En rasgos generales y a título meramente descriptivo, el paramilitarismo se presenta como una actividad encubierta ilegal y criminal al servicio y amparo del Estado o de sectores o grupos oligárquicos de poder, para la supresión violenta de todo lo que signifique oposición al régimen y a sus proyectos de gobierno, de la represión y […]
En rasgos generales y a título meramente descriptivo, el paramilitarismo se presenta como una actividad encubierta ilegal y criminal al servicio y amparo del Estado o de sectores o grupos oligárquicos de poder, para la supresión violenta de todo lo que signifique oposición al régimen y a sus proyectos de gobierno, de la represión y eliminación del adversario político o social, instrumentada por individuos o escuadrones de forajidos a sueldo, con conocimiento del terreno y de la población donde actúan, o de cuerpos policiales y militares camuflados, adiestrados y apoyados logísticamente y con absoluta impunidad jurídica.
De manera más específica y a ras de tierra, «el paramilitarismo es una estrategia de guerra diseñada para combatir en conflictos de baja intensidad, donde las fuerzas regulares encuentran trabas de orden legal o político para acometer acciones que no pueden reivindicar. Es una modalidad de «guerra sucia» utilizada en muchos lugares del planeta; hablemos de algunos ejemplos: En Malasia y Kenia fue utilizado por los ingleses, en Argelia por los franceses, en Afganistán por los rusos, en Vietnam por los norteamericanos, en Centroamérica por los regímenes oficiales apoyados por los norteamericanos. Se ha utilizado en las dictaduras de Sur América y en general en todo el continente latinoamericano dentro de la estrategia de «Seguridad Nacional»; esta última es una doctrina imperial de la potencia norteamericana, impuesta a sus colonias desde México hasta la Patagonia, que busca combatir los movimientos insurgentes que pongan en riesgo sus intereses» ( Antioquia la mejor esquina de América – La otra realidad- Colectivo Semillas de Libertad- Editorial Endymion, Medellín Colombia, julio 2000 )- . Y no faltaba más y por supuesto, la «Operación Cóndor» diseñada y puesta en escena por las dictaduras del Cono Sur en las décadas 70-80 , ahora desvelada por la descodificación de documentos de la Cía. americana. y el juicio al tenebroso sátrapa Pinochet.
El paramilitarismo no es un fenómeno nuevo en Colombia, caracterizada por un régimen férreamente bipartidista de reparto de poder de la oligarquía. A él han recurrido sistemáticamente los partidos políticos liberal y conservador mientras fueron hegemónicos en la política colombiana, desde y fuera del poder, a lo largo de su historia republicana, reclutando y armando a civiles de entre sus propias organizaciones , valiéndose subrepticiamente de sus aparatos policiales y de sus aparatos administrativos de seguridad para aterrorizar, torturar, desaparecer, eliminando, en suma, al adversario político, en el contexto de un proyecto económico.
Durante el período conservador de 1946 a 1953, y en el siguiente de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla hasta 1957, conocida como la época de la «violencia», perdieron la vida asesinadas cerca de medio millón de personas, la mayoría campesina. Este período de la violencia se origina a partir del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Con pretexto en el levantamiento popular que le siguió, el Gobierno conservador desató una encarnizada persecución de las organizaciones obreras y populares hasta casi aniquilarlas y emprendió masacres en las poblaciones campesinas con influencia liberal y comunista.
E l paramilitarismo estaba conformado entonces por individuos y grupos de conservadores fanatizados a los que la opinión pública conocía con el apodo de «pájaros», por la súbita rapidez con que llegaban y la presteza con que partían una vez asesinado el adversario político, liberal y comunista. También eran llamados «chulavitas», en alusión a un pueblo del mismo nombre, conocido por su sectarismo conservador y de donde eran reclutados amplios contingentes policiales caracterizados por su fanatismo conservador y «laureanista» ( Laurean Gómez Castro fue presidente de la República en esa época y el caudillo conservador más importante del siglo pasado.). » Dios y Laureano» era su consigna; y aquella otra de «el rojo es señal de peligro».
En ese entonces, la policía nacional se encargaba de hacer levas, particularmente entre jóvenes conservadores; se les entregaba armas y eran conducidos en vehículos oficiales hasta las cabeceras de las veredas y corregimientos preponderantemente liberales, sorprendiendo a sus pobladores y asesinándolos villanamente. Eran las llamadas «guerrillas de paz». En las ciudades de cabecera se asistía permanentemente al espectáculo de camionetas descubiertas que descendían de la cordillera trayendo amontonados, como racimos de plátanos, los cuerpos mutilados y decapitados de los campesinos asesinados.
La práctica del «boleteo» era arma del «gamonal» o «cacique» , casi siempre jefe del partido político de la zona y dueño de las mejores tierras. Consistía esta práctica en intimidar al campesino exigiéndole el abandono de su parcela, so pena de iniciar contra él y su familia toda clase de represalias, que podían ir desde la destrucción e incendio de sus bienes hasta la violación de sus mujeres e hijas y el asesinato. Las tierras abandonadas eran incorporadas a las del señorío gamonal.
A esa época corresponde la resistencia armada del campesinado, que, para proteger la vida y sus bienes, conformaron núcleos guerrilleros, cuya lucha se generalizó en diferentes regiones del país: Los Llanos Orientales, el suroeste antioqueño, el sur del Departamento de Córdoba, el noroeste del Departamento de Cundinamarca, el sur del Departamento de Tolima, el Departamento de Santander, etc. (Departamento equivale a Comunidades Autónomas del Estado español).
Un golpe militar en junio de 1953 contra el presidente conservador Laureano Gómez llevó a la Presidencia de la República al dictador Rojas Pinilla, siendo uno de sus primeros actos de gobierno el ofrecimiento de la «paz» a los insurgentes y la promesa de conceder amnistía y tierra a los guerrilleros que entregaran las armas. Los combatientes del Llano, Antioquia y Santander, influenciados por el partido liberal, entregaron las armas. El gobierno incumplió los pactos. Muchos de los ya desmovilizados fueron asesinados por cuerpos paramilitares del Estado, entre otros, el más destacado jefe de la guerrilla de los Llanos Orientales, Guadalupe Salcedo.
Las guerrillas de orientación comunista de los Departamentos de Cundinamarca y Tolima se negaron a entregar sus armas y al ser hostilizadas por el ejército, auxiliado por ex guerrilleros liberales , reanudaron la lucha, que fue llevada hasta la región de El Pato Caquetá, Guayabero (Meta) y el Alto Sumapaz, donde tenían lugar importantes movimientos agrarios.
En 1958, cuando cae el dictador y se inicia el período conocido como del «Frente Nacional», en el que los partidos liberal y conservador pactaron la alternancia en el poder cada cuatro años y el ejercicio del mismo paritariamente durante 16 años, los guerrilleros de Sumapaz, atendiendo a los planes de rehabilitación y reincorporación a la vida civil ofrecidos por el nuevo gobierno de Lleras Camargo, suspendieron sus acciones militares sin entrega de las armas, dedicándose pacíficamente a sus labores agrícolas, aunque conservando su estructura organizativa con formas de autogestión y basada en «comités de autodefensa». Pese al carácter pacífico de estos movimientos, comienzan a caer asesinados destacados dirigentes agrarios y ex guerrilleros y a ser hostilizado el campesinado por grupos irregulares dirigidos por antiguos guerrilleros liberales, promovidos y amparados por el ejército, al servicio de los intereses latifundistas.
E n ese contexto organizativo de «autogestión» y «autodefensa» se conforman las zonas de colonización de Marquetalia, Riochiquito, Guayabero y El Pato, célebres por su resistencia y porque, tras ser tildadas de «Repúblicas Independientes» por el senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del depuesto presidente Laureano Gómez, fueron alevemente bombardeadas y masacradas en 1964 bajo la presidencia del conservador Guillermo León Valencia, con apoyo logístico de los Estados Unidos, en aplicación del plan LASSO ( Latin American Security Operation) Era éste un programa de ayuda militar para América Latina, que respondía a la nueva concepción militar de los Estados Unidos en los años 60, conocida como » Doctrina de la Seguridad Nacional»y promovida desde las Escuelas de las Américas, en Panamá. .
Justamente los combatientes de Marquetalia en el fragor de sus luchas proclamaron el programa agrario de las guerrillas, que se convirtió en el programa agrario de las FARC: «en dicho programa planteábamos la lucha por una reforma agraria revolucionaria que liquidara las bases de la propiedad latifundista y entregara la tierra al campesino, garantizando las condiciones para su explotación económica. Señalábamos, además, la necesidad de forjar un frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para la realización de los cambios democráticos » ( Información tomada del documento : «Las FARC-EP: 30 años de lucha por la Paz, Democracia y Soberanía» )
El reducto de campesinos que resistieron la agresión, desplazados en «pequeños grupos de guerrillas móviles hacia otras regiones con tradición de lucha y organización agraria», conformaron lo que se llamó el «Bloque Sur» ( por estar ubicado en el sur del Tolima, donde confluyen los departamentos de Huila, Valle y Cauca), que luego daría lugar al surgimiento en 1966 de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC),aún alzadas en armas.
El asesinato y la expulsión del campesinado minifundista y pobre de sus tierras permitían en aquel nefasto período la concentración de la propiedad agraria, primordialmente cafetera, en las vertientes de las cordilleras y la ampliación del latifundio destinado a la explotación agrícola y ganadera extensivas en los valles y llanuras, una y otras destinadas a la exportación. De la misma manera, el éxodo del campesinado dio lugar a la ampliación de la llamada «frontera agrícola» con aquellos campesinos que no huían a la ciudad y que se desplazaban como colonos a los parajes inhóspitos del Magdalena Medio, Urabá, el Patía, etc. y otras regiones.
«El resultado: 300.000 pobres asesinados (casi todos campesinos); gran concentración de tierras y auge de la agricultura comercial; grandes desplazamientos forzados a la ciudad que surtieron la industria, abaratando los costos de producción; el desempleo y el problema urbano como las nuevas virtudes fenoménicas del capitalismo» ( Antioquia. La mejor …Idem).
La reducción de la población campesina, preponderantemente minifundista, su desplazamiento forzado por la violencia y el proceso de relatifundización acelerado a expensas de las tierras usurpadas, es, desde los años cincuenta o período de la «violencia», una política constante de Estado » para modernizar e industrializar el campo» e «impulsar el desarrollo urbano», siguiendo fielmente las recomendaciones de los organismos interamericanos, hegemonizados por los Estados Unidos. Lo sigue siendo.
D ígase si no. «A mediados del siglo XX la Misión Currie en el libro «Desarrollo económico acelerado» planteaba que en Colombia era necesario disminuir como mínimo cien mil familias campesinas anuales y si ello no se lograba mediante un programa económico que garantizara el flujo de los campos a las urbes, es decir, mediante un «mecanismo de atracción», entonces la guerra podría servir para tal propósito como «mecanismo de repulsión» ( Ochoa Rincón Adriana Judith y otras- La relación Salud-Trabajo en la Industria alimentaria-1998- citado por el libro «Antioquia…»). Fue aquella una década de inusitado crecimiento industrial y altos niveles de exportación agrícola El iluminado Currie podía sentirse satisfecho..
El panorama social resultante de esa política criminal no ha podido ser más desolador: La descripción que de ello hace el investigador Colombiano Luis Alberto Matta Aldana es de un patentismo conmovedor: «Colombia por su tamaño- dice- es la cuarta nación de América Latina; su extensión equivale a Francia y España juntas, y es un país de fuertes y muy ricos contrastes geográficos. En la actualidad es una nación fundamentalmente urbana; un 70% de la población habita en las ciudades, mientras en la década de los treinta era a la inversa con una población mayoritariamente rural. El desalojo brutal que ha impuesto el latifundismo ha generado esta nueva realidad, que alcanza niveles sorprendentes de desplazamiento forzado; más de un millón trescientas mil personas han sido desplazadas violentamente de sus regiones en los últimos doce años ( es una apreciación escrita en 1999, por lo que la cifra es notablemente mayor en el 2004), víctimas de la contrarreforma agraria que adelanta la burguesía terrateniente y que ahora ha intensificado el narcotráfico con sus ejércitos privados de paramilitares, gozando de total impunidad por omisión de la autoridad civil y militar, cuando no de su protección, como se ha documentado en diversos casos conocidos por instancias defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales…. Más de 45 millones de hectáreas de tierra habilitada para la agricultura, en otra época maravillosas parcelas familiares y minifundios productivos, han sido paulatinamente arrebatados a los humildes campesinos en cinco décadas de despojo latifundista, con por lo menos un millón setecientas mil familias que viven ahora en las ciudades, añorando sus tierras.» ( (Tomadas del Prólogo a «Colombia y las FARC-EP-Origen de la lucha guerrillera -Testimonio del comandante Guaraca»- Txalaparta-1999)
A propósito de lo anterior, son elocuentes las manifestaciones de Alberto Leras Camargo en una de sus alocuciones como primer Presidente del Frente Nacional tras la dictadura de Rojas Pinilla, en el período 1958-1962 refiriéndose a la estrecha relación entre el proceso de expansión agrícola y la desolación humana de las zonas campesinas azotadas por la violencia en esa década: » Un extranjero estudioso de nuestra economía -decía- me señaló una vez en un cuadro impresionante, cómo coincidían las líneas de prosperidad de la república en la última década con las de la violencia y cómo a más muerte, ruina y desolación en las zonas afectadas por la barbarie, correspondían el ascenso de todos los índices de riqueza, actividad y desarrollo» (Florez E. Luis Bernardo y César González Muñoz. Industria, Regiones y Urbanización en Colombia- Edit. Oveja Negra.1983. Citado por «Antioquia la mejor Esquina de América»...)
De los «pájaros» y «chulavitas» al paramilitarismo «desarrollado»
Se considera que es hacia el año 1976 cuando irrumpe en la economía colombiana con fuerza el narco cultivo. Responde, como «medio de sustitución» a la crisis económica generada por los altos precios del petróleo, cuando de exportadora de crudo, al ser declarada Colombia zona de reserva por las corporaciones petroleras, ahora debía importarlo a los altísimos precios del mercado, entonces de 30 y 35 dólares; y porque de zona mundial agrícola exportadora, altamente productiva de grandes cultivos de palma africana, de flores, de banano, ajonjolí, soya, cereales, maíz, sorgo , arroz y algodón, al caer bruscamente sus precios en el mercado, pasa a convertirse en importadora de los mismos , por mor de «una nueva orientación imperialista en la división internacional del trabajo». ( Antioquia la mejor esquina de América» ya citada)
«A partir de 1976, para enfrentar la crisis, las clases dominantes toleraron y propiciaron el narco cultivo, que aprovechaba la marginalidad de muchas regiones, no sólo porque eran aptas por asunto de la actividad clandestina, sino porque allí el campesino necesitado de ingresos era fácilmente involucrado en la actividad. El control de extensas regiones por parte de los narcotraficantes hace parte del proceso de relatifundización de la tierra y se considera como un proyecto de contrarreforma agraria.» (Antioquia la mejor esquina de América»).
Es en esa coyuntura precisa y en las zonas marcadas, además, por el auge de las reivindicaciones sociales y la presencia activa de las organizaciones revolucionarias FARC y ELN donde «el nuevo paramilitarismo» o «paramilitarismo de nuevo cuño», modernizado y bien apertrechado militarmente, hace su aparición en condición no solo de agentes de una «mercancía» apetecida en el exterior, particularmente en los Estados Unidos, y que va a darle un renovado e inusitado impulso a la economía nacional, sino como socio privilegiado del gobierno en la «guerra sucia» contra los movimientos sociales y populares, a cambio de la impunidad en sus tropelías y participación política en las instituciones del Estado.
«Es una fuerza de choque complementaria y alterna al ejército (el » segundo ejército» del que hablaba Uribe Velez antes de ser presidente), que amplía sus posibilidades de maniobra -con «operaciones encubiertas» ilegales- e inscrito dentro de la doble moral que encierra el presente proceso de «Humanización de las Fuerzas Armadas», pues presenta tanto nacional como internacionalmente a la «represión oficial» como la «legítima», ajena e incluso como opositora de la pugna «ilegítima irracional y hasta de intereses por el control de las drogas», entre paras y guerrillas. De paso posibilitando la obtención de grandes recursos para aumentar la represión en el país (como en el caso de más de mil millones aprobados por USA)» («Antioquia…Idem). Esto es, presentar perversamente la confrontación política y militar actual en Colombia, no como lo que es, un enfrentamiento político y militar entre el Estado y las Organizaciones guerrilleras revolucionarias, sino como un choque ilegítimo por el control de los cultivos y el tráfico de las drogas entre los guerrilleros y los paras, ante lo cual habría de intervenir como fuerza legítima contra el crimen las Fuerzas Armadas
Expresión de esta alianza diabólica de clase entre los poderes del Estado y los narcotraficantes es el asesinato de cerca de 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica: cuadros sindicales, parlamentarios, concejales y candidatos a la Presidencia de la república; de una organización política de izquierda surgida como fruto de los Acuerdos de Paz celebrado en la Uribe , en 1984, entre el gobierno del presidente conservador Belisario Betancur y las FARC. Otra muestra de esa alianza son los procesos por secuestro, homicidio y participación en masacres seguidos contra 3.000 miembros de las Fuerzas Militares, en noticia del periódico El Tiempo ( de Bogotá)del 12 de septiembre de 1999.
Esa alianza o maridaje Estado-narcotráfico, del crimen y la «legalidad» republicana, abrió a los narcotraficantes las compuertas de todas las instituciones civiles, militares y religiosas. A partir de ese momento penetrarán, sin repulsa, comprometiéndolas y corrompiéndolas, todas las instituciones del Estado: gobierno, parlamento, tribunales de justicia; fuerzas militares, policiales y secretas, la Universidad, el deporte. Llegaron a ser parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores y rectores de universidad; y en el orden privado, la industria, el comercio, el transporte, los seguros, los medios de comunicación escritos y audiovisuales y las instituciones financieras y bancarias. Estas últimas, repletas, llevaron la mejor parte, auténticas cornucopias, haciendo realidad el símbolo de la bandera colombiana: el gorro frigio, la libertad; las cornucopias, la riqueza. nacional desparramándose de tanto ser. El narcotráfico, superó a todas las instituciones filantrópicas con sede en la nación: construyó estadios deportivos, erigió escuelas, iglesias, hospitales, barrios enteros para pobres y hasta dotaciones y casinos militares. Nada quedó a salvo. Ni las «mejores familias» En toda cosa o actividad dejó su huella indeleble, imitando a aquel ladronzuelo que llegó a robar todas las casas de su pueblo y en todas dejaba escrita en una pared interior la frase: «Lalo estuvo aquí»
«Ha sido tan próspero el negocio del narcotráfico, que concentró gran cantidad de las mejores tierras y diseminó sus cultivos en todos los puntos más alejados del país, bajo la sombra del latifundio o del terreno inhóspito (principalmente en Córdoba, Norte de Antioquia, Meta, Caquetá, Casanare, Guainía y Putumayo-Santander). Así mismo es prueba de su poderío el hecho de que en plena » guerra contra las drogas» el mismo gobierno tuvo que incluir a los «cultivos ilícitos» -marihuana, coca y amapola- en sus estadísticas como parte del Producto Interno Bruto» ( Antioquia…Idem)
Génesis del nuevo paramilitarismoAntecedentes del paramilitarismo estructurado y legalizado son las llamadas CONVIVIR, «cooperativas de seguridad», creadas desde el poder central. Este «paramilitarismo de nuevo cuño», sicario por encargo oficial y con intereses propios latifundistas y con estructura organizativa, tiene antecedentes en el MAS (Muerte a Secuestradores), entidad criminal fundada en Cali el 3 de diciembre de 1981 » resultado de una reunión en la que participan 223 jefes del narcotráfico, comprometiéndose cada uno a colocar 10 hombres armados y dos millones de pesos para la «empresa». De esta forma el MAS inició su actividad delictiva con 2.230 hombres armados y un capital de 446 millones de pesos. De igual manera, hicieron saber que otorgarían recompensas a quienes delataran a los secuestradores; y, efectivamente, el 12 de enero de 1982 el MAS divulgaba radialmente desde Medellín su oferta de recompensar con 25 millones de pesos a quienes dieran información sobre una mujer presuntamente secuestrada por el M-19 » (se trataba de la hermana de los Ochoa, del Cartel de Medellín). «En síntesis, el MAS, ente organizado y financiado por los narcotraficantes para enfrentar las pretensiones de los grupos guerrilleros, se desdibujó y se convirtió después en «muerte a todo el mundo», dando origen a la modalidad organizativa y delincuencial conocida como los paramilitares» (del Libro «Narcotráfico en Colombia- Bogotá 1991, citado por «Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Velez (el Señor de la sombras)»- Editorial Oveja Negra -Bogotá 2002).
D esde el gobierno se idearon fórmulas jurídicas equívocas para legalizar la actividad paramilitar. El Ministro de Defensa del presidente liberal César Gaviria (90-94) dictó el decreto ley «para reorganizar la seguridad privada, regular las compañías de vigilancia y autorizar la creación de departamentos de seguridad en empresas rurales y urbanas».
Al no llegar a tener efecto, el nuevo Ministro de Defensa del gobierno liberal de Ernesto Samper (94-98) lo dispuso mediante «resolución», proponiendo su establecimiento en todo el país, denominándolas «Cooperativas de seguridad», dedicadas a «informar a las autoridades (Policía, Ejército, Fiscalía y Procuraduría) de las irregularidades que se presentan en su área de acción con el fin de facilitar la captura de los delincuentes y ayudar a la judicialización de los procesos». Originalmente estaba compuesta por una agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones y con la instrucción de dotarse solo de armas de corto alcance.
Nacieron así las famosas CONVIVIR, calcadas en el esquema paramilitar de las «Autodefensas Campesinas», que ya se habían consolidado en las zonas de Córdoba y Urabá desde 1987. Con despliegue inusitado en Antioquia, en ellas se apoyaba el actual Presidente de la República, entonces Gobernador de Antioquia, quien en octubre de 1996 solicitó al gobierno central que se dotara a sus integrantes de armas de largo alcance para «convertirlas – son sus palabras- en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas», lo que enseñaba su carácter de fuerza paraestatal en la tarea anti guerrillera del ejército.
En su libro «Mi Confesión» (La Oveja Negra-2001) afirma el jefe paramilitar Castaño que: «la filosofía de Uribe no es otra que la de crear las Convivir, que se originan ‘en el mismo principio de las Autodefensas'»: «No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los narcotraficantes, que se dedicaron a montar pequeñas ‘Convivir’ en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado» (citas de «Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Velez»)
En el comunicado que expidió la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades, con sede en Madrid, condenando la visita de Uribe Velez a España el 29 de julio de 1997, cuando aún no era candidato a la Presidencia, se manifestaba que : » Estas cooperativas (Convivir) fueron utilizadas por los terratenientes y los narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de «tierra arrasada en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia en el Nudo de Paramillo e ingresaron al eje bananero de Urabá, asesinando y desplazando a miles de campesinos».
«Para diciembre de 1996 la gobernación (de Antioquia) reconocía la existencia de 56 Convivir en el mismo número de municipios. Sin embargo el Instituto Popular de Capacitación (IPG), de Medellín, registraba la existencia de setenta. Esta organización armada se estableció en zonas que comenzaron a ser adquiridas por parte de terratenientes y narcotraficantes, y coincidieron también con las principales zonas de cultivos ilegales en el departamento (ver Alternativa NQ 5,dic/96 )
La dimensión macroeconómica del paramilitarismo y el plan de desarrollo del estado
Principal connotación económica de la actividad paramilitar del Estado es la de ser ésta un instrumento activo en su política de remodelación macroeconómica, acorde con la actual división internacional del trabajo, que facilita, mediante el terror, la estrategia de contrarreforma agraria desarrollada por el latifundio y garantiza en los territorios «liberados» y «pacificados» a sangre y fuego, cuantiosas inversiones de gigantescas corporaciones internacionales en el desarrollo de megaproyectos, muchos de ellos ya acordados con el Estado.
» E l paramilitarismo como política burguesa de Estado contra la guerrilla y la lucha popular y el paramilitarismo como «política económica» de los narcos, terratenientes y grandes financistas para apropiarse de la tierra y sobre todo de su valorización (renta diferencial II) por los megaproyectos en que está inscrita; es ésta la forma actual (neoliberal) como el régimen capitalista profundiza su curso, su particular desarrollo violento (yunker) a la colombiana. De nuevo se impone «el orden» ( ya el «Nuevo Orden Económico Mundial» y «la limpieza social» tarea fácil y rentable usufructo de los inversionistas extranjeros.»)( Antioquia…ya citado)
De hecho las rutas del crimen seguidas por los paramilitares de las Autodefensas Campesinas se corresponden con los trazados de los planes gubernamentales de «Apertura Económica» y las expectativas imperialistas de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
E s el caso de los tres Departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, comprendidos en el Plan Gubernamental del Proyecto del Pacífico, en donde se concentran las mayores operaciones de las multinacionales en megaproyectos de biodiversidad en la cuenca del Atrato, de construcción de una docena de hidroeléctricas, explotación petrolera, obras de infraestructura portuaria y vial, etc. Y es allí justamente donde los paramilitares han llevado a cabo los más horrendos crímenes y de donde procede el mayor índice de desplazados.
La sombra paramilitar de UribeA lvaro Uribe Vélez, elegido Presidente de Colombia con menos del 25% de los electores, es originario del Departamento de Antioquia.
Antioquia es tierra pionera de la industria nacional, y es de una importancia económica para el Estado colombiano como puede serlo para el Estado español el País Vasco o Cataluña. La influencia de emigrantes vascos y judíos sefarditas puede verse en los apellidos de sus gentes y en los nombres de los pueblos.
Los antioqueños han sido fundadores de pueblos. Una familia prolífica, que podía estar constituida hasta por 25 hijos, urgida de espacio vital para acomodarlos y alimentarlos, obligaba a sus miembros, aún de corta edad, a emigrar en busca de tierras baldías en las cordilleras de los Andes colombianos.. La llamada «colonización antioqueña», que puede remontarse a los años 50 del siglo diecinueve, representa para Colombia un proceso excepcional de población e incorporación de tierras baldías a la agricultura, llevada a cabo a todo lo largo de las codilleras occidental y central de los Andes desde la Antioquia «Grande», hasta una extensión territorial muy vasta, en donde hoy se levantan innumerables pueblos en un buen número de Departamentos y provincias, fundados por colonos antioqueños. Ellos expandieron la cultura del café, del maíz y del fríjol, base de alimentación montañera.
En su historia republicana, Antioquia se debatió siempre entre optar por el federalismo o la independencia. Con himno y bandera propios, el antioqueño tradicional siempre se reconocía antioqueño en primer lugar, y luego colombiano.» La república independiente de Antioquia» Los hijos de antioqueños nacidos en otro Departamento de Colombia se «sentían» antioqueños. Cuando se les preguntaba su origen respondían: » Yo soy hijo de antioqueño pero nacido en… tal parte».
La adhesión de la burguesía antioqueña a la República unitaria y centralista de Colombia, en opinión de algunos estudiosos de este tema, obedeció a un pacto de Estado, de beneficios fiscales y la adjudicación de las carteras ministeriales de Hacienda por el Estado. Esto les permitía fijar desde el mismo centro de las políticas económicas del Estado las líneas de su propio desarrollo económico, obviando excesivas trabas burocráticas e imposiciones fiscales que afectaran su desarrollo económico..
La acumulación capitalista originaria, que provenía primordialmente de la explotación y exportación cafetera, permitió a la burguesía antioqueña crear y desarrollar una importante industria y un sistema financiero y comercial autónomos.
Puede afirmarse, sin ambajes, que los puntos de vista y las decisiones de la burguesía «paisa» en materia política o de economía tienen un ponderable peso específico en las esferas del Estado.
El panorama económico colombiano, en relación con las expectativas y apuestas políticas y económicas de la oligarquía antioqueña, ha variado fundamentalmente, por efecto de factores tanto internos como internacionales, que han vuelto a sacar a flote sus aspiraciones federalistas, al punto que » a finales de febrero de 2000 un grupo de senadores antioqueños y del eje cafetero dejaron un Proyecto de Ley para la federalización del país» ( «Antioquia…ya citado). Factores que sirven para explicar tal hecho, podrían considerarse los siguientes: Los efectos de la globalización económica, que se han traducido en descapitalización de la industria y la Banca antioqueñas; la políticas fiscales del Estado, que para atender los enormes y crecientes gastos del pago de la deuda externa y los derivados de la «guerra integral» contra la «subversión» interna, se ve compelido a aumentar los impuestos , lo que se traduce en obligadas transferencias del capital generado en la provincia (léase Departamento) hacia el centro, privando a la burguesía antioqueña de recursos insuficientes para impulsar su propio desarrollo autónomo; las enormes expectativas de inversión capitalista internacional, especialmente norteamericana y japonesa, en macroproyectos (ya arriba expuestos), que incluyen no solo a Antioquia sino a los Departamentos de Chocó y Córdoba, colindantes, y a los que se haya vinculado el capital antioqueño con no menospreciables inversiones agrícolas, ganaderas, turísticas y comerciales. De ahí que la perspectiva federalista de Antioquia contemple la incorporación, junto a ella, de aquellos dos Departamentos, en una sola región, de manera que la haga más competitiva y propicia a la inversión extranjera.
En ese contexto de poderosos intereses en la zona , no es de extrañar el pacto de apoyo e impunidad entre la oligarquía antioqueña y los paramilitares, como tampoco el papel de «pacificador» de Uribe Vélez, aliándose a los paramilitares en esa región, desde la época en que fuera Gobernador de Antioquia (1995-1997).
Cabe pensar que en el desempeño de ese oscuro papel y en «defensa» de sus intereses, ha debido estrechar especiales vínculos con el Comandante militar de las AUC-Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, ganadero colindante con la finca de Uribe Vélez, al que ahora le propone amnistía, perdón y no extraditarlo a los Estados Unidos en donde se le reclama por sus vinculaciones al narcotráfico internacional.
De hecho, el Presidente Uribe pertenece al sector de los terratenientes antioqueños, con hacienda en la misma zona , destinada a la ganadería y a la crianza de caballos de raza criolla. «Hacienda de 800 hectáreas en el Departamento de Córdoba (otra vez el triángulo Antioquia-Chocó-Córdoba) ubicada a 45 minutos de la capital del Departamento, Montería, donde levanta más de 1.500 cabezas de ganado «Su padre era también ganadero y terrateniente, con muchas posesiones en la zona. Adiestrador de caballos de raza , junto con su hijo, ahora el Presidente Uribe, acudían a las ferias de caballos, compartiendo espectáculo y negocio con los barones del cartel de drogas de Medellín los Ochoas, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, poseedores éstos, a su vez, de magníficos caballos de estirpe árabe y española. Los medios informativos dan cuenta de la lujosa feria de Armenia. Cuando las FARC, dieron muerte a su padre en junio de 1983 en la finca «Guacharacas», de su propiedad, en momentos en que descendía de su helicóptero particular, el capo Pablo Escobar envió un helicóptero a rescatarlo. Aquel helicóptero, perteneciente a «Aerofotos Amortegui Ltda.», sociedad de Uribe Sierra, su padre, fue vendido. Al año siguiente, fue encontrado con la misma matrícula y «decomisado en la «operación Yarí, conocida como Tranquilandia, en un vasto golpe de la Policía colombiana a » un gigantesco complejo coquero en las selvas entre Caquetá y Meta». Cuando mataron a su padre, uno de los avisos de invitación al entierro fue de » Medellín sin tugurios», una entidad creada por Pablo Escobar , destinada a la construcción de viviendas para las familias míseras de Medellín, Convertido el barrio en fortín electoral, le había permitido a Escobar obtener los votos suficientes para ir como Representante al Congreso de la República, pese a haber sido rechazada contundentemente su candidatura liberal por el Director del Partido liberal entonces Luis Carlos Galán, asesinado después por la mafia del narcotráfico.. Siendo Uribe Vélez Alcalde de Medellín, en el momento del auge político de Escobar, Uribe » viajó a Bogotá a presentar el programa de Escobar, «Medellín sin Tugurios» con una delegación de funcionarios y lo puso por el cielo, como ejemplo de los proyectos de vivienda social» (Los datos son tomados de «Biografía no autorizada de Alvaro Uribe Vélez», ya citada, a su vez sustentados por los autores con amplia documentación)
Ricardo Ferrer ,periodista y Mauricio Lazala, politólogo, ambos colombianos exiliados, citados por Fernando Garavito en el Epílogo al libro atrás reseñado y del cual es coautor, recordaban que » entre 1976 y 1977, Uribe fue Jefe de Bienes en las Empresas Públicas de Medellín y desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo poblado de El Peñol. Supuestamente esa experiencia lo puede presentar como un buen administrador. Pero los habitantes de El Peñol y Guatapé en el oriente de Antioquia cuentan la misma historia desde los muertos y desaparecidos que sufrieron durante la negociación por las tierras…El proyecto hidroeléctrico de El Peñol fue más impuesto que negociado, y la población civil solo conoció gases lacrimógenos, expropiaciones de tierras y destierro forzado»
Más adelante, los mismos añaden: «La sombra más sangrienta que pesa sobre las páginas del historial de Uribe Vélez se produjo en 1997, año en el que ocurrieron las principales masacres de Antioquia, debidamente documentadas por periodistas y activistas de derechos humanos, en la zona del río Atrato. ( (Uribe Vélez ejerció como Gobernador del Departamento de Antioquia en el período 1995-1997) Las masacres de civiles fueron cometidas en la jurisdicción de la Brigada XVII, bajo el mando del General Rito Alejo Del Río Rojas, quien se encuentra actualmente bajo proceso de investigación judicial. Durante el tiempo en que ocurrieron los abusos contra la población civil, Uribe omitió interceder a favor suyo y no procedió contra Del Río. Si el general Del Río fue el ejecutor de las masacres en Urabá y en el Atrato, él Uribe Vélez fue el gran encubridor de las mismas. Era imposible ignorar el asunto cuando los muertos flotaban en el Atrato a la vista de todo el mundo: los escuadrones de la muerte habían dado la prohibición de recoger los cadáveres»
» Los paramilitares tienen interés en las selvas del Atrato porque allí pueden sembrar coca, instalar laboratorios y sacar la cocaína por las rutas de Panamá. Desde mayo de 1997 hasta mayo del 2000, las «Autodefensas Unidas de Colombia» tomaron el poblado de Vigía del Fuerte como una de sus bases de operaciones. Desde allí sus hombres controlaron el Atrato hasta su desembocadura en la zona de Urabá. Durante tres años las autoridades locales se hicieron las de la vista gorda ante las docenas de cadáveres que flotaban en el río. Las pruebas acumuladas contra el general Del Río señalan que hubo un trabajo conjunto entre escuadrones de la muerte y el ejército colombiano en las regiones de Córdoba, Urabá y el Atrato.» ( Idem)
EPITAFIO CÍNICO: «Hoy Urabá es una zona donde hay una gran convivencia entre el empresariado y los trabajadores» Respuesta de Alvaro Uribe Vélez, candidato a la Presidencia de la República al diario El Tiempo de Bogotá el 3 de febrero del año 2002: La paz de los fusiles.
De las sombras a los solesE l ciudadano Alvaro Uribe Vélez fue ungido Presidente de la República con el escaso 25% de los votos de los electores colombianos, tras unas elecciones caracterizadas por la crisis y decadencia de los partidos políticos tradicionales, la división del Partido Liberal, del que Uribe formaba parte, y la debilidad electoral de la izquierda.
Fueron apoyo en su campaña electoral connotados señores , ligados por la amistad, los negocios o la investigación judicial a los barones del narcotráfico o al comercio ilícito de la droga.
La prensa nacional y extranjera ha abundado en datos sobre la vida y milagros de esos personajes. Uno de ellos, Mario Uribe, senador y primo hermano de Uribe Vélez, amigo incondicional de Pablo Escobar, a quien visitó en la represa de El Peñol cuando éste se hallaba en la «clandestinidad». Otro: Ignacio Mesa ,senador de la República, quien sigue las directrices de Gustavo Upegui, sustituto de Pablo Escobar; Jorge Ballen Franco, investigado en los Estados Unidos;.etc. Y con él, la mayoría de los congresistas y políticos liberales vinculados al proceso 8000, que se sigue en Colombia por el delito de narcotráfico.
Nada más llegar al poder, Uribe Velez se coloca bajo el paraguas económico y militar de los Estados Unidos. Se abren aún más las compuertas del Estado y la nación al gran capital-dinero de las gigantescas corporaciones multinacionales. Con la cartilla del «Consenso de Washington» bajo el brazo, y los abyectos compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, pretende y promete finalmente » despegar» hacia el dichoso «desarrollo sostenible», palabreja que por querer decir mucho, o alcanzar el cielo, nada define, salvo la perennidad sostenible y sostenida de los privilegios al capital nacional e internacional . Y a la «inseguridad» de los movimientos y la protesta sociales y la guerra insurgente, propone la «seguridad democrática», la guerra al «terrorismo», la «guerra global,»con el apoyo logístico, financiero y militar de los Estados Unidos. Más Plan Colombia. Mayor intervención norteamericana. Guerra al pueblo.
El 2 de diciembre de 2002, recién iniciado el periodo presidencial de Uribe Vélez, el gobierno colombiano firmó con el Fondo Monetario Internacional el último compromiso ante su Director Gerente Hoest Köhler., que es como una rendición del Estado, una renuncia a su soberanía. El propósito fundamental es, por la vía de la expropiación ciudadana, liberar fondos para responder puntualmente al pago de los intereses de la deuda, que en el año 2001 había alcanzado la catastrófica cifra de 39.038 millones de dólares. Impagable. A finales del año 2003 el pago de servicios de la deuda bordeaba el 90% de los ingresos corrientes de la nación, se mantiene nutrido el capital financiero internacional a expensas de una mayor profundización de la pobreza de los colombianos. Piénsese que , como estima el senador colombiano Jorge Enrique Robledo, » en tanto la deuda externa pública y privada, que había tardado un siglo en llegar a 17.278 millones de dólares, más que se duplicó en solo seis años, entre 1992 y 1998, cuando alcanzó 36.682 millones de dólare» («Porqué decirles No al ALCA y al TLC»)- Tan descomunal y desproporcionado incremento de la deuda se produce justamente en la década de la apertura y el auge del neoliberalismo .Por efectos de esta política criminal, 27 millones de colombianos viven por debajo del umbral de la pobreza. .
En virtud del «acuerdo» leonino con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno adquirió los siguientes compromisos: aumentar sus ingresos corrientes a través de un incremento de la base del Iva , haciendo más penoso el consumo popular; impulsar ahorros del gasto público, dirigido en primer lugar a la congelación de los salarios de los empleados públicos; llevar a cabo la reforma pensional, como mecanismo de «ahorro» y que permitió el robo de 115 billones ahorrados forzosamente, por descuento de nómina para pensiones, por los trabajadores estatales a lo largo de su vida laboral; se exigió al gobierno la reestructuración del tamaño del Estado, que incluía desde la fusión y eliminación de entes estatales hasta la supresión del 10% de la nómina gubernamental; de la misma manera, se le exigió la flexibilidad del presupuesto, que no era otra cosa que sustraer los fondos presupuestados, destinados al servicio de los gastos de salud, educación y saneamiento ambiental, de los Departamentos y Municipios, para usar la diferencia presupuestaria en pagos de interés a la banca mundial. Y, por supuesto, lo que no podía faltar, la reforma laboral, con el siguiente compromiso textual: » reducir los costos laborales mediante la prolongación de la jornada diaria de trabajo, y la reducción de costos por concepto de pago de horas extras e indemnizaciones por despido», siendo aprobada en esos mismos términos en el Congreso de la República.
Desde el palacio se ufana el Presidente Uribe, y proclama el » Estado Comunitario» como la buena nueva. La fórmula que habrá de traer paz entre los colombianos. La armonía entre el capital y el trabajo. La paz social que permita el buen entendimiento entre el lobo y el cordero. Para que haya libertad: la libertad del zorro en el gallinero. Todo el pueblo se comprometa en la política de su propia explotación
Una buena caracterización del «Estado Comunitario» se halla formulada en el Documento para la Discusión de la 2ª Conferencia Ideológica Nacional del Partido Comunista Colombiano:
«El «Estado comunitario», proclamado objetivo del Plan de Desarrollo y que se piensa como un sistema sin contradicciones sociales ni políticas, cuyo eje es la obligatoriedad de compartir con el soberano su pensamiento y su acción, donde no hay lugar para la oposición democrática, ni espacio para los sindicatos que confronten al patronalismo oficial, sino para la concertación sin lucha. El propósito es la transformación del movimiento obrero, de fuerza de respuesta a la ofensiva patronal y oficial, en un sindicalismo patronalista que se integre al sistema dentro de una concepción corporativa donde no cabe la lucha de clases, sino la subordinación y colaboración con el empresariado. Se pretende sustituir las organizaciones propias de los trabajadores por empresas de gestión y de «trabajo asociado», en la lógica de la acumulación capitalista. Es lo que algunos llaman el «unanimismo».
Y en esa línea programática está ese engendro fantasioso y demagógico de » el país de propietarios», » un paradigma para forjar todo un ideal retrógrado de capitalismo sin obreros y de una utópicas sociedad mercantil simple, absolutamente extraña a la realidad capitalista actual. Resucitan los viejos halagos de convertir a los trabajadores en accionistas mínimos de las empresas para que se «sientan» propietarios de éstas, las defiendan económicamente y se interesen por elevar sus ganancias» ( Idem)
.En fin, toda una política encaminada a crear las condiciones más óptimas para la inversión y el beneficio sin tasa de la inversión imperialista.
Con acierto conceptual, un grupo de profesores universitarios, vinculados a la campaña de «Lucho» Garzón, el tercer candidato, citado por Joseph Contreras, manifiestan que esa política «ayuda a que se profundice en Colombia un modelo económico caracterizado por la más grande acumulación y concentración de capital y tierra en unas pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales dela economía. Su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como la centralización absoluta del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar y la negación de las libertades democráticas»( Biografía no autorizada de Alvaro Vélez Uribe- El señor de las sombras).
El Presidente Uribe ha aprendido a despachar también desde los cuarteles en inhóspitos lugares del territorio nacional y ya no teme a la noche de la insurgencia. Y claro, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. «Pacificador» del noroeste colombiano. Antes de que triunfe en Ayacucho, hay respetables ciudadanos que proponen para el comandante los soles de General
EPÍLOGO: Pero el poder omnímodo de que dispone no le permite ejercitarlo frente al Imperio. Ahí se quiebra su fortaleza. Su último acto impúdico de sujeción al amo del Norte ha sido la extradición de Simón Trinidad, un combatiente popular, a las mazmorras de los Estados Unidos de Norte América. No deja de tener sus ironías la historia. Colombia está sometida al Imperio. Regresa la época en que los patriotas eran conducidos con cadenas a las mazmorras del imperio colonial. Unos regresaban, como don Antonio Nariño, Precursor de la Independencia de la Nueva Granada. Otros sucumbían en ellas, como el inmortal Don Francisco de Miranda, Precursor da la Independencia de Venezuela.