Traducido del francés para Rebelión por Carlos Riba García
Perenco es una discreta compañía petrolera que es propiedad de una de las familias más ricas de Francia. Basta! y su ‘Observatorio de las multinacionales’ han investigado las prácticas de esta empresa en Colombia, donde Perenco -junto con otras empresas- dispone de varias concesiones. En este país, la industria del petróleo está acusada de contribuir a la extensión de la sequía que se ha instalado en la sabana amazónica y de innumerables negligencias relacionadas con derrames de crudo que han provocado la contaminación de lagunas y ríos. Frente a los bloqueos organizados por los habitantes de la zona y a las quejas que ellos han planteado, las autoridades locales se hacen notar por su absoluta indiferencia. Quienes se atreven a denunciar esas prácticas son amenazados de muerte o incluso asesinados, como pasó con uno de líderes locales, que fue eliminado el pasado 13 de noviembre.
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Milton Cárdenas tiene la mirada de quienes lo han intentado todo. Sentado a una mesa en el patio de la casa de sus padres, muestra en la pantalla de su ordenador las imágenes que, según él, le han costado su puesto de trabajo y por las cueles ha recibido amenazas de muerte: «¡Mirad! ¡Arrojan los productos químicos en cualquier lugar! ¡Son muy peligrosos! ¡Sosa cáustica! ¡Mirad!». Algunas de esas fotos han sido tomadas cuando trabajaba para la multinacional Perenco. «¡Mirad estos peces muertos! Cuando hacen una perforación, dejan todo lo que sacan en este sitio: tierra mezclada con petróleo. Cuando llueve, el petróleo va a parar al estero […] ¡Mirad esa vaca muerta que han sacado del agua!».
Las fotos se suceden; son imágenes de la contaminación, de animales -como el capibara, el gran roedor típico de los Llanos- cubiertos de petróleo. Los esteros donde se vierte el crudo no están vallados como es debido y los animales pueden entrar. El agua de lluvia que cae en ellas es vertida en la llanura sin tratamiento alguno. Milton cuenta también que cada día son enviados hasta siete camiones cisterna para verter su contenido de agua contaminada en los ríos de la zona. Milton es el presidente del consejo comunal de Tesoro de Bubuy y desde 2009 participa, junto con la gran mayoría de las personas de la comunidad, en la lucha -hoy, jurídica- contra la multinacional que explotan el yacimiento petrolífero de La Gloria.
Una región desecada por la industria del petróleo
Situada a tres horas de coche de Yopal, la capital del departamento de Casanare, al pie de la cordillera de los Andes, la ciudad esta en el centro de la sabana de los Llanos colombianos. Las extensiones cubiertas de altas hierbas están salpicadas de palmerales en los que nacen los muchos arroyos que cruzan el territorio. Se trata de una región rica en agua, aunque en el verano esta desaparezca en las capas subterráneas. La parte colombiana de la cuenca del Orinoco, de la que forma parte Casanare, contendría alrededor de la tercera parte de las reservas hídricas del país. Casanare es una zona donde vive la tradición llanera, una cultura creada en torno a la cría extensiva de ganado vacuno. Sin embargo, desde hace unos 30 años ha experimentado una profunda transformación socioeconómica.
El petróleo se ha convertido en el principal recurso económico; Casanare se ha colocado en el décimo lugar de los departamentos colombianos productores de crudo y lo ha exportado por un valor de 2.286 millones de dólares. Al mismo tiempo, han aparecido sequías desconocidas antes en la zona, como la del año pasado, que mató a más de 20.000 animales -entre silvestres y de cría- cerca de Paz de Ariporo2. Siempre sedienta de agua, la actividad petrolera ha sido señalada con el dedo. Se necesitan por lo menos nueve barriles de agua por cada barril de petróleo extraído. La captación de agua subterránea por parte de la industria del petróleo estaría en el origen del desecamiento de los esteros «de verano», los que a pesar de ser el período seco, permanecían con agua. Esenciales para el equilibrio ecológico, esas lagunas permiten que el ganado y la fauna silvestre abreven en una región donde las temperaturas alcanzan regularmente los 40 ºC a la sombra.
Además, el agua subterránea que se extrae mediante perforaciones tiene la particularidad de ser salada. Arrojada en el medio natural o mal embalsada, el agua salada contribuye a desestabilizar el equilibrio ecológico y la biodiversidad de los Llanos. Normalmente, existe un impuesto que se descuenta de las ganancias de las empresas del petróleo para compensar a las ciudades por el uso del subsuelo de su territorio. No obstante, la Contraloría, que es el organismo nacional que fiscaliza a las instituciones públicas, ha revelado recientemente que como consecuencia de la mala administración se han perdido durante el año pasado -solo en el departamento de Casanare- más de siete millones de euros3 provenientes de este impuesto que estaban destinados a la gestión del agua.
Perenco, a quien hemos solicitado su versión de los hechos denunciados en este artículo, asegura -mediante la palabra de un portavoz- que trabaja «en coordinación con las autoridades nacionales colombianas de las que dependen las operaciones petroleras» y «en el estricto respeto a las normas medioambientales y sociales vigentes»; entre ellas, la prohibición de verter aguas no tratadas en el entorno. «El tratamiento de las aguas es parcialmente realizado mediante estanques de retención, cuyo acceso está cerrado para limitar al máximo las intrusiones. La sequía que ocasionalmente hace estragos en el este del país no es imputable a la actividad petrolera sino que constituye un fenómeno climático muy conocido en los Llanos.»
Amenazas de muerte para los disidentes
Durante 17 años, Milton trabajó regularmente para la empresa francesa en la instalación de los tubos del oleoducto, la preparación de los depósitos y la realización de tareas de mantenimiento. Como la mayor parte de las personas de la región, que en las últimas generaciones han abandonado paulatinamente la cría de ganado bovino para trabajar en el ramo del petróleo, él se ha beneficiado de los acuerdos locales entre la población y la empresa. Pero, en 2009, Milton perdió su trabajo después de haber participado, en su calidad de presidente del consejo comunal, en el bloqueo de los accesos a la sede de Perenco. En ese entonces, la comunidad acusaba a la empresa de estar contaminando el agua y de no respetar los acuerdos anteriores.
Su compromiso le ha costado incluso empezar a estar en una lista negra que le impide trabajar en toda la zona. Y después, sobre todo, le han hecho saber indirectamente que su vida corre peligro. «Un empleado de Perenco le ha dicho a mi padre que no se sabía qué podía llegar a pasarme, a mí y a otros, si continuábamos yendo por este camino…». En una región que ha estado controlada por los grupos paramilitares y donde se sabe que los desmovilizados continúan estando muy activos, el mensaje no debe ser subestimado. Unas sospechas que Perenco niega categóricamente: «Perenco desmiente cualquier vínculo con las organizaciones terroristas de Colombia, de las cuales incluso ella ha sido víctima cuando el 29 de junio de 2015 fueron atacados su personal y sus instalaciones».
Sin embargo, existe un precedente. Después de estar en prisión, Nelson Vargas Gordillo, uno de los jefes de la organización armada de extrema derecha, reconoció que 13 años antes había un acuerdo entre los paramilitares y Perenco4. Según esta fuente, la empresa habría pagado algo más de 150 euros al grupo paramilitar por acompañar a cada camión cisterna para proteger su seguridad en las salidas de las sedes de la empresa. Fue en esta época cuando uno de los responsables del pueblo de Tesoro de Bubuy, Wilson Pizón Romero, fue asesinado. Además, el pasado 13 de noviembre, Daniel Abril, uno de los líderes locales investidos durante la campaña contra Perenco y Pacific Rubiales, fue muerto junto a la entrada de una tienda de Trinidad por dos personas que iban en una motocicleta.
Los propietarios de Perenco, la 13ª fortuna de Francia
Originalmente, los pozos de La Gloria eran propiedad de Elf Aquitaine, el gigante petrolero -hoy desaparecido- francés absorbido después por Total. En 1997, Perenco retomó la gestión y la explotación junto con la empresa nacional colombiana Ecopetrol. A partir de una pequeña empresa de mantenimiento marítimo abierta en Singapur en los setenta, Perenco se ha convertido en un gigante que opera en Asia, África, Europa y América latina. La empresa es una propiedad exclusiva de la familia Perrodo; en su logo, la imagen de un armiño recuerda el origen bretón de la familia.
Fue en 2002, y después en 2012, cuando se produjo el despegue de Perenco. Es poco conocida entre el gran público y cultiva su bajo perfil; sin embargo, la empresa produce beneficios suficientes como para situar a los Perrodo en el puesto 13ª de la familias más adineradas de Francia, con una fortuna estimada -en 2014- de 5.500 millones de euros5. En la página web de Perenco se informa de que la producción en Colombia llega a los 35.000 barriles por día6.
Para implantarse en el sector del petróleo, Perenco ha adoptado una estrategia que le es propia. La empresa compra los pozos cuya producción está declinando para darles una segunda vida. Pero esta estrategia tiene sus pros y sus contras: si tienen instalaciones existentes, también llevan años trabajando. Además, Tesoro de Buby ya ha tenido dos derrames accidentales de crudo; el primero a fines de 2012, y otro a fines de 2013. Una falla en los tubos del oleoducto está en el origen de la contaminación de la única fuente permanente de agua: el caño Palo Blanco.
Como consecuencia de los dos incidentes, los habitantes de la zona denunciaron una insuficiente intervención de Perenco y más tarde, en marzo de 2014, bloquearon la carretera de acceso a la estación La Gloria. También comprobaron que no se habían tenido en cuenta las recomendaciones que Corporinoquia, el organismo regional de control y protección medioambiental, había hecho después del primer incidente. El bloqueo les permitió visitar los lugares de explotación y constatar lo peor: la contaminación y la negligencia se daban la mano. Después de un mes, Perenco y las tres comunidades afectadas (Tesoro de Bubuy, Coralia y Piñalito) llegaron a un acuerdo… que más tarde no se respetó.
1 por ciento de los beneficios para las comunidades, ¿será verdad?
En agosto de 2014 comenzó un segundo bloqueo, que se mantuvo durante más de tres meses. En el centro de las reivindicaciones comunales hay dos puntos. Primeramente, la atención está puesta en las fallas del oleoducto. En febrero de 2014, la Asociación nacional de permisos ambientales (ANLA) había publicado un informe en el que se exigía el cumplimiento de ciertos acuerdos. Uno de ellos estipulaba la clausura del oleoducto7. Pero Perenco se negó a permitir que la comunidad verificara que la medida se hiciera efectiva. En respuesta a las preguntas de Basta!, la empresa señaló que se había «ajustado por completo a esta decisión»; «El oleoducto solo volverá a estar en servicio después de la certificación por las autoridades de que el reemplazo [de los elementos en mal estado] se ha realizado en condiciones satisfactorias».
Los documentos recogidos en el marco del conflicto revelaron también que la empresa no respetó los compromisos plasmados en el estudio de impacto ni el plan de gestión medioambiental, ambos presentados a la ANLA. Esos documentos le han permitido a la empresa la obtención del permiso ambiental -obligatorio antes de iniciar cualquier explotación en el subsuelo-. En compensación, la licencia prevé la creación de un parque de reforestación y, sobre todo, destinar el 1 por ciento de los beneficios de Perenco a la recuperación de las fuentes hídricas y los ríos del departamento. Respecto de estos dos puntos, la empresa nunca cumplió sus compromisos. En respuesta a nuestras preguntas, Perenco puntualizó que «en La Gloria, la transferencia del 1 por ciento de los beneficios se hizo en favor de un proyecto a escala departamental con la colaboración del IDEAM; la comunidad manifestó su preferencia por un proyecto de proximidad pero [nos dijo] que todavía no consiguió el acuerdo de la ANLA».
Desgraciadamente, las críticas relacionadas con Perenco no son las únicas en Casanare. A finales del pasado abril, lo constataron los miembros de Cospacc8, una organización de defensa de los derechos humanos, durante su visita de verificación. Además de Perenco, otras empresas como la canadiense Pacific Energy o la española CEPSA, provocan repetidamente perjuicios ambientales. Tanto en San Luis de Palenque como en Orocué, por ejemplo, representantes locales han iniciado procesos judiciales que están en curso contra Pacific Energy por no respetar las normas: las instalaciones petroleras están demasiado cerca de fuentes de agua o de casas habitadas. En cuanto a las acciones iniciadas ante los organismos de control, los representantes locales han tenido la desagradable sorpresa de comprobar que la documentación presentada en apoyo de las demandas se ha perdido…
Fugas en los oleoductos, espuma sospechosa en el agua…
En el lado contrario, las empresas consiguen en muy poco tiempo una licencia ambiental, cuando una persona del lugar necesita varios meses para que se le permita cortar unos árboles en su propia parcela. Ulvio Martín Ayala, presidente del consejo directivo de Cospacc, juzga con amargura el papel de los organismos de control: «Su misión es otorgar lo más rápidamente posible los permisos medioambientales. De esa manera aceleran el proceso de extracción de los recursos naturales. […] La mayor parte de los estudios ambientales se hacen más tarde, en las oficinas. No hacen estudios de campo, Tampoco hacen estudios de impacto ambiental». Resumiendo: las instituciones de control funcionan en las oficinas en Bogotá; el resultado es un sello de validación que certifica la ‘limpieza ecológica’ de emprendimientos cuyo trabajo en el terreno no ha sido controlado en toda su dimensión.
Los vertidos de petróleo por fallas en los oleoductos son frecuentes, observa la Cospacc. Después de la contaminación del caño El Duya por fugas en un oleoducto de Perenco en 2010, los propietarios de las tierras han recibido una módica indemnización sin que por eso cesaran las fugas cotidianas9. El agua del caño muestra una espuma sospechosa. Uno de los lugares donde se depositan los residuos no respeta las normas de vallado, según el testimonio de Jorge Eliecer Oros, ganadero que ha tenido que dejar una de sus parcelas a Perenco10.
Y después está la sequía, una constante año tras año que explica la desaparición de los esteros, que en otros tiempos conservaban agua en los veranos sin lluvia, como señalan en la reserva autóctona de El Duya. En Trinidad, el tránsito incesante de los camiones cisterna en la pista de tierra roja levanta una polvareda insoportable que ensucia la hierba de las praderas del entorno. La solución de las empresas para limitar las nubes de polvo no ha sido asfaltar para convertir la pista en una carretera de verdad sino rociarla de agua. El problema es que se sospecha que el agua utilizada es la que ha quedado contaminada en el proceso de extracción del petróleo, tal como se hace corrientemente en el vecino departamento de Meta. Una práctica desmentida por el portavoz de Perenco: «El agua usada para regar las pistas proviene de fuentes autorizadas para esas operaciones o de compras en las localidades hechas con la aprobación de las autoridades medioambientales».
Quinientas quejas, ninguna investigación
La persistencia de las situaciones descritas ha hecho que Cospacc haya pedido la dimisión de Martha Plazas Roa11, presidenta de Corporinoquia, que es el organismo regional de control y protección ambiental. «Durante 2014, hemos contado más de 500 quejas relacionadas con distintos pozos situados en Casanare. Corporinoquia no ha realizado ningún estudio para deslindar responsabilidades», dice Martín. «Las personas están cansadas de plantear quejas sin que haya respuesta alguna de las instituciones. En su informe público del 17 de abril de 2015, la directora de Corporinoquia no ha responsabilizado a ninguna empresa. Esto habla del cinismo de la funcionaria; nosotros solicitamos su renuncia por ineficacia en su desempeño.»
En su relación con las comunidades, las empresas tienen actitudes igual de irresponsables. Si bien la consulta con ellas es una obligación, las conclusiones a las que se llega no siempre se respetan. Los acuerdos de contratación aprobados junto con las comunidades se convierten también en palancas de influencia. Como sucedió en el caso de Tesoro del Bubuy, la amenaza de pérdida del trabajo cuando se produzca un conflicto. No obstante, en los últimos tiempos los bloqueos de carreteras que duran varios meses ha sido mucho más frecuentes. Con la caída del precio del petróleo, la industria atraviesa una crisis y las empresas han optado por la reducción de su plantilla asalariada.
La respuesta de las empresas petroleras a los bloqueos es presentar demandas judiciales contra los representantes de las comunidades -por obstrucción en caminos y por impedir la explotación del crudo-; estas demandas pueden acabar en el encarcelamiento de los responsables. Es el caso de un consejero municipal y otras personas de San de Luis Palenque, donde está en curso un conflicto contra Pacific Energy. En Miralindo, en Poré y en Trinidad, otras personas y dirigentes locales son objeto de parecidos procedimientos, que llegarán a la ejecución en caso de que se retomen los bloqueos. En Tesoro del Bubuy, Milton y otras dos personas también están amenazados por esta espada de Damocles.
«Destrucción del territorio y de las instituciones públicas»
En 2010, con la llegada al poder del derechista Juan Manuel Santos, la industria petrolera se ha convertido en una prioridad nacional. La política económica se realiza según un «plan nacional de desarrollo» en el que las «locomotoras minero-energéticas»12, como las llama Santos, tienen el objetivo de promover la entrada de capitales extranjeros en coincidencia con la firma de tratados de libre comercio. Pero, como sucede en innumerables casos, la lógica económica se enfrenta con el respeto a los procedimientos democráticos.
Es lo que señala Ivan Cepeda, senador del Polo Democrático, que es también uno de los principales líderes de la oposición de izquierda. «Las multinacionales tienen sus propias reglas, frente a las cuales el orden institucional no vale nada», dice. «Hay una destrucción del territorio al mismo tiempo que se destruye las instituciones públicas.» El nuevo plan nacional de desarrollo, que se apoya en la extracción minera y petrolera en los ‘páramos’, acaba de aprobarse13. Esas altas llanuras con una biodiversidad específica son también el lugar donde están las fuentes hídricas esenciales para el equilibrio de los diferentes estadios ecológicos de las montañas y las planicies del país andino. De ahí la preocupación de Cepeda: se pregunta si lo que está en juego no es acaso «sencillamente la destrucción de nuestro país».
En Tesoro del Bubuy, algunas de las primeras victorias hacen brillar la mirada de Milton. Uno de los propietarios que se han visto obligados a permitir el paso a la empresa en sus tierras ha ganado la primera batalla jurídica. La noticia ha sido muy bien recibida porque permite olvidar momentáneamente las amenazas más recientes: una semana después de la visita de Cospacc, la familia de Milton fue atacada por un grupo de encapuchados. Su padre y su madre fueron secuestrados y retenidos durante varias horas. Les robaron dinero y algunas pertenencias. El ataque es más que sorprendente en un sitio donde la confianza entre los vecinos es tan grande que olvidan muy fácilmente cerrar la puerta de su casa cunado se ausentan. Hoy en día es difícil decir quiénes son los verdaderos responsables de esta agresión. Pero lo cierto es que el comportamiento de Perenco en el lugar contrasta absolutamente con las virtuosas intenciones que la empresa pregona en su página web.
Notas:
1. Los esteros son espejos de agua propios de los Llanos. Se trata de depresiones geológicas cercanas a los ríos que se llenan de agua durante la estación de las lluvias y que conservan una reserva de agua hasta la llegada de la estación seca.
2. Véase «Muertos de sed», en Semana, 29 de marzo de 2014, y «Autoridades apuntan ‘cinco pecados’ posibles como causa de sequía en Casanare», en El Espectador, 31 de marzo de 2014.
3. Fuente .
4. Véase «La Colombie ferme les yeux sur les entreprises alliées aux milices», en Libération, 25 de febrero de 2012, y «La petrolera Perenco y los ‘paras'», en El Espectador, 14 de enero de 2012.
5. Véase la lista de la revista Challenges. En marzo de 2015, Forbes estimó que la fortuna de la familia Perrodo era de 8.100 millones de dólares, lo que la situaba en puesto 159º en el mundo y el 10º entre las familias más adineradas de Francia.
6. Véase http://www.perenco-colombia.com/.
7. Fuente .
8. Para conocer sus acciones en la región, véase sobre todo el documental de Cospacc, Detrás de la sequía, realizado por Amandine D’Elía. En septiembre de 2015, Cospacc recibió el premio nacional de defensa de los derechos humanos de la fundación Diakonia, de Suecia.
9. Los vertidos provenían del oleoducto de la estación Sardinas, administrado por Perenco.
10. En Colombia, el subsuelo continúa siendo de propiedad pública; la nación decide cuándo se puede explotar un recurso natural y se ocupa de asignar a una empresa la gestión de la explotación. Los propietarios de las tierras implicadas deben autorizar el acceso a las empresas a cambio de un resarcimiento; se considera que esos recursos son estratégicos para el país.
11. Nos ha sido imposible tener un encuentro con directora de Corporinoquia quien, a pesar de nuestra insistencia y disponibilidad, se ha excusado por falta de tiempo… Igualmente, a la dirección colombiana de Perenco no le ha parecido necesario responder a nuestro pedido de entrevista.
12. Véase el documento de 150 páginas Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 – Prosperidad para todos, Republica de Colombia, DNP.
13. Véase «Habría al menos 347 títulos mineros en 26 páramos del país», en El Espectador, 17 de abril de 2015.
Fuente: http://www.bastamag.net/Pollutions-secheresses-menaces-de-mort-l-inquietant-cocktail-de-l-industrie