Todo parece indicar que los esfuerzos desplegados por la presidenta Bachelet para la creación del Instituto de Derechos Humanos van a ir a parar al tacho de la basura, ello debido a que el pinochetismo representado por la Alianza por Chile (UDI-RN) y el sector neoliberal de la Concertación, se niegan rotundamente a apoyar su […]
Todo parece indicar que los esfuerzos desplegados por la presidenta Bachelet para la creación del Instituto de Derechos Humanos van a ir a parar al tacho de la basura, ello debido a que el pinochetismo representado por la Alianza por Chile (UDI-RN) y el sector neoliberal de la Concertación, se niegan rotundamente a apoyar su proyecto de ley de la forma como estaba concebido originalmente. Ello porque el ministro José Antonio Viera-Gallo negoció a espaldas de la presidenta con los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN) algunas modificaciones aprobadas por los 33 senadores presentes en la sala el 5 de septiembre pasado, y que dejarán a la nueva institución sin la facultad de querellarse en causas por violaciones a los DD.HH., o sea en otras palabras, lo que se busca es «institucionalizar la impunidad» ante las violaciones de derechos humanos que se cometen o se puedan cometer en el país, pues el mentado instituto no tendría la facultad de presentar acciones judiciales a favor de las personas u organizaciones que vean conculcados sus derechos humanos fundamentales, lo que desde ya vendría hacer una violación flagrante al espíritu con que esta concebida la Carta Fundamental de la ONU sobre esta materia. Ahora la creación del mentado Instituto, no le pone ni le quita nada trascendental a lo que es la vigilancia real de las violaciones de los DDHH en Chile, ya que éste organismo sería una entidad meramente decorativa, de allí que no constituye la gran carta de presentación que quiere tratar de mostrar la presidenta Bachelet ante el Consejo de la ONU.
Por lo demás Chile no ha ratificado los tratados de DDHH pertinentes de las Naciones Unidas como de otros organismos internacionales, de allí que las intenciones de la presidenta Bachelet no es más que un esfuerzo mediático, demagógico y oportunista. Hasta este momento Chile además no ha ratificado tratados internacionales que están relacionados con los derechos de los trabajadores promulgados por la OIT, tampoco ha firmado los tratados y acuerdos establecidos con respecto a la situación de los derechos de los pueblos originarios chilenos, así como tampoco ha ratificado los acuerdos establecidos por la Corte o Tribunal Penal Internacional, entidades todas, que en mayor o menor medida nos habla por lo demás de la problemática de los derechos humanos. En otro plano el Estado chileno y su respectivo gobierno hasta ahora, no han mostrado cual es la situación real de los derechos humanos en el país del cono sur. Recordemos que los avances en materia de DDHH en Chile han sido mínimos, pues aún quedan pendiente muchos aspectos de lo que es establecer «la verdad y la justicia» con respecto a la violaciones de los derechos humanos acaecidos bajo la dictadura militar, pues la mayor partes de esos hechos aún permanecen en la más absoluta impunidad, sin que aún exista justicia plena. Por otro lado la mandataria está desplegando grandes esfuerzos para lograr conseguir un cupo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Precisamente el hecho de que los Tribunales de Justicia hayan concedido la extradición de Alberto Fujimori al Perú, obedeció a las presiones del gobierno de Bachelet con miras a las posibilidad de obtener un lugar en dicho organismo de la ONU. Al respecto el canciller Alejandro Foxley reconoció que la extradición de Alberto Fujimori a Perú, concedida el viernes por la Corte Suprema, favorece la intención del gobierno chileno de conseguir un cupo en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En entrevista concedida a la televisión chilena , el canciller afirmó de forma cínica que lo anterior fortalece la imagen de Chile como un país que está en «la vanguardia de la protección de los derechos humanos» en Chile y más allá de Chile. Y esa es precisamente la pregunta que cabe hacerse al respecto, es si Chile tiene la autoridad moral para ocupar un lugar en el Consejo de DD.HH. de la ONU. Ello debido a que si revisamos de manera integral la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos vamos a dar cuenta que Chile viola permanentemente esos derechos. Recientemente y con motivo de las conmemoraciones del 11 de septiembre, a diversas organizaciones de DD.HH., a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y a partido y grupos políticos de la izquierda que se encuentra excluida de su derecho a tener representación parlamentaria, producto de la existencia de un sistema electoral antidemocrático, se les negó el derecho a manifestarse libremente en esta fecha. En Chile aún quedan presos políticos que no han podido recuperar su libertad, luego tenemos los presos políticos de los pueblos originarios, que aún continúan en las mazmorras de la democracia tutelada chilena. Cabe recordar además que innumerables organismos internacionales permanentemente están llamando la atención a Chile por el no respeto de los DD.HH. Recientemente Luis Guillermo Pérez expresó que «la situación en Chile constituye una de las principales preocupaciones de la Federación Internacional de Derechos Humano (FIDH) en América Latina», afirmó el secretario general de la organización para esa región. También criticó la «criminalización de la protesta social», en referencia a la respuesta policial a las manifestaciones que se han realizado en diversos países de la región (Chile, México,Perú). En donde además las fuerzas policiales acostumbran a actuar de una manera brutal y desmedida, en donde no hay garantías de ningún tipo para los detenidos producto de su participación en alguna protesta social. El ejemplo más claro en este sentido, ha sido el crimen premeditado del trabajador forestal Rodrigo Cisterna, que fuera brutalmente asesinado por los aparatos represivos del Estado chileno, mientras se encontraba participando de un paro de labores, en donde se exigían mejoras económicas para los trabajadores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en reiteradas oportunidades ha condenado la vigencia de la Ley de Amnistía, que mantiene en la impunidad a los violadores de los derechos humanos de la dictadura. Amnistía Internacional, la organización defensora de los derechos humanos más grande del mundo, en diversas oportunidades ha llamado la atención de las autoridades chilenas sobre el no respeto a los DD.HH., en el país del cono sur, igual cosa ha sucedido con Human Rights Watch. Ahora en el plano económico-social, el modelo capitalista neoliberal implantado en Chile, ha generado grandes injusticias y desigualdades sociales y que se trastocan permanentemente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin justicia social no puede existir respeto a los derechos fundamentales de un ser humano, de allí que podríamos decir que Chile respeta estos derechos ? .
Es que acaso Chile tiene autoridad moral para ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ?, la respuesta se la dejamos a los propios electores, más aún cuando los gobiernos de la Concertación han buscado permanentemente el borrón y cuenta con respecto a las violaciones de los derechos del régimen militar, propiciando la más absoluta impunidad.