El insoportable yugo de la impunidad

En julio de 1978 Cristina Carreño, dirigente de las Juventudes Comunistas de Chile, fue secuestrada en Buenos Aires por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represivo de la dictadura de Pinochet. Cristina fue una de las militantes comunistas que sacrificaron su vida en la Operación Retorno de los cuadros del PCCh, que había sido mermado en 1975 y sobre todo en 1976 por la represión fascista. La Operación Retorno significó el regreso a Chile de dirigentes comunistas tan destacados como la inolvidable compañera Gladys Marín y fue decisiva para la elaboración de la línea política de la Rebelión Popular de Masas, que puso en jaque a la dictadura entre 1983 y 1986.

Cristina Carreño desapareció en el marco de la Operación Cóndor, la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras militares del Cono Sur desde finales de 1975, una iniciativa de Pinochet y del coronel Manuel Contreras, director de la DINA, un oficial a sueldo de la CIA durante años. La Operación Cóndor, en la que estuvieron involucradas las dictaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Ecuador, fue la mayor expresión de la Doctrina de Seguridad Nacional y su caracterización de las fuerzas revolucionarias como el «enemigo interno», elaborada en los cuarteles militares norteamericanos tras el triunfo de la Revolución Cubana.

Según declaró al juez chileno Juan Guzmán en septiembre de 2001 el profesor paraguayo Martín Almada (descubridor de los archivos secretos de la dictadura de Alfredo Stroessner -1954-1989- en diciembre de 1992, que contenían abundante información sobre la Operación Cóndor), unas cien mil personas fueron víctimas de la Operación Cóndor «entre desaparecidos, perseguidos políticos, torturados…».

Cristina Carreño fue una de las compañeras que desapareció, en su caso en Buenos Aires a finales de julio de 1978. Fue conducida al centro de detención de la dictadura militar argentina conocido como «El Banco». Susana Caride coincidió con ella allí: «A Cristina nunca la dejaron de torturar. De igual forma, en algunas ocasiones la vi reír con una hermosa y ancha sonrisa. Por momentos parecía estar trastornada, o bien se hacía la loca para no hablar durante los interrogatorios. Su cuerpo, que pude ver en las ocasiones en que nos dejaban ducharnos, presentaba grandes marcas de tortura».

En enero de 1979 Cristina fue trasladada al campo de prisioneros conocido como El Olimpo, también en Argentina. En las últimas semanas los especialistas acaban de identificar en este país sus restos mortales. Según me ha escrito su hermana Dora, Cristina es la primera detenida desaparecida en la Operación Cóndor cuyos restos han sido hallados.

Como otros muchos casos, la tragedia de Cristina Carreño simboliza el peor crimen cometido por la dictadura de Pinochet: el exterminio del movimiento popular. La historia de Cristina y de su familia caracteriza muy bien la historia del pueblo chileno a lo largo del siglo XX.

Cristina nació el 3 de junio de 1945 en la oficina salitrera Pedro de Valdivia. También allí, en el Norte Grande, empezó a forjarse, en los albores del siglo XX, el impresionante movimiento popular por el socialismo que llevó a Salvador Allende a la Presidencia de la República el 3 de noviembre de 1970. A comienzos del siglo pasado, en el extremo septentrional del país, miles de obreros regaban con su sudor el ciclo dorado del salitre y fue allí donde el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren la Federación Obrera y el 4 de junio de 1912 fundó el Partido Obrero Socialista, que diez años después se convirtió en el Partido Comunista.

En 1945, el año que nació Cristina, Pablo Neruda fue elegido senador comunista por aquellas provincias junto a Elías Lafferte. Y precisamente nadie como Neruda ha cantado, en su Canto General, el sacrificio, la explotación y la lucha de los trabajadores chilenos.

Su padre Alfonso Carreño fue expulsado de la oficina salitrera en 1947 por su militancia comunista y sufrió la persecución que el gobierno del traidor Gabriel González Videla desencadenó contra este Partido, cuya proscripción no concluyó hasta 1958 y que obligó a Neruda a partir al exilio de manera clandestina atravesando a caballo un paso de la cordillera andina.

En 1952, se sentaron las bases del proyecto histórico de la izquierda chilena. Aquel año ganó las elecciones el general Ibáñez con el apoyo de la mayor parte del socialismo; en cambio, el senador Allende presentó su candidatura con el Frente del Pueblo y con el apoyo principalmente de los comunistas logró sólo el 5% de los votos. Sin embargo, la decepcionante gestión de Ibáñez impulsó la confluencia de las organizaciones sindicales en la CUT en febrero de 1953, la reunificación del socialismo en 1956, la creación del Frente de Acción Popular (articulado a partir de la unidad socialista-comunista) y el gran resultado de Allende en las elecciones presidenciales de 1958, cuando perdió las elecciones presidenciales por apenas treinta mil votos.

La izquierda chilena ya era una alternativa real de poder cuando en enero de 1959 los revolucionarios cubanos entraron victoriosos en La Habana y cambiaron la historia de América Latina. Los años 60 fueron en Chile y en todo el continente una década de enorme efervescencia social y política: la expansión del movimiento popular, la movilización de sectores hasta entonces excluidos, como los pobladores o los campesinos, la confluencia de marxistas y cristianos, el impulso a la crítica del capitalismo y del imperialismo a partir de los postulados de los teóricos de la dependencia, la certidumbre de la posibilidad y la necesidad de construir el socialismo como solución para las injusticias del continente, los movimientos de reforma universitaria, las fértiles experiencias de pedagogía popular… Estos fenómenos se dieron en gran parte de América Latina y en Chile contribuyeron a crear un movimiento popular verdaderamente impresionante.

Después de examinar los documentos de la CIA desclasificados en los últimos años, tenemos la certidumbre de que, más allá de los intereses económicos de las transnacionales estadounidenses en Chile y del perjuicio que les causó la nacionalización del cobre a partir de la llamada «Doctrina Allende», la principal causa por la que el gobierno de Nixon y Kissinger emprendió la desestabilización de la sociedad chilena desde septiembre de 1970 fue de tipo político: la «vía chilena al socialismo» era un ejemplo luminoso para los poderosos partidos comunistas de Italia y Francia y en general para todas las fuerzas que en el mundo occidental pretendían construir el socialismo sin recurrir a los modelos clásicos de revolución.

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 fue el penúltimo de una sucesión de golpes militares de nuevo tipo en América Latina a partir del derrocamiento por las Fuerzas Armadas brasileñas del presidente Joao Goulart en 1964. Bolivia, en 1971, y Uruguay en 1973 fueron sus precedentes inmediatos.

En el plano interno, cuando la Fuerza Aérea bombardeó el palacio de La Moneda la mañana del 11 de septiembre de 1973, en el cajón de los jefes golpistas ya estaba un proyecto, conocido como El Ladrillo (elaborado por economistas formados en la siniestra Escuela de Chicago y asesores de la armada chilena), que definía la refundación del país a partir de los presupuestos más dogmáticos del neoliberalismo. Ello exigía el exterminio del movimiento popular y una verdadera política del terror.

A partir del mismo 11 de septiembre centenares de miles de chilenos tuvieron que partir al exilio, decenas de miles fueron detenidos de manera arbitraria y torturados y una parte de los dirigentes y militantes de las organizaciones de izquierda fueron asesinados y hechos desaparecer. La caravana de la muerte, Pisagua, el Estadio Chile, el Estadio Nacional, la Isla Dawson, Londres 38, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, Peldehue, el Cuartel Borgoño, la Operación Albania… son parte de las páginas más oscuras de la historia de Chile y sinónimos del terror fascista.

Según las cifras del ACNUR, fueron 110 los países que acogieron a los refugiados chilenos, desde Australia y Nueva Zelanda a Mozambique, Suecia, México, Cuba o Canadá. Lejos de su añorada patria, miles de chilenos trabajaron y lucharon durante años por denunciar los crímenes de la dictadura militar y para apoyar la lucha de amplios sectores de la población a partir de 1983 por la recuperación de la libertad.

Pero los refugiados chilenos también enriquecieron las sociedades que les acogieron. De hecho, la creación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) no puede entenderse sin el papel decisivo de los refugiados chilenos, y también argentinos y uruguayos, que se instalaron en Madrid. El 11 de septiembre de 1974, con motivo del primer aniversario del martirio del Presidente Allende, Juan José Rodríguez Ugarte, uno de los principales fundadores de CEAR, ofició una misa en El Pozo del Tío Raimundo para los exiliados chilenos en la que ensalzó el ejemplo de Allende.

El 8 de julio de 1974 Alfonso Carreño, el padre de Cristina, fue detenido junto con otros dirigentes comunistas por efectivos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, conducido a la Academia de Guerra Aérea y torturado hasta la muerte.

En octubre de 1988 Augusto Pinochet fue derrotado por las fuerzas democráticas en el plebiscito sobre su continuidad en el poder y en marzo de 1990 tuvo que traspasar la banda presidencial a Patricio Aylwin, vencedor de las elecciones presidenciales de 1989 como candidato de las fuerzas democráticas.

La Transición chilena es el resultado de la negociación entre el régimen y los sectores moderados de la oposición (auspiciada por Washington) y parte de dichos acuerdos fue la impunidad para Pinochet y del resto de militares y civiles responsables de los crímenes contra la humanidad de la dictadura. En 1991 el Informe Rettig recogió los casos de más de dos mil personas asesinadas o desaparecidas. Durante los tres lustros de la interminable transición chilena sólo 46 personas han sido juzgadas y condenadas en firme por las violaciones de los derechos humanos y de ellas 24 ya han recobrado la libertad porque recibieron penas muy livianas, según los datos recopilados por la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz.

A pesar de los notables avances conquistados a partir de la presentación de la primera querella criminal contra Pinochet por parte de Gladys Marín el 12 de enero de 1998 y de la detención del tirano en Londres nueve meses después, la impunidad perdura en Chile y la principal preocupación del Gobierno de la Concertación (coalición de socialistas y democristianos en el poder desde 1990) es librar de la condena a los casi 400 oficiales actualmente procesados.

Chile está hoy atrapado en el laberinto de la herencia de la dictadura: el modelo económico neoliberal condena a las clases populares a una absoluta desprotección y les priva de sus derechos económicos y sociales; la impunidad de los responsables de los asesinatos, las torturas más abominables y las desapariciones es absolutamente lacerante; y la ley electoral elaborada en su día por los asesores de Pinochet consolida un sistema político bipolar que excluye a las fuerzas de izquierda del Congreso Nacional e impide el avance hacia una democracia verdadera.

Dora y Lidia, las hermanas de Cristina Carreño, forman parte del ejemplar movimiento de derechos humanos, protagonizado esencialmente por mujeres. Fueron ellas las que primero desafiaron a la dictadura para denunciar sus crímenes y su lucha fue esencial para la reconstrucción del tejido democrático en Chile y para lograr amenazar la impunidad del tirano y sus subordinados.

En noviembre de 1999 Dora presentó en Argentina una querella junto con otras cinco familias de víctimas de la Operación Cóndor que un juez argentino, Rodolfo Canicoba, ha investigado a fondo. Así, el 20 de julio de 2001 el juez Canicoba procesó a Videla y solicitó la extradición de Pinochet y Contreras.

Durante la dictadura Dora trabajó en los organismos de derechos humanos y hoy denuncia la impunidad vigente en Chile: «Ha sido muy doloroso, porque asesinaron e hicieron desaparecer a muchos compañeros, como mi hermana Cristina y como mi papá, gente buena que sólo quería una sociedad mejor».

Precisamente, parte esencial de la lucha de Dora, de su familia y del movimiento de derechos humanos y la izquierda chilena ha sido la reivindicación del compromiso de sus familiares con un socialismo democrático y auténticamente revolucionario.

Durante mis diez años de investigación sobre Chile no he encontrado palabras más bellas para definir la importancia de esta memoria para el futuro que las de Dagoberto Pérez Videla, hijo de Sergio Pérez y Lumi Videla, dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) masacrados por la DINA en la primavera austral de 1974, cuando él apenas tenía 4 años: «Hubiera sido más terrible para mí quizás, me hubiera dolido más, que hubieran destruido su consecuencia, el amor por lo que hacían, su valentía, pero todo ello está intacto y esto es lo que me importa, lo que me ayuda a salir adelante. Quiero decirte algo importante para mí: mis padres en su lucha fueron victoriosos porque por lo menos a su familia la hicieron libre. Yo soy un hombre libre, no tengo patrón, vivo de lo que me gusta y haciendo lo que me gusta. Ellos lograron lo que querían con su familia, ellos nos entregaron esa libertad a nosotros, nos liberaron a nosotros. En el fondo no fuimos derrotados. La llama aún está encendida».

En el pasado mes de mayo Chile ha vivido las mayores movilizaciones populares contra el modelo económico neoliberal, protagonizadas por centenares de miles de estudiantes de enseñanza secundaria, adolescentes que con su creatividad, unidad, combatividad y capacidad propositiva han desafiado al recién estrenado Gobierno de la «socialista» Michelle Bachelet. Además en sus multitudinarias movilizaciones los estudiantes secundarios (denominados de manera cariñosa como los «pingüinos») han apuntado directamente al núcleo del problema, el modelo económico neoliberal, impuesto desde 1975 por la dictadura y mantenido de manera acrítica por la Concertación.

La aparición de una generación conscientemente crítica con el neoliberalismo infunde esperanzas de que el pueblo chileno pueda abrir pronto las grandes alamedas de las que habló el Salvador Allende aquella mañana del 11 de septiembre de 1973.

Muchas gracias, compañeros y compañeras.