Luego de la mediática toma al Ministerio de Agricultura y de la presión ejercida con ello por parte de la Cumbre Agraria al gobierno nacional, a través de unas jornadas que prometieron preparar para 2016 un Paro Nacional que supere la protesta agraria de 2013, las distintas organizaciones sociales de la Cumbre discuten desde el […]
Luego de la mediática toma al Ministerio de Agricultura y de la presión ejercida con ello por parte de la Cumbre Agraria al gobierno nacional, a través de unas jornadas que prometieron preparar para 2016 un Paro Nacional que supere la protesta agraria de 2013, las distintas organizaciones sociales de la Cumbre discuten desde el pasado 29 de enero sobre la organización de la jornada de protesta.
Durante los días 29 y 30 del primer mes del año,y en la ahora progresista Ibagué, delegaciones de las distintas organizaciones sociales de Cumbre Agraria acudieron a la cita desde el Tolima, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Unas 200 personas se encontraron en las discusiones programadas en cinco mesas: i) las garantías para la participación política, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario; ii) la participación y los derechos políticos; iii) los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición; iv) los derechos sociales, territoriales, económicos y culturales y; v) los conflictos territoriales. Pues bien, fueron esos los temas de las mesas, pero, ¿qué más viene preparando la Cumbre?
Es patente que este no será un año de guerra y que el calendario electoral no va ser fuerte. En un tiempo así, los movimientos sociales protagonizarán la irrupción en el escenario de la negociación política de la paz. Pareciera que la Cumbre quiere desembocar su plataforma en una Mesa Social para la Paz, que se enuncia desde hace unos meses por sectores de la izquierda social como una plataforma política que reclame para los movimientos sociales la participación sobre las cuestiones y temas que el gobierno nacional no está dispuesto a negociar con los movimientos insurgentes armados, pero que definitivamente tienen parte en el conflicto.
El encuentro de las delegaciones estuvo marcado por un sentimiento unitario. Y aunque muchas de las discusiones en las mesas no tienen oído ni activan la escucha, al menos, y como indicador del cambio de acento para la unidad de la izquierda social, esta vez el tono tanto de las vocerías políticas de las organizaciones de la Cumbre, como la mayoría de las voces de sus delegados, no fue persuasivo y la discusión resultó mucho más concreta para la definición táctica de este año.
Esta primera Cumbre de Paz, de una serie de 17, trazó para el mediano plazo una estrategia constituyente que permita refrendar jurídicamente una nueva situación política para quienes contradecimos a los gobiernos, al Estado, a las doctrinas rígidas y unívocas de la sociedad, a la economía capitalista de mercado, industria y superconsumo, y a la ley injusta de la desigualdad. Una Asamblea Nacional Constituyente o Proceso Constituyente es, entonces, el mecanismo de disputa con el Estado para darle vía de acción a ese nuevo pacto esperado entre clases y sectores de la sociedad colombiana.
Pero todo ejercicio constituyente implica uno destituyente, y un paro por fuerte que sea desde el campo, requiere de la participación activa de las urbes; al menos de las tres o cinco principales del país. El tino destituyente requiere de un impulso ciudadano que aún está por conformarse como bloque de acción social capaz de emplazar al gobierno y al régimen político, y si bien las acciones desencadenadas desde el pasado 24 de enero tienen como atributo fuerte un carácter antipolítico, aún falta que madure más la protesta ciudadana y se encamine en proyectos comunes de ciudad y de país.
Se requiere, pues, de un proyecto común de país que se junte por la defensa de los bienes comunes, por el trabajo decente, el respeto a la ciudadanía y la participación activa en la vida pública; por la democracia real, por otra democracia que será posible con el esfuerzo de las mayorías hoy excluidas. Democracia territorial, directa, económica, asamblearia, rotativa y profunda; enraizada en la esperanza de ese esfuerzo común. Pero también por la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población, la justa, digna y equitativa distribución del agua y la energía; por el acceso no mercantil a la salud, a la educación, al transporte y a la cultura. En general, por un país para los de abajo, sin aristócratas de ningún color ni caudillos del ímpetu. Se requiere una sensibilidad también común, dispuesta a la escucha activa sin miedo y con franqueza, para que las contradicciones establezcan espacios comunes de disputa como atributo fundamental del diálogo político entre la sociedad y el Estado, y para que los conflictos no sean agónicos ni fijados con la ley del mas rico.
Los conflictos territoriales con el Estado y entre comunidades que se agrupan en la plataforma agraria, campesina, étnica y popular, son el punto sobre el que mayor debate recae, justamente en el momento en que el presidente Santos sanciona la ley ZIDRE en el municipio de Orocué, al suroriente del Casanare. La ley permite el desarrollo de políticas públicas destinadas a fortalecer la agroindustria y, con ello, el gobierno marca una frontera territorial entre, por un lado, un modelo de desarrollo y producción de la riqueza social destinado a promover condiciones para la proletarización del campo y, por el otro, múltiples -pero pequeños- modelos de producción, territorialidad y uso de los suelos de eficiente producción agrícola, de cultura y organización social con respetuosas relaciones ecológicas, sociales y políticas hacia la flora, la fauna, el agua y el territorio, y cuya producción bien pudiera potenciarse para la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población colombiana. El proyecto ZIDRE plantea también esa frontera como contención a posibles ampliaciones de figuras de protección territorial campesina, étnica y ambiental sobre áreas geográficas del país como la Altillanura, La Guajira, el Urabá Chocoano y La Mojana.
Desde ya, un derrotero de preguntas podría plantearse para las organizaciones y personas que hacen parte de la Cumbre ¿Cuáles serán los mecanismos de diálogo, acuerdo y articulación de los conflictos entre comunidades de la Cumbre para llegar unidos, pero sin imposturas, a la disputa política contra el gobierno? En las tácticas frentistas, que hoy el movimiento socialista colombiano vuelve a retomar, se busca a través de la dirección unitaria de los movimientos, agregar sujetos, actores y factores para el cambio ¿Un momento de cambio profundo de las estructuras rígidas de la política en Colombia, no requiere más bien una lógica de multiplicar y potenciar las luchas, las rebeldías, los inconformismos y las iniciativas? ¿No requiere, pues, de una dirección colectiva más amplia que la que permite la política ya tradicional de la combinación de factores fuertes para dirección? ¿no requiere de mejores tácticas que la del golpe de mano a veces enmascarada de oportunismo de todo matiz? ¿no requiere de una política franca, abierta y desde abajo, más que de una combinación acertada de tintos y acuerdos?
¿Avanzamos hacia las localidades? ¿O avanzamos mejor hacia luchas nacionales? ¿Cómo articulamos ambas maneras de disputar el poder público como ciudadanía? La pregunta es confusa y no debe llamar a engaños. Es preciso instalar un principio, un fundamento y un criterio común: halar para y desde abajo, enraizar la protesta, territorializar la organización; movernos hacia el lugar y momento en que seamos horizontales, en el que los ilustrados no son pedantes, en el que los analfabetas no son ignorantes, en el que los liderazgos no van por lo alto, en el que las decisiones son de todas y para todos. Y particularmente en el ahora inmediato ¿Como pasar de la indignación y de la manifestación, a lucha organizada desde abajo? ¿Cuál plan asumir?