propio alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera. La expansión acelerada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y las amenazas proferidas por este grupo armado ilegal contra varios excombatientes fueron las principales razones que motivaron su reubicación.
En su informe titulado Espacios territoriales para la capacitación y reincorporación, publicado a finales de 2017, la Defensoría del Pueblo consignó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en todo el municipio de Tierralta por la reconfiguración del conflicto, «teniendo como actor armado ilegal fuente de la amenaza a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), quienes han asumido el monopolio de las economías ilícitas, de la criminalidad y han expandido su control territorial luego de la dejación de armas por parte de las Farc».
Por esa razón, los integrantes de las Farc decidieron abandonar el ETCR de Gallo y reubicarse en la vereda San José de León, de Mutatá. De acuerdo con Mena, «como toda la gente se trasladó para Antioquia, en Gallo sólo teníamos unas tres o cuatro personas. En esas circunstancias, el Ministerio de Defensa nos solicitó que levantáramos el Espacio, dado que en términos económicos salía muy costoso mantener a la Fuerza Pública que lo resguardaba».
El funcionario también informó que la Gobernación de Antioquia adelanta los trámites pertinentes para la compra de un predio en ese municipio que les sería entregado a los excombatientes bajo la figura de comodato, con el fin de adelantar allí un proyecto productivo.
La discrepancia entre la Farc y el gobierno por la manera como se tomó la decisión de clausurar ambos Espacios se suma a otras desavenencias que se han presentado en el CNR durante las últimas semanas. Entre ellas, la generada por la decisión unilateral del Ejecutivo de no expedir un decreto negociado por las partes para adjudicarles tierras de manera colectiva a los excombatientes, paso clave en el proceso de reincorporación económica.
Fuente original: https://verdadabierta.com/