Después de cuatro años de labores, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia entregó su informe final a la Corte Suprema. El texto, de más de 300 páginas, hace una reconstrucción histórica de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985. Como un fantasma, esa verdad regresó para cuestionar la […]
Después de cuatro años de labores, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia entregó su informe final a la Corte Suprema. El texto, de más de 300 páginas, hace una reconstrucción histórica de lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Como un fantasma, esa verdad regresó para cuestionar la actuación del gobierno del presidente Belisario Betancur, la respuesta del Ejército y, por supuesto, la demencial toma del M-19. Las primeras conclusiones empiezan a golpear políticamente a Noemí Sanín y Gustavo Petro, ambos candidatos presidenciales en orillas distintas en la época de la toma. Sanín como ministra de Comunicaciones y Petro como militante del grupo guerrillero, a pesar de no haber participado en la toma.
En cuanto se conoció el informe, los medios de comunicación se apresuraron a poner en titulares las afirmaciones de Nilson Pinilla, uno de los integrantes de la Comisión. No obstante, algunas de las cosas que se han dicho, o no están en el informe o se plantean apenas como hipótesis.
La Silla Vacía toma los grandes mitos alrededor del Palacio de Justicia y la respuesta que dio la Comisión a cada uno de ellos. En algunos casos, respuestas que aclaran esos mitos. En otros, respuestas que aún generan dudas.
Qué tan previsible era la toma del Palacio de Justicia
Un mes antes de la toma, el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe manifestó en la Cámara de Representantes que las fuerzas militares habían recibido el siguiente anónimo: «El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo».
Este mensaje fue incluido en un memorando del Comando General de las Fuerzas Militares enviado a varias de sus unidades y divisiones.
Por otro lado, según el informe, «dos o tres semanas antes [de la toma], el doctor Reyes Echandía reunió a los periodistas más allegados a él en su oficina y les contó que habían encontrado un plan para tomarse el Palacio».
La Comisión concluye que la toma la conocía el Gobierno, el Ejército e, incluso, la opinión pública. Por cuenta de los indicios y de las amenazas que tenían varios magistrados, la seguridad del Palacio fue reforzada. Pero de manera intempestiva, se suspendió el 5 de noviembre.
Para la Comisión, la hipótesis más probable sobre el retiro de esa protección fue la «ratonera»: la fuerza pública le tendió una trampa al M-19, y deliberadamente retiró la seguridad para después tener a su merced a los guerrilleros.
La Comisión se refiere también a cómo para esa época la Rama Judicial había expresado reservas sobre figuras como el estado de sitio o la justicia penal militar. Esto mereció que se la acusara de ejercer una «dictadura judicial».
Sobre este tema, la periodista Ana Carrigan – en su libro ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’ – se refiere a procesos judiciales que se estaban promoviendo contra integrantes de la fuerza pública, tanto por posibles violaciones de los derechos humanos como vínculos con grupos paramilitares.
«Los problemas de los magistrados con los militares se remontaban a una serie de investigaciones judiciales enfocadas en su brutalidad (…) otros casos más recientes estaban relacionados con actividades de la guerra sucia», dice la periodista.
Esta arista no fue explorada por la Comisión en su informe.
Quién dio la orden de la retoma
Los militares no se molestaron en consultar con el Presidente cómo debía ser la respuesta a la toma. De hecho, según la Comisión, el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe sólo se presentó en la Casa de Nariño a las cuatro de la tarde del 6 de noviembre, casi cinco horas después de que se inició la toma del Palacio.
Para entonces, los tanques del coronel Plazas Vega ya habían derrumbado las puertas de bronce del Palacio e ingresado.
«No ordené el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia», dijo el ex presidente Betancur a la Comisión. Este desdén del poder militar hacia el Ejecutivo, traducido en desinformación e incumplimiento de órdenes, se mantuvo durante todo el episodio.
La Comisión explica a qué se debió este quiebre: «Las relaciones entre el presidente Betancur y las Fuerzas Militares distaban de ser fluidas y existía una mutua desconfianza, generada a partir del proceso de paz y del cambio de orientación en el manejo del orden público en el país». Esta conclusión del informe la ratificó el propio ex presidente Belisario Betancur, al declarar ante la Comisión: «sí, había tenido dificultades [con los militares] desde el comienzo del gobierno».
Después de Julio César Turbay, un presidente de línea dura y con un enfoque militarista – no exento de desmanes y abusos -, el enfoque pacifista de Betancur no les cayó en gracia a los militares. Para ellos, además del cambio de lenguaje y mentalidad, el proceso de paz se había adelantado sin consultarlos.
Cuál fue el papel del Gobierno
«Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes», afirma la Comisión. Considera que en definitiva no hubo un intento real de diálogo, ni tampoco una verdadera planificación de una operación de rescate.
Si bien esto se debió en parte a la desinformación a que sometió el Ejército al Gobierno, también fue una actitud deliberada, que a medida que avanzaba la toma fue respaldada por todos los ministros, salvo algunas excepciones, en especial la inconformidad que en algunos momentos manifestó el ministro de Justicia Enrique Parejo.
El presidente Betancur pidió consejos de ex presidentes e incluso de Gabriel García Márquez.
«Mientras el Presidente del Congreso, doctor Álvaro Villegas, y el Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes, llamaban insistente e infructuosamente al primer mandatario para solicitar el cese al fuego, el presidente Betancur y sus ministros realizaron personalmente unas pocas llamadas a otros rehenes para tranquilizarlos y anunciarles que pronto se resolvería satisfactoriamente la crítica situación por la que atravesaban», concluye la Comisión.
El único intento que hizo el Gobierno de negociar con la guerrilla, a instancias de Parejo, fue el segundo día de la toma. La idea era enviar un mensaje del Gobierno a Andrés Almarales, comandante del M-19 que estaba en el Palacio. Esto se haría mediante un delegado de la Cruz Roja.
«El mensaje enviado a través de Carlos Martínez Sáenz, salió aproximadamente a las 10:00 a.m., y no pudo entrar [al Palacio de Justicia] sino después de medio día. Enrique Parejo le oyó decir que no lo habían dejado pasar y que el Ejército le había dicho que no era prudente que entrara porque en ese momento había un tiroteo entre la guerrilla y la Fuerza Pública», dice la Comisión. Cuando finalmente el Ejército dejó entrar a Martínez «ya no había nada que hacer».
Lo que sí hizo el Gobierno, fue silenciar a los medios de comunicación, lo cual resultó paradójico para la Comisión: «al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra [Noemí Sanín] tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero (…) y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas».
Los medios de comunicación trataron de negarse a hacerlo, pero la orden fue perentoria. Más de 20 años después, Yamid Amat le dijo a la Comisión: «La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. (…) Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el Gobierno, cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando».
Cuál fue la relación entre el Cartel de Medellín y el M-19 en la toma
«Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia», afirma la Comisión. No obstante, no concluye de manera precisa en qué nivel se dio el apoyo de Pablo Escobar al grupo guerrillero.
La Comisión cita el testimonio del lugarteniente de Pablo Escobar, ‘Popeye’, quien aseguró que el capo pagó dos millones de dólares al M-19 por la toma del Palacio. «Él [Pablo Escobar] le entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron», dijo a la Comisión.
Por otro lado, la Comisión cita el libro ‘Mi confesión’ del líder paramilitar Carlos Castaño, según el cual en mayo de 1985 Carlos Pizarro y el Cartel de Medellín acordaron la toma del Palacio, a iniciativa de Pablo Escobar. Según Castaño, Pizarro ‘cobró’ un millón de dólares por eliminar al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, y un millón de dólares por destruir todos los archivos.
Para la Comisión, la contradicción entre los testimonios no refuta «otras deducciones», como la humareda que salía del Palacio de Justicia antes de la primera hora de la toma, cuando el Ejército no había llegado. Lo que indicaría – al parecer, ya que no lo afirma el informe – que en ese momento se incendiaron los expedientes.
Ese día, además, se estaba discutiendo la constitucionalidad del tratado de extradición en la sala constitucional. Un tema que hacía parte de las proclamas que hizo el M-19 cuando se tomó el Palacio.
La Comisión hace referencia también al testimonio de los ex guerrilleros Otty Patiño y Rosemberg Pabón, que afirmaron que sí había algún tipo de relación con los narcotraficantes, limitada a temas como apoyo de transporte o suministros. Pero, aclaran, no había un sometimiento del M-19 a la voluntad de los carteles.
Para ese grupo, la motivación de la toma era hacerle un «juicio» al presidente Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de tregua suscritos en 1984.
Qué tan proporcionada fue la respuesta del Ejército
«Infortunadamente, el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión en calificar la acción de ilegítima, desproporcionada y copartícipe del Holocausto», dice el informe preliminar de la Comisión, citado en el texto definitivo.
Además de desconocer las órdenes del presidente Betancur – como una aparente orden del cese del fuego y el envío de un mediador al Palacio – y de desinformar al Gobierno, el Ejército no informó sobre un emisario que había sido liberado por el M-19 específicamente para pedir un cese al fuego. Se trataba del consejero de Estado Reynaldo Arciniegas.
«En el camino, Arciniegas le comentó [al coronel Herrera Miranda] que lo habían liberado para que hablara con el Presidente para que ‘cese el fuego’. En la casa del Florero [Herrera] le dio un tinto y le dijo que llamara a alguien, llamó al Ministerio de Defensa y habló con el General Vega, Secretario General, quien era el oficial más antiguo. Herrera le dijo que llamara a su casa antes de ir a Palacio. Le preguntó por su hijo, que tenía seis años y le dijo que fuera primero a su casa a abrazar a su hijo y a cambiarse de ropa porque estaba ‘mal vestido’ y después fuera a Palacio. Un carro del Ejército lo llevó a su casa. Nunca fue al Palacio de Nariño ni entregó mensaje alguno, ni personal ni telefónicamente».
La Comisión también hace un énfasis sobre el arsenal de guerra que desplegó la fuerza pública sobre el Palacio de Justicia, en especial el que tenía la capacidad de mayor destrucción.
«El Ejército también empleó cargas explosivas de demolición con componente de trinitrotolueno o TNT, para abrir brecha en las paredes y muros del Palacio de Justicia; también fue empleado el C-4, explosivo plástico rompiente de uso militar, utilizado durante la segunda guerra mundial, el cual tiene más capacidad explosiva que el trinitrotolueno TNT».
Una vez concluida la retoma, la fuerza pública manipuló de manera sistemática la escena del crimen, lo que dificultó el reconocimiento de cadáveres y la reconstrucción de los hechos.
Quién ocasionó el incendio que acabó con el Palacio
«Las declaraciones, peritajes y documentos militares de planeación estratégica y táctica, sugieren que el Ejército pudo tener responsabilidad en el tercer incendio del Palacio de Justicia, el devastador, por la falta de previsión durante la operación militar sobre los efectos del armamento utilizado, así como por la persistencia en el uso de ciertas armas, a pesar de la evidencia del efecto nefasto que produjo la conflagración en la edificación», dice la Comisión.
Sobre los dos primeros incendios, la Comisión no es concluyente. El primero se dio en los sótanos, al parecer por cuenta de explosivos del M-19, la entrada del Ejército y la quema de vehículos particulares. Éste no se propagó.
El segundo tuvo lugar hacia las cinco o seis de la tarde del 6 de noviembre, cuando la fuerza pública tenía control del primer piso. El origen de éste no es claro. «Algunos testigos manifestaron a la Comisión que desde los pisos altos los guerrilleros arrojaban expedientes en llamas para tratar de encender los tanques que les hacían tanto daño; otros señalan que vieron cómo aparentemente desde el primer piso lanzaban bolas de fuego».
El tercer incendio se dio en el cuarto piso. La Comisión cita el testimonio del sargento segundo Carlos Julio Rubio, según el cual el incendio fue el resultado de un ataque del Ejército contra la sala de conferencias de ese piso, donde se atrincheraban 15 guerrilleros, el presidente de la Corte Suprema, ocho colegas y alrededor de 20 rehenes más.
Esta versión concuerda con lo afirmado por Ana Carrigan en su libro ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’, que incluye apartes de declaraciones dadas a la propia Comisión. No obstante, Carrigan añade otros detalles.
El Ejército había tratado infructuosamente de llegar a esa zona del cuarto piso, pero era repelido por la ametralladora de la guerrilla, lo que había causado bajas y heridos de gravedad de la fuerza pública. Así que el Ejército disparó varios cohetes al cuarto piso y, posteriormente, voló con explosivos el techo, desde la azotea. En se momento se inició el incendio más grande que consumió el Palacio de Justicia.
Cómo murieron los rehenes y los guerrilleros
Alrededor de 60 personas murieron calcinadas y con heridas de armas de fuego en la zona del cuarto piso. Según la Comisión, «no fue posible saber con certeza» ni cuántos murieron ni cómo. La mayoría quedaron calcinados y mutilados, al parecer por efecto de las explosiones.
«Por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla», añade la Comisión.
Además de este grupo de víctimas y guerrilleros, otros murieron en el baño que quedaba entre el tercer y cuarto piso, el segundo día de la toma. Este fue el último reducto de Andrés Almarales y los demás guerrilleros a su cargo, donde tenían a 70 rehenes. Se trataba de un espacio de 20 metros cuadrados.
El Ejército puso una carga explosiva en la pared del baño. La explosión mató a algunos de los rehenes y otros más murieron cuando el Ejército empezó a disparar a través del boquete que había abierto.
«La Comisión de la Verdad, después de haber escuchado los testimonios de numerosos sobrevivientes de los hechos del baño considera que, en ese momento, como producto de la violenta e inesperada explosión en la pared oriental del baño, acompañada de ráfagas de disparos desde el exterior, se produjo una inmediata reacción de los guerrilleros que dispararon sus armas contra algunos rehenes que se encontraban en el baño».
La Comisión también afirma que fue en ese momento cuando la guerrilla asesinó al magistrado Manuel Gaona. Después de analizar algunos testimonios concluye: «Los disparos que en ese preciso momento impactaron sus cuerpos produciendo la muerte instantánea de Gaona (…) no pudieron provenir de las armas oficiales sino de las de los guerrilleros que eran los únicos que las portaban y usaban en ese entorno».
Por otro lado, para la Comisión el abogado Carlos Urán salió vivo del Palacio de Justicia, pero posteriormente su cuerpo sin vida apareció adentro, con un disparo en la cabeza a quemarropa e indicios de torturas. También con heridas de armas de fuego encontraron los cuerpos de los magistrados Ricardo Medina, Eduardo Gnecco y Alfonso Reyes, presidente de la Corte. Todos con proyectiles de balas que, según la Comisión, no usó la guerrilla. En el caso de Reyes, además, se encontraron indicios de que su cuerpo trató de ser incinerado después de muerto.
Frente a los guerrilleros muertos, la Comisión encontró que al menos ocho de ellos fueron ejecutados sumariamente: «Respecto al análisis de los protocolos de necropsia relativos a los guerrilleros, se ha podido establecer que en ocho de los casos analizados, se presenta una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo, y en siete de ellas con frotis positivo para pólvora y con características de las lesiones que sugieren haber sido a contacto [a quemarropa]».
Sobre el asesinato de Manuel Gaona, la periodista Ana Carrigan – en su libro ‘El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana’ – incluye un testimonio de un sobreviviente, que no aparecer en el informe: «Yo no vi que mataran [los guerrilleros] a Manuel Gaona. Es que yo no vi que los guerrilleros mataran a nadie dentro del baño (…) Lo que estoy diciendo y lo que ya dije a la Comisión de la Verdad y la Fiscalía, es la verdad histórica».
Qué pasó con los rehenes que salieron vivos
«Para la Comisión de la Verdad no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del Palacio de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, veinticuatro años después, se desconoce su paradero».
Se trató de la totalidad de los empleados de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, Ana Rosa Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán, Cristina Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis y Luz Mary Portela; las visitantes ocasionales Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo de Arias y Norma Constanza, quienes para la Comisión no eran guerrilleros, como al parecer supuso la fuerza pública. Adicionalmente, la guerrillera Irma Franco, que al parecer también salió con vida y desapareció después.
La Comisión entra a analizar el ‘modus operandi’ que puede explicar esas desapariciones. «Cabe recordar, como se señaló anteriormente, que varias personas que salieron del Palacio hacia la Casa del Florero fueron conducidas al Cantón Norte o al Batallón Charry Solano14 (…) En no pocos casos, además de la detención arbitraria fueron sometidas a malos tratos e incluso a torturas, antes de ser puestas en libertad, generalmente por la mediación de alguien conocido y con influencia que logró interceder en su favor ante las autoridades militares».
Con esta conclusión la Comisión contradijo una de las conclusiones del Tribunal Especial que investigó los hechos del Palacio poco después de ocurridos (varias de las afirmaciones de este tribunal son fundamentales en la defensa del coronel Plazas Vega). Según el Tribunal, había prueba suficiente de que esas personas habían muerto, «a donde fueron conducidas como rehenes en los primeros momentos de los sucesos». Claramente, eso nunca sucedió.
Consulte el informe completo de la Comisión, indexado y con pasajes resaltados por La Silla Vacía en el siguiente enlace: