Según Renán Vega Cantor, en su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), Estados Unidos ha tenido en el conflicto armado colombiano una injerencia «constante y directa desde finales de la década de 1940», tanto en la ayuda militar al Estado, como en las políticas de contrainsurgencia. Por ello, considera a […]
Según Renán Vega Cantor, en su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), Estados Unidos ha tenido en el conflicto armado colombiano una injerencia «constante y directa desde finales de la década de 1940», tanto en la ayuda militar al Estado, como en las políticas de contrainsurgencia.
Por ello, considera a los gobiernos de ese país como «responsables directos en la perpetuación del conflicto armado en Colombia» y en el bloqueo «a las vías no militares de solución a sus causas estructurales».
Quizás es una conclusión demasiado general, que pasa por alto matices de diferenciación en el comportamiento de actores dominantes en una y otra nación. Así, por ejemplo, Estados Unidos no solamente ha suministrado asesoría militar a Colombia, sino que su Congreso la ha condicionado al cumplimiento de obligaciones en derechos humanos. De otra parte, no parece justo culpar a la administración Obama de bloquear la solución negociada del conflicto.
Pese a ello, el estudio contiene dos observaciones valiosas. En primer lugar, advierte acertadamente que en Colombia ha existido una «contrainsurgencia nativa» desde comienzos del siglo XX, «con el fin de reprimir las protestas sociales y destruir los emergentes movimientos políticos de izquierda, que en principio no tuvo ningún influjo extranjero ni sistematización doctrinaria». Como producto del miedo al pueblo y a la democracia, la dirigencia colombiana habría convertido en enemigo «a un conjunto variopinto de sectores sociales, entre los que se incluye a sindicatos, asociaciones campesinas y, en general, a aquellos que demanden reivindicaciones para mejorar sus condiciones de vida». A ese enemigo lo llamó comunismo, aun antes de «la emergencia de cualquier movimiento que se denominara comunista y en idéntica forma la contrainsurgencia surge antes de que existan los movimientos guerrilleros». En esa clasificación estigmatizante cayeron desde las huelgas de la Costa de 1918 hasta las autodefensas campesinas de Marquetalia en 1964, pasando por el partido comunista proscrito en 1954, el movimiento de las Bananeras y su masacre en 1928 o el gaitanismo y el asesinato de su líder en 1948.
En segundo lugar, también con acierto, el informe pone en evidencia las convergencias entre esa contrainsurgencia nativa y el anticomunismo desarrollado por Estados Unidos en la Guerra Fría. Como producto de esa convergencia sobresaldrían la participación de Colombia en la Guerra de Corea, el reforzamiento de la asesoría militar estadounidense luego de la revolución cubana y la asimilación de prácticas irregulares, surgidas de la doctrina de la contrainsurgencia, como la tortura y el paramilitarismo (aunque ya se conocían). Antes de ello, incluso, el Gobierno colombiano autorizó al Ejército y la Marina de los Estados Unidos «para operar en o sobre territorio colombiano y en o sobre aguas territoriales colombianas sin previo permiso especial», según un «acuerdo de caballeros» celebrado en junio de 1942.
Urge superar a fondo tanto la contrainsurgencia nativa como su convergencia con el anticomunismo de posguerra, violador de derechos humanos, si se quiere lograr una paz sólida en nuestro país. Gracias, profesor Vega Cantor.
Gustavo Gallón es Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/el-informe-de-renan-vega-cantor-chcv