La Confederación de la Producción y el Comercio, gremio de los grandes grupos económicos, rechazó violentamente la posibilidad de modificar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y reafirmó el proyecto de ‘flexibilidad y adaptabilidad’ de Piñera El 24 de julio pasado, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en […]
La Confederación de la Producción y el Comercio, gremio de los grandes grupos económicos, rechazó violentamente la posibilidad de modificar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y reafirmó el proyecto de ‘flexibilidad y adaptabilidad’ de Piñera
El 24 de julio pasado, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general la moción que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Como era de esperar, a los pocos días, tanto el gremio que agrupa al gran capital en Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, como la administración Piñera, rechazaron al unísono, concertada y duramente, siquiera la idea de discutir la propuesta legislativa.
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, calificó el proyecto de «inadmisible» y el subsecretario de la cartera, Fernando Arab, señaló que «no está bien elaborado».
Por su parte, el ex ministro de Hacienda del último gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, apoyando al empresariado y al gobierno piñerista, dijo que, de aplicarse la medida, «los costos laborales (para el capital) aumentarían un 11 %». Valdés no explicó los argumentos económicos de su sentencia.
El presidente del gremio de los grandes empresarios, Alfonso Swett, hizo suyas las afirmaciones del ex ministro bacheletista, replicando la cifra sin fundamentos sobre el «costo laboral» para el capital, mientras que el presidente de la corporativa Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, Bernardo Larraín Matte, aprovechó de insistir en el antilaboral proyecto gubernamental sobre «adaptabilidad o flexibilidad» en el trabajo. Matte Larraín repuso el objetivo lucrativo del gran empresariado de que cada trabajador, individualmente, «pacte» con su empleador la distribución de las actuales 45 horas semanales, en total asimetría de condiciones, donde, por razones de fuerza y poder, el empresario siempre lleva las de ganar ante el empleado.
Frente a lo anterior, el Presidente de la Federación de Trabajadores de la CCU, Rodrigo Oyarzún, quien expuso ante la Comisión del Trabajo los positivos efectos que comportaría el cambio de 45 a 40 horas de labor a la semana en materia de salud, manifestó que, «la reacción empresarial está basada únicamente en la defensa de su tasa de ganancia privada y en ningún caso en el bien común, ni en la más mínima preocupación por las condiciones de empleo y vida de las y los asalariados, lo que muestra una vez más el tipo de trato indigno que los trabajadores y trabajadoras chilenas debemos sufrir a diario».
Rodrigo Oyarzún recordó que, «ya sabemos probadamente, de acuerdo a estudios nacionales e internacionales, que una rebaja en el horario laboral, aumenta la productividad, evita accidentes laborales, y disminuye el número de licencias médicas por dolencias físicas y mentales», y añadió que, «ese 11 % del que habla el exministro Valdés y la CPC, de ser cierto, resultará más que compensado con el ahorro en las ausencias laborales producto de enfermedades ligadas al sobre tiempo en el trabajo, así como al subsecuente aumento de la productividad al contar con una jornada más humana. La rebaja de la jornada a 40 horas, tiene efectos multiplicadores en muchos ámbitos, que incluso van más allá del mundo del trabajo. Habrá más tiempo para el ocio, la recreación y el consumo responsable; más tiempo para los niños, la familia y el acceso a las artes y la cultura, lo que redundaría en mejoras en educación, bajas en la deserción escolar y baja en la delincuencia. Pero lo que pasa aquí es que los grandes grupos económicos están defendiendo solo sus intereses con dientes y uñas, y quieren cumplir su fantasía de que trabajemos gratis y sin horario».
Oyarzún, máximo dirigente de las y los asalariados de la CCU, firma alimenticia y bebestible propiedad del poderoso grupo Luksic, indicó que, «los grandes capitales y su gobierno no están satisfechos jamás. No les basta con que las grandes mayorías carezcamos de derechos sociales elementales; que padezcamos pensiones de miseria con las AFP; que suframos a diario el aumento creciente del costo de la vida; que los trabajadores tengan que recurrir a endeudamientos de niveles históricos para mal llegar a fin de mes; que los gastos de salud nos obliguen a trabajar en más de un empleo; que el pago eterno por la educación superior de nuestros hijos sea la única herencia que les dejemos. Nos pagan un salario con el único fin de que volvamos a trabajar al día siguiente, y porque sin salario, perderían buena parte de sus ganancias en nuestro papel de consumidores».
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